El caso del refugiado político italiano, Leonardo Bertulazzi, sufrió un nuevo golpe por parte de la Justicia argentina. La jueza Macarena Marra Giménez falló a favor de confirmar la disposición del subsecretario del interior por medio de la cual se dispuso el cese de la condición de refugiado.
«Es un mal día para la democracia y los Derechos Humanos,» advirtieron en un comunicado amigos y familiares del exintegrante de las Brigadas Rojas a quien el gobierno de Javier Milei le cambió ilegalmente su condición de refugiado para abrir la puerta a la extradición a Italia.
La Cámara de Casación había anulado la detención en prisión del exmilitante y le había otorgado la prisión domiciliaria tras destacar en un escrito el estado de salud de Bertulazzi ya que tuvo un ACV en enero y es mayor de 70 años. «A pesar de este aviso, respaldado por estudios médicos, el deterioro en su salud no fue tenido en cuenta y fue encarcelado una vez más. Un agravante en su situación, de por sí arbitraria ya que, como refugiado político tiene derecho a ser protegido y a permanecer en libertad», advirtieron sus allegados.
Bertulazzi se encuentra actualmente hospitalizado debido un segundo cuadro de ACV. «El estrés, la persecución y el hostigamiento pasan factura en su integridad física y mental, por ello instamos a todos los defensores de Derechos Humanos a alzar la voz y a exigir el cumplimiento del principio de no devolución y de las garantías procesales. Además de todas las arbitrariedades ya mencionadas, y con Leo hospitalizado, se tiene que enfrentar a que encima se le aplicará un proceso judicial sumarísimo que acorta drásticamente los tiempos y las posibilidades de su debida defensa», expresa el comunicado.
Leonardo Bertulazzi fue detenido a fines de agosto de 2024 en el barrio porteño de San Telmo. En un operativo conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, la Policía Federal Argentina y la Agregaduría Policial de Italia fue apresado en un edificio de Defensa al 600, luego de que el gobierno le quitara el status de refugiado del que gozaba desde 2004. La Corte Suprema de Justicia, en tiempo récord, habilitó su extradición.
«El Estado argentino está incumpliendo leyes y normas internacionales de rango constitucional, al no respetar la regulación de los refugios; y el poder judicial les falla a Leo y a todos los refugiados en el país por su acción o por omisión, convirtiéndose en cómplice de una persecución política aleccionadora sin precedentes», advirtieron sus familiares.
Y agregaron: «Mientras el sistema de (in) justicia argentino insiste en obviar el debido proceso y la normativa internacional en favor de la protección al refugio, Leo cuenta con el apoyo del movimiento de DD HH en nuestro país e internacionalista. En más de 14 representaciones diplomáticas de argentina en el exterior se presentaron más de 1000 firmas pidiendo el refugio y la no extradición de Bertulazzi, ya que se lo persigue por su ideología y por atribuirle hechos sucedidos hace medio siglo. Es importante reiterar que por la arbitrariedad con la que ha sido tratada la causa de Leo, se vuelve a evidenciar lo alineado que está el poder judicial con un gobierno que quiere cumplir las expectativas del gobierno italiano de Giorgia Meloni, igualmente autoritario y persecutor, extraditando a Leonardo Bertulazzi a Italia». «