Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional modificó el régimen vigente desde 2004 sobre el desguace de vehículos y la comercialización de autopartes usadas. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se establecieron nuevas obligaciones para los desarmaderos, se digitalizó todo el procedimiento administrativo y se reforzó la trazabilidad de las piezas recuperadas.
La normativa obliga a los titulares de vehículos que pidan la baja para desguace a detallar qué piezas son aptas para reutilización, identificarlas con datos de fábrica y subir documentación y fotografías a un sistema digital oficial. Cada autoparte deberá estar registrada con un código identificatorio único, lo que permitirá seguir su recorrido comercial y controlar su legalidad.
Uno de los cambios centrales es la creación de un Certificado de Baja y Desarme Digital, emitido por la Dirección Nacional de los Registros del Automotor. Sin ese certificado, las compañías aseguradoras no podrán pagar indemnizaciones por destrucción total ni robo de automotores. Además, se prohíbe la circulación de vehículos que hayan sido dados de baja, cuyos documentos y chapas deberán ser retenidos por el desarmadero.
El nuevo régimen alcanza también a las fuerzas de seguridad, que ahora podrán reportar vehículos abandonados en la vía pública para que sean dados de baja. A su vez, todos los actores involucrados -desde desarmaderos hasta vendedores, transportistas y depósitos de autopartes- deberán estar inscriptos en un registro nacional público y cumplir estrictos requisitos administrativos, fiscales y ambientales.
Trazabilidad y nuevos requisitos
La trazabilidad es uno de los ejes de la reforma: toda pieza deberá estar registrada, vinculada con documentación de compra y venta, y su información será accesible en tiempo real por las fuerzas de seguridad para verificar su legalidad. Las piezas no reutilizables deberán ser identificadas y destruidas según las regulaciones vigentes.
La Dirección Nacional de Registros del Automotor deberá crear un sistema informático centralizado para gestionar el flujo digital de datos, reemplazando por completo los registros en papel. Las empresas deberán cargar tanto el ingreso de vehículos para desarme como el egreso de piezas con sus respectivas facturas y códigos.
Además de los nuevos requisitos operativos, el decreto establece un mecanismo para declarar el stock existente de piezas usadas antes de la entrada en vigencia. Solo se aceptarán aquellas con marca, código de fábrica y documentación de respaldo. Las que no cumplan estos criterios deberán ser destruidas.
El decreto comenzará a regir a los 60 días de su publicación y busca, según lo establecido en la redacción, “combatir el comercio ilegal de autopartes, mejorar la trazabilidad y transparentar una actividad históricamente vinculada al delito”. El Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de los Registros del Automotor tienen el plazo de ese mismo período para dictar las normas complementarias que permitirán implementar el sistema.