La Corte Suprema de la Nación se ha puesto por encima de todos los poderes electos de la Argentina. Es un proceso que lleva años. La semana pasada llegó a su clímax, cuando el tribunal decidió proscribir y encarcelar al liderazgo político más importante del último medio siglo, al negarse a revisar el juicio amañado que condenó a Cristina Fernández.
La Corte se reserva el derecho de tener la última palabra sobre las leyes votadas por el Congreso y ahora también de definir quienes serán candidatos.
La expresidenta puso un buen ejemplo sobre estas prácticas en la entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre. Se refirió al decreto 70/23 del presidente Javier Milei, publicado en el boletín oficial el 21 de diciembre de 2023. La medida derogó leyes como la de Góndolas y Abastecimiento. Intentó prohibir el derecho de huelga. Modificó el Código Civil, entre otras cosas. Pasó por encima de las facultades del Congreso y violó la Constitución. La expresidenta se preguntó qué hubiera pasado si un decreto igual de arbitrario se hiciera a favor de los trabajadores. “Lo declaran inconstitucional en cinco minutos”.
El Máximo Tribunal rechazó dos amparos que reclamaban la inconstitucionalidad del decreto de Milei en abril del año pasado. El argumento que utilizó fue que “no había un caso concreto” y por lo tanto no había “controversia”. Un juego de palabras para confundir.
El profesor de Derecho Constitucional Roberto Gargarella, un acérrimo antiperonista, escribió sobre ese fallo en el diario Clarín: “En definitiva, el caso y la controversia ya los tenemos: enfrentamos el caso extremo de un gobierno que, como primer paso, plantea un monumental desafío a la Constitución. Lo que nos falta es la imprescindible colaboración que debe darnos la Corte en ese imperioso ejercicio de conversación colectiva”.
La cúpula del Poder Judicial se ha puesto en el lugar de quien tiene la última palabra sobre todos los temas de la vida pública. Por eso es acertado describir la situación como una dictadura judicial. Si la Corte es la que define los temas que marcan el destino del país, y la democracia es el poder en manos del pueblo a través de una representación, la única manera de que la sociedad argentina vuelva a ser dueña de su destino es que pueda votar a los miembros de la Corte.
Hoy resulta tan importante votar a la Corte como al presidente. Hagan lo que hagan los poderes electos, los supremos se reservarán la última palabra. Están ahí para tutelar que la democracia no se desvíe del sendero que un grupo de familias y cámaras empresarias le quieren dar.
Hay una experiencia pionera en México. El pasado 1 de junio los mexicanos concurrieron a las urnas para votar 2600 cargos del poder judicial, entre ellos a los nueve miembros de la Corte Suprema.
Este planteo en la Argentina de hoy puede sonar delirante. Se aplica en este tema el mito de la caverna de Platón, en el que un grupo de personas encadenadas, metidas en una cueva, creen que las sombras que se reflejan en su prisión son el mundo exterior y se resisten a ser liberados por temor a lo desconocido. Está el mito de la caverna y también la tradición del pueblo argentino de luchar por ampliar la soberanía popular y la libertad.
Libertad es esa palabra que el presidente Javier Milei supo explotar y que hoy ya no está en sus manos. La derecha perdió la pátina de rebeldía que supo construir durante la pandemia, cuando se opuso a las políticas de cuidado que, ciertamente, cercenaban la libertad individual en nombre de frenar el avance del Covid. Ese momento extraño en el que los conservadores argentinos, siempre autoritarios, quedaron del lado de la libertad ha terminado. Es la derecha de siempre: ajuste, deuda externa, saqueo del patrimonio nacional y persecución política. Votar a la Corte debe ser una de las consignas de la restauración de la democracia plena. «