La defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, apeló el procesamiento que dictó en su contra el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa por presuntos sobreprecios y retornos. Por medio de un escrito, uno de sus abogados planteó que se trató de una decisión “sentada en prueba trascendental que aún no fue corroborada, en sostenimientos e imputaciones carentes de constancias y en razonamientos que no se encuentran debidamente ajustados” a la prueba.
En esos términos arranca el escrito al que accedió Tiempo, que fue presentado en las últimas horas ante la Justicia y con la firma del abogado Pablo Parera.
Como primer eje de cuestionamiento, la defensa volvió a criticar la decisión del juez de no ponderar los audios atribuidos a Spagnuolo que se reflejaron en artículos periodísticos citados en la denuncia inicial del abogado Gregorio Dalbón. Para hacerlo, citaron dos fallos recientes en los que la Cámara Federal acompañó el temperamento de la defensa en relación con ese material que se atribuye al ex funcionario. En uno de ellos, los camaristas habían exhortado a Casanello a adoptar medidas para dilucidar el origen y la veracidad de esas grabaciones, pero a criterio de la defensa “nada de ello fue cumplido”.
Vale recordar que ni en el dictamen que firmó a principios de noviembre el fiscal Franco Picardi ni en la resolución firmada por el juez Casanello a comienzos de semana se ponderaron esos audios como evidencia o sustento de la hipótesis investigativa.
Eso, para la defensa, constituye una afectación al debido proceso caracterizada por el avance de la causa a nuevas etapas “sin haberse aún determinado la ‘incertidumbre’ que existe” sobre esos audios.
Spagnuolo fue titular de la Andis en el periodo investigado y para el magistrado ofició como jefe de una asociación ilícita que actuó en el marco del mencionado organismo con el fin de extraer beneficios económicos ilícitos. Ello, producto de una serie de pruebas que permitieron concluir que habrían intervenido irregularmente los procesos de adquisición de medicamentos e insumos para personas con discapacidad en complicidad con determinadas droguerías a las que la Andis le compraba con sobreprecios.
En ese marco, el juez también le achacó la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo. En total, son 19 las personas procesadas.
“Forzamiento claro”
“En la resolución recurrida, respecto de mi asistido, existe un forzamiento claro de llevar situaciones ordinarias/comunes a una sospecha delictiva”, fue la frase que utilizó la defensa para defenderse de las conductas que le atribuyó el juez que lo procesó. Respecto de la sospecha patrimonial que tiene la Justicia sobre el ex funcionario, la defensa planteó que fue señalada “sin observar que mi asistido resulta ser un sujeto con un antecedente laboral nutrido”.
Sobre los $5 millones que habría recibido de parte de Miguel Calvete, otro de los procesados que habría tenido un rol clave en el entramado, la defensa de Spagnuolo planteó que “no hay una sola constancia que haya acreditado la recepción de aquel dinero”.
“Mi asistido tuvo una relación afectuosa con el Sr. Calvete y por ello mantuvo algunos encuentros”, esgrimió el abogado de Spagnuolo para explicar las imágenes de las cámaras de seguridad incorporadas a la causa donde se lo ve al entonces titular de Andis ingresar con una mochila a la casa del mencionado empresario -sindicado por el fiscal como uno de los jefes paraestatales del organismo- en la calle Defensa.
En otro de los puntos de la apelación, la defensa habló de una “desconexión temporal” entre el dinero que se le secuestró a Spagnuolo (NdR: 82 mil dólares y 2.900 euros). En ese punto, insistieron con que “el último ingreso a la caja de seguridad (NdR: en la que se encontró el dinero) fue en fecha 3 de marzo del año 2023 y el comienzo de la actividad sospechada habría sido a partir de diciembre del año 2023”.
Otro tramo del escrito de apelación que en las próximas semanas deberá revisar la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boicoteémoste y Eduardo Farah, fue dedicado a rechazar la calificación de Spagnuolo como jefe de una asociación ilícita. “El único elemento en que se funda su rol en la asociación ilícita, que es el hecho de ser quien dirigía la Andis, queda descartado; dado que esa función per se no lo convierte en jefe de una asociación ilícita ni en beneficiario y/o partícipe de las maniobras”, planteó el abogado Parera.
Sobre el resto de las figuras que le endilgó el juez, para la defensa no es más que “una imputación generalizada por delitos y maniobras de las cuales no rezan constancias que, en los seis meses de instrucción, las sostengan”.
El caso arrancó en la segunda mitad del año pasado. Fue cuando el canal de streaming Carnaval dio a conocer una serie de audios en los que se escucha como una voz atribuída a Spagnuolo relata un entramado de corrupción montado por funcionarios y agentes externos a la Andis. ¿El objetivo? Sacar retornos millonarios de los procesos de compra de medicamentos para personas con discapacidad. El expediente es de extrema sensibilidad para la Casa Rosada, porque el principal imputado era abogado del presidente y estaba en su círculo íntimo. También porque hay sospechas, surgidas a partir de esos audios, de que una parte de esos retornos (3%) terminaba en la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, la hermana del presidente.