“Javier Milei elige a Gustavo Sáenz y a Carlos Rovira antes que al PRO, pero como los macristas no lo entienden lloran lágrimas de zurdos”. La frase que esbozó un particular interesado de la composición de la Auditoría General de la Nación (AGN) resume el clima de tensión que por estas horas rodea al gobierno y sus ¿aliados? amarillos. El nombramiento de Rita Mónica Almada (en representación de La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (hombre de La Cámpora apoyado por todo el peronismo) y Pamela Calletti (delfín del gobernador salteño) no sólo consolidó una nueva composición del órgano regulador, sino que dejó a la vista la nueva composición del poder político dentro y fuera del Congreso.
La votación de los tres representantes de la Cámara de Diputados se concretó pasadas las 2:30 de la madrugada de este jueves, cuando el gobierno ya había logrado aprobar el Presupuesto 2026 con modificaciones. Según hicieron trascender desde el propio oficialismo, esos cambios en la ley ponen en riesgo el equilibrio fiscal, lo que podría terminar consolidando el primer veto presidencial a un proyecto presentado por el propio Ejecutivo. Con esa discusión cerrada, el presidente de la cámara baja, Martín Menem, habilitó el tratamiento para completar el organismo, instancia que enfureció al partido que todavía responde a las órdenes de Mauricio Macri.
La rosca para completar la AGN
Rabioso como desde hacía tiempo no se mostraba, Cristian Ritondo despotricó contra el riojano y el oficialismo todo, a quienes acusó de cerrar acuerdos subterráneos con el peronismo sin tener en cuenta a quienes fueron sus aliados en estos dos años de gestión libertaria. “Que le quede claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara”, lanzó el bonaerense tras dar cuenta que el partido se presentará ante la justicia para conseguir la inconstitucionalidad de la sesión que tuvo al PRO como espectador de negociaciones a las que nunca fueron invitados.
En el gobierno no sólo defienden su accionar, sino que advierten que el enojo del dirigente macrista no será más que una euforia momentánea. “No tienen margen para exigir nada. Cada vez son menos y encima no mueven la aguja. La rosca sólo es inconstitucional cuando no los incluye”, dijeron mofándose desde un importante despacho del gobierno.
El enojo del partido amarillo descansa en el incumplimiento de las conversaciones que Ritondo tuvo por meses con importantes ocupantes de despachos en la Casa Rosada. El titular de la bancada republicana auguraba completar la AGN con el nombre de Luciano Laspina, hombre de Macri con llegada a la ahora senadora Patricia Bullrich. Por entonces, tanto el ala que custodian Martín y Lule Menem como la que ocupa el asesor Santiago Caputo se habían mostrado proclives a aceptar aquel nombre. Pero la pulverización del poder del PRO dentro del Congreso hizo de las suyas.
Según el reglamento, la Auditoría General de la Nación se compone por tres representantes de cada cámara, cuyos nombres son propuestas por las tres primeras minorías, en este caso constituídas por La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Provincias Unidas. Es en este punto donde las negociaciones exponen espectacularidades que la política regala en sus puntos de máximo esplendor.
El rol de los gobernadores para completar el organismo
El espacio consolidado por diputados que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Alberto Weretilneck (Río Negro) cuentan con un total de 18 bancas, convirtiéndose en la tercera minoría, por encima del PRO -que cuenta con 12- y de Innovación Federal, el espacio compuesto por legisladores que responden a Gustavo Saénz (Salta) y Carlos Rovira y Hugo Passalacqua (Misiones). Hasta último momento, la bancada federal intentó, mediante Miguel Ángel Pichetto, designar a Emilio Monzó, discusiones que no llegaron a buen puerto por la pésima relación que el bonaerense mantiene con Martín Menem.
La amplia diferencia de integrantes entre bloques federales y el PRO no impidió que las negociaciones subterráneas con los dos gobernadores más beneficiados en el reparto de ATNs y firmas de convenios claves para el desarrollo de sus respectivas provincias se consoliden. Así, entre gallos y medianoche, el gobierno en acuerdo con el peronismo hegemónico y los caciques del norte, lograron componer la mitad de los representantes del Congreso en el organismo presidido por Juan Manuel Olmos.
El hombre fuerte del PJ porteño le había hecho saber en más de una oportunidad mediante distintos intermediarios al gobierno su necesidad de completar el organismo para garantizar su funcionamiento. Olmos, quien siempre mantuvo buen diálogo con el sector más íntimo del poder del gobierno de Javier Milei, también formó parte del esquema de negociaciones que el gobierno, mediante el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio y Santiago Caputo, mantuvo con el justicialismo comandado por Cristina Fernández de Kirchner para completar la Corte Suprema de Justicia. El diálogo, al menos, rindió frutos en una de las discusiones.
Para el asesor presidencial y el segundo de Mariano Cúneo Libarona, completar la AGN era tan importante como la Corte. Los amigos entienden que el organismo de control es un vector clave para consolidar el vínculo con la justicia, ecosistema en el que todavía no hacen pie. Para ello, incluso, Caputo y Amerio llegaron a pensar en Manuel Vidal como posible representante del gobierno en la Auditoría. La insistencia por imponer al integrante del directorio de la consultora Move, que desde hace varios años ofrece servicios a gobernadores de todo el arco político, consolidaría el plan del Salón Martín Fierro de ocupar cada vez más espacios de poder.
Los cuarentones, sin embargo, no fueron los únicos integrantes del gobierno que quisieron meter la cuchara dentro del organismo. Martín y Lule Menem insistieron durante meses al abogado Santiago Viola para que acepte ser el representante del oficialismo. El apoderado de La Libertad Avanza, sin embargo, se negó hasta último momento y consiguió no oficializarse como funcionario, instancia promovida por los riojanos para, dicen las malas lenguas, “sacarse de encima” al sobrino político de la jueza María Romilda Servini.
Según constataron ante Tiempo más de tres miembros del gobierno al tanto de estas negociaciones, tanto Javier como Karina Milei habilitaron a Viola a mantenerse en su lugar. Además de su trabajo en el partido, el abogado forma parte de los operadores judiciales del gobierno que, entre otras yerbas, se puso al hombro la rosca para desligar a la hermanísima de las escandalosas causas por la criptomoneda $Libra y el circuito de coimas montado en la Agencia Nacional de Discapacidad presidida hasta hace algunos meses por Diego Spagnuolo.
El miércoles, a última hora, se pudo ver a Viola ingresando al despacho de Santiago Caputo mientras en el Congreso todavía se debatía el Presupuesto 2026. ¿Una última visita para asegurarse que todo marche acorde al plan? Imposible de saber.
Pese a la conflictividad que generó la composición de la Agencia, en el gobierno están confiados que podrán completar la nómina de representantes del Senado en los próximos días. El candidato del peronismo por la cámara alta será Javier Fernández, un abogado con estrecho vínculo con los gobernadores del norte y San José 1111. Según pudo saber este diario, los gobernadores también harán valer su voto y propondrán a su candidato igual que el gobierno. Todo se resolverá una vez que la sesión sea convocada en el Senado por Victoria Villarruel.