El pasado martes, la puerta del Ministerio de Economía se pintó de negro. No fue una nueva obra de mantenimiento, fueron los baldazos de agua de zanja que los vecinos de barrios populares tiraron para protestar contra el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), fideicomiso clave para el sostenimiento de las políticas de integración en barrios populares contemplados en la Ley 23453.
La protesta fue llevada adelante por la Mesa Nacional de Barrios Populares (MNBP), integrada por un amplio marco de organizaciones: desde Caritas hasta Techo, pasando por la UTEP, CTA Autónoma, La Poderosa, el FOL así como diferentes referentes barriales y mesas locales/regionales. “El desfinanciamiento de las políticas de integración sociourbana llevó a que se frenaran más de 700 obras en todo el país, así como la caída de 25 mil puestos de trabajo. El freno a las políticas de integración socio urbana, tiene un impacto directo e irreversible en la vida de 5 millones de personas en situación de pobreza”, declara Gastón “Batara” Reyes, referente de la Rama de Construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
El 7 de mayo pasado, mediante el Decreto 312 el Gobierno Nacional oficializó el cierre de FISU, luego de meses de desfinanciamiento y deslegitimación del mismo, a través de operaciones mediáticas que señalaron irregularidades en el manejo del fondo por parte de la anterior gestión de la Secretaría de Integración Sociourbana, en ese momento a cargo de la militante social y catequista, Fernanda Miño. Al día de la fecha, ninguna acusación fue probada ante la Justicia.
El FISU fue el instrumento central para implementar la Ley 27453, sancionada en 2018 por amplia mayoría en el Congreso. Desde 2020, fue financiado con el 9% del Impuesto PAÍS y permitió realizar más de mil obras en todo el país, generar empleo para más de 25000 personas (en su mayoría cooperativistas de la economía popular) y mejorar la calidad de vida de miles de comunidades.
A comienzos del 2024 el Gobierno redujo la asignación al 0,3%, paralizando casi todas las obras. El FISU fue auditado por la SIGEN, universidades y organismos internacionales como el BID, sin registrar observaciones por malversación ni irregularidades. “El cierre del FISU, así como el desfinanciamiento de otras políticas públicas destinadas a los que menos tienen, es parte de los condicionamientos que impone el FMI ante el nuevo prestamos solicitado por la gestión de Javier Milei y Luis Caputo”, sostiene Reyes.
La MNBP logró entregar un petitorio en manos del actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y hombre de confianza de Karina Milei para llevar adelante a tarea. Pareja se comprometió a reunirse en la semana con los representantes de la Mesa y diferentes vecinos. Las exigencias son claras: continuidad y ejecución inmediata de los convenios ya firmados para el desarrollo de obras; publicación detallada y actualizada del estado de los fondos recaudados a través del Impuesto PAÍS y Aporte a las grandes fortunas que por ley tiene destino específico al FISU; publicación de un cronograma de ejecución de pagos adeudados y sus respectivas actualizaciones; y asignación de nuevos fondos para cumplir con la Ley de Barrio Populares. Sin financiamiento, la ley se vacía de contenido y el Estado incumple su obligación de garantizar condiciones dignas de vida a millones de personas.
