El gobierno de Javier Milei busca reflotar un viejo debate en el Congreso de la Nación y prepara la redacción de un proyecto de ley de reforma laboral para tratar en sesiones extraordinarias. A lo largo de estos años, en la Cámara de Diputados se presentaron diversas iniciativas. Una batería de propuestas respecto del mercado laboral argentino llegó a la Comisión de Legislación del Trabajo y terminaron durmiendo el sueño de los justos.
Lo último que se planteó en los últimos dos años, fue el debate sobre la jornada laboral y la restricción de los aportes sindicales. La voz cantante la llevó Martín Tetaz, presidente de la comisión, en su búsqueda de construir un puente entre el radicalismo y la gestión libertaria. Se sumó al proyecto que presentó la diputada por Santa Fe y miembro del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Romina Diez. Estos dos proyectos comparten medidas para restringir el poder de los gremios estableciendo el fin a la cuota sindical obligatoria
En el caso de Diez, se generó una polémica respecto a la propuesta que su texto sostiene vinculada a ampliar la jornada, flexibilizar convenios, digitalizar recibos de sueldo y permitir pagos de indemnizaciones en cuotas.
Asimismo, el radicalismo también pidió en sus proyectos la paridad de género en los consejos directivos, control de la Auditoría General de la Nación (AGN), la limitación de los mandatos sindicales y la presentación de declaraciones juradas de los dirigentes gremiales.
Sobre la mesa del debate también se pusieron proyectos del PRO y la Coalición Cívica. Entre las propuestas se encontraban cuestiones como que los gremios no sean integrados por quienes poseen causas penales; la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la prohibición de la continuidad de convenios colectivos.
Si vamos más atrás, es importante recordar que, durante el gobierno de Mauricio Macri, el peronismo avanzó en algún tipo de debate que quedó inconcluso respecto a los trabajadores de las plataformas. Mientras que la administración de Alberto Fernández logró una reglamentación del teletrabajo en la Argentina, en un contexto atravesado por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, al correr de los años, la normativa no terminó de establecer un criterio firme como eje del ámbito del trabajo.
En cuanto a la política de género, en el albertismo el Congreso adhirió al Convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. El mismo está vigente tras ser aprobado por el Parlamento argentino el 15 de diciembre de 2020 por medio de la sanción de la Ley N° 27.580.
Respecto a los trabajadores de plataformas electrónicas digitales, el único debate que se abrió por ese tiempo fue a partir de un proyecto de la diputada (mandato cumplido) Cristina Álvarez Rodríguez. En el marco de la cuarentena por coronavirus, la hoy funcionaria del gobierno de Axel Kicillof propuso que los empleadores brinden guantes, barbijos y alcohol en gel, así como una cobertura de Riesgos del Trabajo a los trabajadores de reparto que en ese momento hicieron un paro para exigir mayores salarios y denunciar la precariedad de su trabajo.
En el último tiempo, el peronismo presentó una iniciativa impulsada por el diputado sindical Hugo Yasky y otros 14 legisladores de UxP. El objetivo era brindar una propuesta legislativa que responda a la necesidad de formalizar el trabajo de plataformas, reconociendo la existencia de una relación laboral entre las empresas administradoras y las personas que prestan servicios mediante aplicaciones digitales.
El proyecto establece proteger a los trabajadores en aspectos como la presunción de relación laboral, salario mínimo garantizado, indemnización por despido, protección de la maternidad, derechos de la seguridad social, la reputación digital para no afectar la dignidad, el derecho a la libertad sindical, entre otros.
Lo cierto es que, por ahora, nada se conoce públicamente de la letra chica del proyecto del Ejecutivo que se estima se presentará cerca del 15 de diciembre.
Por ahora la orden desde el mileísmo a los propios fue dejar en claro que todo lo que circula mediáticamente son “solamente rumores”.
La comisión que investigó $Libra elabora el informe
La Comisión Investigadora sobre la estafa realizada con la criptomoneda $LIBRA, a cargo del diputado Maximiliano Ferraro, llegó a su final el viernes pasado y prepara las conclusiones para la presentación del informe que será el próximo martes 18 de noviembre en el Salón Delia Parodi.
Con la presencia de 14 diputados se aprobaron nuevos oficios para solicitar a Google que brinde información sobre la página web que promocionó el presidente Javier Milei llamada Viva La Libertad Project de Gmail.
Desde el oficialismo, la diputada Alida Ferreyra se hizo presente en el encuentro para marcar la postura de la Libertad Avanza. En ese sentido, mediante la lectura de una nota formulada por el bloque, criticó la creación de la comisión y los objetivos propuestos: “Desnaturalizan el rol del Congreso, avasallan la jurisdicción natural de los jueces y terminan entorpeciendo la investigación y pueden frustrar una estrategia judicial”.
Ferraro explicó que el expediente consta de 10 cuerpos integrados por todas las actuaciones de la etapa investigativa.