vieja aspiración democrática ante la oscura postura opositora

En medio de la cumbre del Mercosur celebrada a principios del mes en Buenos Aires, el presidente Yamandú Orsi recordó que su Uruguay sigue negándoles el primer derecho ciudadano a los cientos de miles de paisanos que, en busca de su libertad, de sus derechos políticos o de un respiro económico debieron radicarse en el exterior. Entonces sentenció que está decidido a saldar esa deuda. No lo dijo espontáneamente, sino porque se lo preguntaron. Pero lo dijo y fue claro. Somos un país lleno de récords políticos y sociales, que de ser tierra de inmigrantes pasó a ser tierra de emigrantes, y esos emigrantes tienen el derecho a votar, estén donde estén. El país dio ese salto para atrás por obra de unos partidos de derecha –Blanco y Colorado– que gobernaron desde el siglo XIX y hasta estos tiempos, con un ligero respiro progresista del Frente Amplio (FA).

Anticipándose a los frágiles pero efectivos argumentos de la derecha, que nada quiere saber con la habilitación del derecho a votar de ese aproximadamente 17% de los ciudadanos que tuvo que irse del país, Orsi dijo que si se quiere hablar de la integración democrática plena de la diáspora “lo primero y principal es que esos compatriotas tengan los mismos derechos que cualquier otro uruguayo”. Y se preguntó si eso significa devolverles el derecho al voto en sus actuales sitios de residencia, para responderse categóricamente que sí. El presidente fue más claro aún y señaló que “somos de los pocos países del mundo con funcionamiento republicano que le desconoce su calidad de ciudadano al que no habita en el país, creo que hay que empezar por ahí”. Orsi fue preciso, porque hay 184 de los 193 países de la ONU que cuentan con algún tipo de mecanismo de sufragio a distancia.

Pese a que en ningún lugar está establecido que no se pueda revisar una disposición, sea cual sea, la derecha se aferra al recuerdo de que en 2009, hace 16 años, un plebiscito laudó contra el voto exterior, por lo que pasó a ser cosa juzgada. Para eso sí tiene memoria. El argumento de la derecha obedece a una concepción caduca de la idea de ciudadanía, estableció el bloque de senadores del FA en los considerandos de un proyecto presentado en 2023. En un mundo globalizado, con constantes flujos migratorios, la ciudadanía no puede ser una condición estática ni un vínculo inamovible entre personas y territorio. Además –lo que destruye el segundo gran argumento de la derecha, que dice que quienes están afuera no sufren los resultados de lo resuelto–, los uruguayos de la diáspora mantienen un sólido vínculo con el país.

Desde la salida de la dictadura (1973-1985) fueron varios los intentos de incluir el voto exterior en el capítulo de los derechos y libertades. Todos chocaron con la barrera antidemocrática de los ex presidentes de la derecha: el colorado Julio María Sanguinetti y los blancos Lacalle Herrera y Lacalle Pou, padre e hijo. Y cuando al fin el FA logró que el Congreso hiciera justicia, la Suprema Corte operó de salvavidas del establishment y declaró la inconstitucionalidad del acuerdo legislativo “por razones de forma y de fondo”. Esa decisión de inclusión ciudadana votada durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez y volteada de un saque por los supremos, señalaba que “el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. Blancos y colorados, de parabienes hasta hoy.

El proyecto que vuelve a estar en carpeta de los legisladores es diferente al derrotado en el plebiscito de 2009, pero mantiene la esencia del que fuera inconstitucionalizado por la Corte. En lugar del voto epistolar –una forma de integración de su diáspora dispuesta por las constituciones de España e Italia, dos pioneros en la materia–, ahora el sufragio deberá ser presente, en las sedes consulares, y además los radicados fuera de fronteras podrán elegir sólo a la fórmula presidencial y a la totalidad de los diputados (99) y senadores (30). El voto para los 19 gobiernos departamentales quedará excluido. De una u otra forma, el tema está abordado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, aún no ha sido incorporado a los tratados internacionales con la categoría de un derecho.

En América Latina hasta las democracias más precarias contemplan, de una u otra forma, el derecho al voto exterior. Sólo Surinam y Uruguay no lo tienen, en el primero quizás por no tener una diáspora significativa. En la Constitución uruguaya y en la legislación electoral el derecho está implícito, allí no se habla de la residencia en el exterior como una de las ocho causales de pérdida de la ciudadanía. Sobre ese entendido, las dos instancias de integración dispuestas durante los gobiernos de Tabaré Vázquez –el Departamento 20 y los Consejos Consultivos– reaccionaron rápidamente ante la expectativa abierta por Orsi y enriquecieron con mensajes de optimismo –desde Buenos Aires o Toronto, Madrid o París, Roma o Sidney– los innumerables chats de la diáspora.

En defensa de la chacrita política, o de su estancia, esa que les permite conservar una cierta representatividad a la hora de impedir todo lo que tenga un dejo a ampliación de derechos, los regentes de los viejos partidos y sus laderos más recientes se cuadran para impedir. Lo mismo da que se trate de una incorporación tecnológica que de la posibilidad de que los que tuvieron que emigrar puedan ejercer su derecho al voto. Reivindican –en algunos puntos a regañadientes– que Uruguay haya sido el pionero en imponer la laicidad en la educación, la separación del Estado de la Iglesia, el divorcio, el voto femenino y en ser hoy el primero en participación electoral. Convencidos de que la diáspora oriental es toda progresista, insisten en negarles la ciudadanía a los paisanos que un día encontraron su libertad en el exterior y luego un plato de comida. O se pagan el pasaje o seguirán siendo parias de la democracia. «