Sobre esta situación acaba de aparecer un libro necesario para toda América Latina y el mundo bajo el título “Objetivo: Cristina, El lawfare contra la democracia en Argentina” en el que intervienen 17 importantes figuras a nivel mundial demostrando el grave delito que significa la judicialización de la política, en este caso de tanta repercusión internacional.
En el prólogo, el ex juez español Baltazar Garzón expone que el lawfare es un término no demasiado viejo, que proviene de una contracción gramatical, de las palabras inglesas law” (ley) y warfare (que significa guerra). “Lo novedoso de este concepto es que, si bien históricamente la manipulación de la justicia ha sido una herramienta propia de autocracias y dictaduras, este fenómeno se ha instalado ahora en las democracias, degradándolas, y tiene lugar cuando un juez o un fiscal, aparentando que actúan bajo las más estrictas legalidades formales, renuncian a ser imparciales, asumiendo un papel que socava desde dentro la separación de poderes, el Estado de Derecho y la democracia prevaliéndose para ello de los mecanismos que les da el propio Estado.”
Señala asimismo que “ya sea por temor, por afinidad o conveniencia la cerviz judicial se doblega antes quien detenta el poder, hasta tal punto, que se destruyen o fabrican pruebas e incluso se llega a prescindir de lo que marcan la ley y el derecho. Y ni que decir tiene que se omite el cumplimiento de las normas internacionales (de tratados) según convenga, instrumentalizado todos ellos al fin último de favorecer a quien corresponda, que normalmente será un grupo de poder político, económico o corporativo al que se debe lealtad y a los intereses políticos o económicos, que representa.”
Añade que son campañas milimétricamente diseñadas, que articulan un componente político, con uno mediático y otro judicial y que irán siempre revestidas de una aparente legalidad y rectitud, pero lo cierto es que bastante con asomarse apenas un poco a ellas, para comenzar a detectar las irregularidades e injusticias que contravienen la evidencia, la ley o los derechos que garantizan el debido proceso.
Esta historia tan funesta que estamos viviendo en todo el mundo tiene particular intensidad en Latinoamérica: Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, Dilma Rouseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya, Jorge Glas la han sufrido, y “encierra una lección que es fundamental tener siempre presente frente a todo desafío. La visión y la interpretación del derecho tiene que ser a favor del progreso de la humanidad, contraria a los privilegios que escarban para ser más honda la brecha de la desigualdad y sobre todo, aquellos que llevan a una regresión como seres humanos que es la postura que tiene la extrema derecha, sostiene Garzón.
El libro es el resultado del encuentro de la noche del 21 de marzo de 2023 en el Centro Cultural Kirchner, donde cinco presidentes de América Latina y España, José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales, Pepe Mujica, Rafael Correa y Ernesto Samper, junto a los más prestigiosos juristas encabezados por Baltasar Garzón, Giselle Ricobom, Silvina Romano, Carol Proner y Raúl Zaffaroni, en nombre del Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), presentaron una investigación contundente sobre el lawfare contra la democracia en Argentina.
En otro capítulo escrito por Garzón, Giselle Ricobom y Silvina Romano, se menciona que en los últimos 15 años hemos sido testigos de procesos de persecución política por la vía judicial contra determinados sectores de la política, líderes y militantes para lograr su inhabilitación política y la pérdida de legitimidad. En esta persecución, los medios de comunicación constituyen una pieza clave, promoviendo la desmoralización y criminilización en el ámbito de la opinión pública”. La sentencia es “culpable”.
Se recuerda, además, que en América Latina la idea del lawfare también es asociada a la guerra judicial, siendo frecuentemente utilizada para explicar la desestabilización previa a un golpe de Estado” blando”, con la llegada de gobiernos nacionales y populares al inicio del siglo XXI, con políticas orientadas a la intervención del Estado en la economía, la recuperación de lo público, la reivindicación de la soberanía y la integración regional”.