El gobierno de Javier Milei consiguió este jueves un nuevo triunfo en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el proyecto de Reforma Juvenil Penal, que baja la edad de imputabilidad para menores de 14 a 18 años.
Con 149 votos positivos frente a 100 negativos, la iniciativa obtuvo aprobación en general y girará al Senado, donde el oficialismo espera convertirla en ley antes del primero de marzo. Los libertarios celebraron la media sanción con aplausos y aceptaron algunas modificaciones en lo particular.
El debate, que comenzó por la mañana, fue seguido por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores; entre ellas, Romina, la mamá de Jeremías Monzón, el joven asesinado en la provincia de Santa Fe, hecho que reactivó el debate e hizo que el Ejecutivo incorpore el tema en el periodo de sesiones extraordinarias.
Las voces a favor de la baja de edad de imputabilidad
Durante el debate el oficialismo argumentó: «Estamos modificando una ley de 1980 y el bloque que decía que defendía los derechos humanos no quiere cambiarla«, apuntó el santafesino Nicolás Mayoraz. El libertario afirmó: «Estamos devolviendo a la sociedad el reclamo de justicia. Lo que veníamos viendo hasta ahora era excusa tras excusas a los familiares de las víctimas, negando la realidad».
Por su parte, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, expresó que «queremos una Argentina donde el que las hace las paga. El presidente Javier Milei tuvo el coraje de traer este tema al Congreso».
Desde los bloques aliados, Cristian Ritondo, presidente del PRO, expresó que «no va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal para resolver el problema porque no es solo bajar la edad de imputabilidad. Vi cómo organizaciones narcos reclutaban a jóvenes sabiendo que el Estado les regala un certificado de impunidad a esos chicos, sabiendo que esos chicos son carne de cañón. Y el falso garantismo negó la posibilidad de abordarlo durante años».
«Bloquear este debate, no responsabilizar a un menor que tiene conciencia del delito, no es un acto de humanidad, es un acto de abandono, el más cruel que puede ocurrir en el Estado. Es abandonar a un chico que a los 14, 15 años, comienza en la vida de la delincuencia», agregó.
Desde el radicalismo, la mendocina Pamela Verasay sostuvo: «Luego de un año de debates como se ha mencionado en esta cámara, finalmente hoy vamos a avanzar con una de las reformas, en materia de justicia, que este congreso le debe a los argentinos desde hace por lo menos 30 años».
«Hoy, la política deja de lado su comodidad, sus especulaciones electorales, su casete ideológico y pones los pies sobre la tierra para enfrentar la cruda realidad. Hoy esta cámara, intentará aprobar un instrumento más, que viene a desarmar décadas de doctrina garantista que solo nos han dejado marcas en los procesos judiciales en todo el país», manifestó la presidenta del bloque.
En tanto, la jefa de la bancada Provincias Unidas, Gisela Scaglaia, consideró que la reforma «va a dejar reglas más claras». En ese sentido, la ex vicegobernadora de Santa Fe manifestó: «Esta ley no les va a reparar nada a las familias que perdieron a sus hijos, pero sí saben que a futuro esta ley va a dejar reglas más claras para que si un joven comete un delito, pueda ser penado».
Asimismo, Scaglia indicó: «Cuando uno mira las redes narcocriminales, los jóvenes no van solos a ser parte de un entramado narcocriminal, a los jóvenes los buscan los adultos. Por eso yo espero que en la reforma del Código Penal que viene podamos ponerles penas más duras a aquellas personas que, usando a jóvenes no punibles, cometen los crímenes más aberrantes que al menos mi provincia haya tenido que ver».
Las voces en contra
Desde la oposición cuestionaron al oficialismo por hacer «carancheo» con un tema tan sensible. Al respecto la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca señaló: «Le están mintiendo a la gente. Les están vendiendo una ilusión punitivista que no resuelve el problema. Castigar antes, no resuelve el problema de la conflictividad de los pibes con la ley penal. Abandonar a los pibes y después castigarlos como si fueran adultos no resuelve el problema porque hay que prevenir».
«Hay muchas provincias que ya tienen en sus códigos penales alternativas. No decimos que un pibe de menos de 18 si delinque se vaya a la casa, decimos que hay otro camino para abordar esa realidad. Lo único que van a lograr con este proyecto es abarrotar los institutos de menores», añadió la camporista.
Además, se refirió a las partidas presupuestarias que establece el proyecto. «Es una vergüenza. Le están mintiendo en la gente en la cara y se están llevando puesto una vez más a los gobernadores que van a venir acá a levantar la manito. Hay falta de perspectiva de los pibes; ustedes desfinancian la educación. Los pibes tienen que elegir trabajar por sobre estudiar y tampoco tienen posibilidades de eso«. «Para lo único que usan el Estado es para la función represiva y castigan a los más débiles», concluyó.
En tanto desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá indicó: «Lo único que van a lograr bajando la edad de punibilidad a 14 años es bajar la edad a la que los narcos reclutan ‘soldaditos’ en los barrios».
«Ya existen herramientas legales para intervenir en delitos graves cometidos por menores de 16 años. Lo que no existe es decisión política de aplicar las leyes de protección integral ni de sostener políticas públicas para la niñez», señaló. Y remarcó que ningún organismo especializado avala esta reforma.
Del Pla comentó que «la experiencia internacional demuestra que el encierro temprano aumenta la reincidencia y no resuelve las causas sociales de la violencia. Ningún niño o niña nace delincuente. Es esta sociedad la que empuja a miles a condiciones de pobreza, exclusión y violencia».
Qué dice el proyecto y cuáles artículos fueron modificados
El proyecto del Poder Ejecutivo establece que para los delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, los menores de 14 años en adelante tendrá una pena máxima de prisión de hasta 15 años.
Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con penas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
Respecto a la asignación presupuestaria. Los últimos artículos que se agregaron al proyecto establecen partidas de $ 3.131.996.784,28 del Ministerio de Justicia y de $ 20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación.
El tratamiento en particular se votó capitulo por capitulo. Ahí se modificaron a pedido del interbloque “Unidos” tres artículos que daban a entender que los menores podían quedar alojados en un mismo lugar que los adultos. Una de ellas es el artículo 17 en el inciso C que habla de la privación de la libertad en un instituto especializado de detención, se elimina la frase: “O bien en una sección separade la de un establecimiento penitenciario”.
Asimismo, se elimina el título del artículo 30 que dice: “Separación de personas detenidas mayores de edad y alojamiento en módulos especiales”.
Finalmente, se elimina del artículo 34 sobre Informe trimestral la frase que dice: “o de la sección separada de un establecimiento penitenciario”.