Agentes de del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una red criminal dedicada a introducir ilegalmente al país dispositivos tecnológicos para posteriormente comercializarlos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Fuentes de la investigación detallaron que la causa penal tuvo su inicio en abril de 2024 cuando especialistas policiales detectaron que a través de redes sociales se exhibían a la venta distintos productos pertenecientes a una reconocida empresa tecnológica multinacional “a precios significativamente menores respecto a los que prevalecen en el mercado”, señalaron los voceros.
Lo que más llamó la atención al personal policial fue que dichas maniobras carecían de la correspondiente facturación y que, además, los usuarios encargados de ofrecer dichos elementos (en general, teléfonos y accesorios) tampoco contaban con el respaldo necesario en carácter de importadores.
Por eso, con aval judicial, la pesquisa avanzó sobre el detrás de escena, es decir, los ardides mediante los cuales la mercadería llegaba al país. Así, se estableció que la banda “contaba con varios puntos físicos tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también en diversas localidades del conurbano bonaerense que eran utilizados como centros de acopio, distribución y comercio”, se precisó.
Transacciones indebidas sin controles fiscales
Los investigadores también lograron determinar que las transacciones comerciales únicamente se podían llevar adelante con dinero en efectivo y que no había emisión alguna de comprobantes para eludir los controles fiscales. Además, la organización usaba nombres de usuarios que rápidamente eran desactivados y cambiaban de identidad en las plataformas empleadas para la promoción de los productos.
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, ordenó la realización de quince allanamientos sobre los inmuebles investigados. Según pudo saber Primer Plano Online, dos de ellos están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los restantes en las localidades de Tigre, San Miguel, José León Suárez, Villa Ballester, Villa Bosch, Bella Vista, Ituzaingó y Salto.
Durante los procedimientos, realizados de forma simultánea junto con personal de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), se incautaron aproximadamente 600 dispositivos celulares, 2.400 fundas de teléfono, 1.000 accesorios (cargadores, cables USB, auriculares, entre otros), 7.991.200 pesos en efectivo, 3.982 dólares y documentación de interés. Según describieron los voceros, los materiales incautados tienen un valor de mercado de 673 millones de pesos.
Como resultado a dicha orden judicial, se notificó a siete personas de la causa; cuatro hombres y tres mujeres, sindicados como integrantes de la estructura delictiva investigada. Por el momento no hubo detenciones: todas las personas imputadas, junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero.