Cuatro acusados que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención 1 y 60 y Comisaría 8va de La Plata pidieron ser beneficiados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó revisar los alcances de la prisión preventiva del ex CNU Carlos “El indio” Castillo.
Se trata de los expolicías bonaerenses Raúl Ricardo Monzón, Carlos Hugo Leguizamón y Claudio Rubén Mejías, y el exmilitar del Regimiento 7, Rubén Vicente Sánchez, quienes vieron en la decisión del Máximo Tribunal una oportunidad de quedar en libertad.
Al analizar los casos, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira solicitaron al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que rechace estas solicitudes al considerar que “la Corte no ordenó la inmediata libertad del imputado Castillo, sino que remitió las actuaciones al tribunal de origen para un nuevo examen conforme a los criterios allí establecidos”.
“De ello se sigue que la Corte no fijó un estándar de efecto automático ni de aplicación vertical o generalizada, sino que impuso a los jueces inferiores la obligación de realizar una revisión casuística, sustentada en la fundamentación concreta que corresponda para cada caso”, señalaron en una resolución difundida por el Ministerio Público Fiscal a través de su sitio Fiscales.gob.ar.
Para esta situación en la que el juicio oral está en pleno desarrollo y llegando a su etapa de alegatos y especialmente en el caso de Sánchez, el único de los cuatro que se encuentra en prisión común y no en domiciliaria, la Unidad Fiscal entendió que “la continuidad de la prisión preventiva en las condiciones que se viene cumpliendo resulta razonable y proporcional para garantizar la efectiva celebración de los alegatos y la futura ejecución de la sentencia”.
Destacaron, además, el riesgo procesal de liberar a acusados de haber cometido crímenes tan graves. “Aun cuando la investigación se encuentra concluida, consideramos que subsiste el riesgo de fuga ante la inminencia de la sentencia definitiva; riesgo que no se disipa por los argumentos de la defensa, ya que el incentivo para eludir la acción de la justicia aumenta conforme se aproxima una condena de cumplimiento efectivo”, detallaron.
En su análisis sobre el fallo de la Corte del 23 de octubre pasado, en el que votaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti (en disidencia) y dos conjueces, la Unidad Fiscal puso en duda el alcance de esa decisión al resaltar que “se trata de una mayoría circunstancial que podría modificarse con una futura integración del tribunal”, por lo que “ello impide conferir a este pronunciamiento la entidad suficiente para erigirse como un cambio de paradigma ni como precedente obligatorio en la materia”.
Remarcaron, además, que el fallo va en contra de una doctrina consolidada y una línea jurisprudencial uniforme sostenida por jueces de primera instancia, las Cámaras de apelaciones y los tribunales orales del país, junto con la Cámara Federal de Casación Penal.
Es por eso que consideraron que la decisión del Máximo Tribunal tiene “un enfoque propio de los delitos comunes” y reproduce la “misma tensión” que se generó en 2017 con el fallo “Muiña” por el cómputo del “2×1” a un represor condenado. Ese fallo generó el rechazo de toda la comunidad jurídica y la sociedad en general, que se movilizó masivamente a los Tribunales, y la Corte debió revertir su decisión tiempo después.
Tras el dictamen de la fiscalía de la semana pasada, ahora es el turno de decidir de los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Baso, justamente quienes deben resolver la situación de Castillo.