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preocupa el avance de un proyecto para millonarios en el Catedral

preocupa el avance de un proyecto para millonarios en el Catedral


La comunidad de Bariloche libra por estos días una nueva batalla del viejo conflicto desatado hace una década por una de las corporaciones más grandes de la Patagonia, en su intento por forzar la construcción de una ciudad satélite para millonarios en 77 hectáreas del Cerro Catedral, el mayor centro de esquí de la América latina. Es un proyecto que acarrea consecuencias negativas para la población de la ciudad cordillerana en materia ambiental, económico-social, empleo y de infraestructura y servicios, según coinciden las organizaciones que rechazan los negocios privados con bienes públicos.

La empresa Cerro Alta Patagonia SA (CAPSA), concesionaria desde 2011 del centro de esquí del Cerro Catedral, intenta desde 2016 montar una urbanización de élite de 77 hectáreas sobre la alta montaña, con cuatro hoteles boutique de lujo en las cumbres, zonas de aparts para alojamiento temporario, barrios privados residenciales, y una zona para shopping, restaurantes, bares y Centro de Convenciones.

“No se discute seriamente cómo puede impactar esa urbanización en el desarrollo económico y social de la ciudad. Una gran cantidad de turistas no gastará en la ciudad sino exclusivamente en el Catedral. Es muy evidente que Bariloche va a perder muchos empleos y eso no se está discutiendo”, advirtió a Tiempo Argentino la concejala peronista Julieta Wallace, una de las referencias en la resistencia contra la avanzada corporativa.

Wallace sostiene además, que “CAPSA incumple con las normas ambientales y en su proyecto no presenta estudios de impacto ambiental que permita saber cómo va a quedar el área donde hay especies nativas frágiles y todo un ecosistema a cuidar. Este proyecto va hacia una degradación ambiental insostenible”.

Efectivamente, como afirma Wallace, el proyecto genera problemas en varios ámbitos. En materia ambiental afectará bosques nativos y humedales, además de la vida silvestre y la biodiversidad que los habita; no define tratamientos de líquidos cloacales ni de residuos sólidos urbanos. La zona elegida es de “alta peligrosidad” y “no apta para urbanizaciones”, según estudios de suelo realizados por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y el Servicio Geológico alemán.

El proyecto ya fue aprobado por el intendente Walter Cortés, pero carece de un estudio de impacto ambiental serio acorde a su magnitud y alcance, y se limita a un “Informe de Sensibilidad Ambiental”, que sólo ofrece un relevamiento acerca de las características de la zona.

En un contexto de poca nieve, escasa lluvia y una sequía creciente producto del cambio climático, CAPSA propone tapar cumbres y faldeos con 600 mil metros cuadrados de construcciones a puro hierro y cemento en torno de los 1200 metros de altura, donde los ecosistemas presentan extrema fragilidad y se ubican las nacientes y los más grandes reservorios de agua dulce.

Como en toda la Patagonia, Bariloche camina por la cornisa de la crisis energética. Los cálculos fundados estiman que la Cooperativa Eléctrica de Bariloche (CEB) carece de flujo e infraestructura suficiente para abastecer a la ciudad de élite del Cerro Catedral sin colapsar simultáneamente el suministro al resto de la ciudad. La iniciativa corporativa prevé contar con redes de gas natural, un servicio del que hoy carece la mitad de los habitantes de la localidad.

Otro de los problemas que provocará la urbanización para millonarios es “un cambio en el eje gravitatorio de la economía local porque matará a gran parte de los comerciantes del centro, los pequeños y medianos hoteleros, los cabañeros, y todos los servicios periféricos, al llevarse la crema del turismo hacia la ciudad cerrada, controlada en 100% por CAPSA; le extirpan a Bariloche el segmento principal del turismo”, explicó a este medio un pequeño hotelero del centro.

Nicolás Carini, presidente de la Junta Vecinal de Villa Lago Gutiérrez y referente del Foro de Juntas Vecinales por el Ambiente, coincide en que el proyecto cambiará el patrón turístico del Cerro: “A  CAPSA no le importa que vengan menos turistas, solo le interesa que vengan los de altos ingresos. Van a trabajar con menos gente pero más caros. No quieren más residentes, escolares, viajes de egresados, no quieren  jubilados ni familias de clase media; no quieren a nadie que no sea ABC1. A Bariloche eso lo mata”.

Carini entiende que “CAPSA domina casi todo el esquí de la Patagonia Norte, con La Hoya de Esquel, Chapelco de San Martín de los Andes, y casi se queda con el Perito Moreno de El Bolsón (ver aparte). Ellos deciden la política de esta industria. Son monopólicos”, denuncia.

En la ciudad y en el cerro operan cientos de trabajadores independientes, micros y pymes familiares, comercios, bares, restaurantes, instructores de esquí, escuelas, shows y transportistas, entre otros. Todos perderán una parte del trabajo que se distribuye en la ciudad. Pese a contar con grandes jugadores, Bariloche mantiene por ahora un reparto algo equitativo del negocio turístico.

“Es claramente un negociado impresentable que deja fuera de todo a los pequeños y medianos actores del turismo”, cuestionó el concejal Facundo Villalba, de Primero Río Negro (una facción libertaria rionegrina). “El Catedral es un recurso estratégico de Bariloche que genera el mayor porcentaje del empleo y la riqueza”, señaló a Tiempo. De las 1,4 millones de personas que visitan la ciudad cada año, unas 850 mil suben al cerro; de ellas, 600 mil lo hacen en invierno.

El proyecto aceptado por el intendente contempla la venta de las 77 hectáreas o su permuta por otros en el llano. El problema es que por Carta Orgánica municipal (la Constitución de Bariloche) las tierras del Catedral son propiedad del pueblo y por tanto inalienables. En otras palabras, no se pueden vender, pese a que al intendente Cortés aceptó cederlas a un precio de 10 dólares el metro cuadrado, equivalente a un terreno árido y sin servicios en la segunda periferia de la ciudad.

CAPSA pertenece a la compañía Vía Bariloche, segunda mayor transportista de la Argentina, y monopólica en algunas regiones del país. Posee ocho compañías de micros y una flota de taxis aéreos, además de explotaciones ganaderas de raza Angus en la Pampa con laboratorio de investigaciones genéticas. Fue fundada por los hermanos Roberto y Rolando Trappa en 1970 en la localidad de Pablo Nogués, para hacer transporte escolar y ahora, 55 años después, factura entre 150 y 200 millones de dólares al año.

Es un holding familiar que no está estructurado como tal, no tiene un ente corporativo que controla las empresas sino una estructura de participaciones cruzadas y sociedades vinculadas alrededor de la familia Trappa y Vía Bariloche, según una investigación sobre los dueños de la Patagonia.

El proyecto de CAPSA en el Cerro Catedral fogoneado por el intendente Cortés es en realidad una versión reducida del proyecto original sobre 140 hectáreas que aprobó en trámite express en 2018 el exintendente de Bariloche, Gustavo Genusso, Los dos contratos firmados con CAPSA por Genusso y Cortés permanecen secretos.

Genusso y Cortés, intentaron sin éxito este negociado en 2018 y 2024, respectivamente, pero debieron retroceder por la resistencia de una amplia oposición expresada en movilizaciones populares y el rechazo de las organizaciones sociales, sindicales, ambientales y estudiantiles, las Juntas Vecinales y también las Cámaras empresarias, entre otros.

Empecinado, el intendente Cortés volvió a la carga en 2025, tras firmar un compromiso con la empresa, el gobernador Weretilneck, y el subsecretario de Turismo Daniel Scioli. Ya en 2018 el expresidente Mauricio Macri había exigido rebajar las normas de protección ambiental para desarrollar urbanizaciones de élite aledañas a los centros de esquí.

La resistencia social frena el negocio en El Bolsón

El Grupo Trappa que controla en Bariloche el Cerro Catedral estuvo a punto de quedarse con el centro de esquí de El Bolsón en el Cerro Perito Moreno, en 2015. No fue por casualidad: también aquí la empresa concesionaria intenta desarrollar una urbanización de élites en un Área Natural Protegida (ANP) conocida como Pampa de Ludden. Pero lleva casi tres lustros de fracasos frente a la resistencia social.
La concesionaria del centro de esquí, Laderas del Perito Moreno, es una compañía estrechamente vinculada familiar y societariamente a la corporación Hidden Lake (Lago Escondido), del inglés Joe Lewis, y tuvo por años como su contador y lobbista al intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien aun hasta hoy camina por los límites de la legalidad en su intento persistente por llevar adelante el negocio de sus jefes anteriores.
Años antes, los ejecutivos y beneficiados por la comunidad de negocios subsidiaria de Lago Escondido buscaron montar en la misma Pampa de Ludden un aeropuerto privado para Joe Lewis. Ofrecieron a los habitantes de El Bolsón construir un Hospital nuevo si le aceptaban el proyecto, pero fue rechazado en un plebiscito por el 75% de los habitantes de la ciudad.
No obstante, años después el persistente Bruno Pogliano insiste en construir un aeropuerto de gran tamaño para los magnates globales que se están apropiando de grandes extensiones de tierra en la cordillera patagónica. La zona parece predestinada para los nuevos dueños de la economía.

Chapelco y Esquel

El Grupo Trappa, concesionario del Cerro Catedral, controla desde 2019 el centro de esquí La Hoya, de Esquel, y desde 2025 el del Chapelco, en San Martín de los Andes. En ellos por ahora no comenzó a hablar públicamente de erigir urbanizaciones de élite en los bosques nativos aledaños, pero sí ya se lanzó a aplicar las mismas políticas restrictivas en el acceso que impuso a los residentes en Bariloche.
En Esquel y San Martín de los Andes, lo mismo que en Bariloche, crecen las denuncias contra el concesionario por encarecer desmesuradamente el costo de los pases diarios para residentes, escuelas, instructores independientes y hasta jubilados. Para los clubes locales, directamente los eliminó, como también el estacionamiento público para los habitantes locales.
En La Hoya, su llegada desató fuertes conflictos luego de despedir a decenas de trabajadores del centro invernal tras ganar la privatización como único oferente, después de que un extraño incendio bajo la lluvia acabó con parte de las instalaciones.



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