Desde anoche, familias de personas con discapacidad realizan una vigilia en la Plaza de Mayo que hoy miércoles se trasladará hasta las puertas del Congreso nacional a la espera de que la Cámara de Diputados rechace el veto que firmó el presidente Javier Milei a la norma que establece la emergencia para el sector.
Tal como muestran las imágenes que ilustran este artículo, con paraguas y sombrillas para guarecerse de las intensas precipitaciones un puñado de representantes de Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se manifiestan para hacer oír su reclamo.
Todo indica que será una jornada de súper acción en el palacio legislativo, porque son varios los textos que debe analizar Diputados tras los vetos del Presidente. Y hay consenso entre quienes recorren esos pasillos que la ley que tiene chances de ser salvaguardada es la que actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio.
De todos modos, Diputados necesita reunir los dos tercios del cuerpo para dejar firme la norma y rechazar la anulación presidencial, justificada en el “impacto fiscal estimado” de la medida, que oscila entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI), según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El Poder Ejecutivo invocó el “equilibrio fiscal innegociable” para vetarla.
Fallo judicial en contra del veto
Mientras el debate parlamentario avanza con la manifestación en las calles, la Justicia declaró la invalidez del veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tomó la decisión a partir de una acción de amparo presentada por los padres de dos niños de 11 años que vieron amenazado el acceso a sus tratamientos y educación.
Los hermanos padecen “trastornos generalizados del desarrollo” y “trastornos específicos en las habilidades escolares”. Asisten a un centro educativo terapéutico y a un colegio especial, cuyas autoridades habían advertido a las familias que el desfinanciamiento estatal ponía en riesgo su funcionamiento y los dejaba al borde del cierre. Según se desprende del fallo, ambas instituciones subsisten gracias a préstamos bancarios y donaciones.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad describieron la siguiente realidad del sector:
-Personas que trabajan en talleres protegidos, que hoy sobreviven con apenas $28.000 mensuales.
-Personas que aún esperan acceder a una pensión para contar con un ingreso y acompañamiento integral que les permita desarrollarse.
-Personas que reciben apoyos o prestaciones que hoy están en riesgo, porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre.
“Presidente Milei, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir”, sentenciaron.