La ciudad de Bariloche fue por décadas el ícono romántico de la Luna de Miel y el agite del viaje de egresados. Es la sede del mayor centro de esquí de la América latina y la imagen estereotipada, aunque real, de los paisajes idílicos de la Cordillera patagónica. Pero esos símbolos bucólicos ocultan al resto del país el drama de los miles de habitantes que sufren a diario la convivencia con uno de los basurales contaminantes a cielo abierto más grandes del planeta, que afecta la salud de los residentes y corrompe por filtración las napas subterráneas que alimentan vertientes y grandes lagos.
El enorme basural a cielo abierto de San Carlos de Bariloche, de 37 hectáreas, ocupa el puesto 14 entre los más grandes del mundo, según el registro “The Waste Atlas” elaborado por D-Waste, una organización global integrada por empresas, universidades, entidades públicas y organismos internacionales y dedicada a buscar soluciones al problema de los basurales. Lo hace en colaboración con científicos internacionales, entre ellos dos especialistas argentinos de la talla de Ricardo Rollandi y Atilio Savino.
Según el D-Waste, el mundo genera casi 1 billón 826 mil millones de toneladas de residuos sólidos urbanos por año en 1800 ciudades de 164 países que tramitan el 97% de la basura.
Para citar algunos ejemplos comparativos en tamaño y contaminación, el informe asegura que el basural de la mayor ciudad turística de la Patagonia y una de las principales de la Argentina, es superior a los de Mozambique, Kenya, Ghana y Nueva Delhi; similar a los de Bombai, Haití y Gaza, y algo inferior a los de Senegal, Tanzania y Perú, entre otros.
La diferencia con el resto de los vertederos argentinos es que el de Bariloche lleva 45 años de imparable acumulación y expansión, sin tratamiento ni remediación, y con total desatención provincial y municipal. Sólo en 2014 comenzó un intento local de tratamiento con fondos nacionales, luego abandonado en 2016. Y un pequeño reciclado que no supera el 3% de las 200 toneladas diarias de residuos generados por los 170 mil habitantes sumados de Bariloche y Dina Huapi.
“Nosotros creemos a esta altura que la situación se les ha ido de las manos a la provincia y al municipio y no saben ni quieren solucionar el problema. Y en el medio hay miles de vecinos de Bariloche sufriendo afectaciones a su salud y a un ambiente equilibrado con la vulneración de sus derechos. Quienes tienen la responsabilidad de la solución en sus manos miran para otro lado y no lo toman como prioritario: es una muestra de desidia y ninguneo, y más cuando hay niñas y niños afectados en su salud”.
Lo afirma la concejala peronista Julieta Wallace, quien lleva más de siete años de batallas por el cierre del vertedero y su traslado hacia un sitio de disposición final regional, pero sin que los gobiernos provincial y municipal muestren voluntad política para buscar una salida.
Exabogada de la Asociación de Recicladores de Bariloche (ARB), cuando Wallace habla de los problemas de salud ocasionados por el vertedero se refiere a los resultados que arrojó una investigación realizada por médicas y médicos residentes del Hospital Zonal de Bariloche Ramón Carrillo.
El estudio, voluntario y vocacional, descubrió que los vecinos del vertedero padecen problemas gastrointestinales, dermatológicos, respiratorios e infecciosos que en un 90% de los casos se vinculan con el basural. El informe denuncia la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, revela la existencia de metales pesados en el agua y el suelo, y alerta sobre la toxicidad del aire por incendios y la quema de plásticos.
Enumera entre los problemas principales las humaredas por la quema de basura, la abundancia de moscas y de roedores, vectores de enfermedades. “Conflicto ambiental, social y político del vertedero”, titulan el amplio estudio realizado por 13 Residentes de Medicina General que se desempeñan en la sede del Hospital Zonal pero también en “los centros de atención primaria ubicados en barrios de alta vulnerabilidad socioeconómica expuestos a uno de los basurales más grandes de América latina”, describen.
El trabajo también descubrió que la ubicación del vertedero hace “que los percolados drenen hacia las napas contaminando las aguas superficiales y subterráneas”, debido a que geológicamente se encuentra en la divisoria de aguas hacia el Lago Gutiérrez y el Arroyo Ñireco. En otras palabras, denuncian la filtración de lixiviados (líquidos muy tóxicos) hacia las napas que van a los lagos o que consumen en Bariloche tanto habitantes como turistas.
En diciembre de 2020 la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley 5491, llamada Plan Provincial Girsu, que impuso un plazo de tres años para reemplazar los vertederos por sitios regionales de disposición final con recaudos anticontaminantes. También estableció un fondo especial para el Plan que debió concluir el 3 de diciembre de 2023. Pero la exgobernadora Arabela Carrera (2019-2023), oriunda de Bariloche, jamás asignó un centavo al proyecto que ella misma ofreció a la sociedad. De fracaso en fracaso.
El partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), propiedad del gobernador filolibertario Alberto Weretilneck, conduce la provincia desde 2012 pero se negó a resolver el tema de la basura. Su actual pareja es la multifuncionaria Andrea Confini, secretaria de Ambiente y Energía, primera candidata a diputada nacional y recién asumida en el directorio de la YPF libertaria. En una gestión coherente, Confini desmanteló el área de ambiente, combatió la resistencia social y comunitaria a la minería contaminante que impulsa su matrimonio y se desentendió de los basurales a cielo abierto que, como el de Bariloche, afecta la salud de miles de habitantes de la ciudad, en especial de los niños y niñas vulnerados social, ambiental y económicamente.
El intendente vetó una ordenanza clave
Exconvicto por fraude al Estado, condenado por violencia de género y con acumuladas denuncias por irregularidades en su gestión, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, se erige también como un obstáculo para eliminar el basural a cielo abierto que afecta la salud de los barilochenses.
En junio pasado Cortés se atrevió a vetar una ordenanza de la concejala peronista Julieta Wallace, aprobada por unanimidad, que asignaba 400 millones de pesos para iniciar los trabajos para el cierre del vertedero. El dinero debía provenir de las regalías especiales por contratos petroleros en la provincia, pero Cortez prefirió reasignarlos a un pequeño puente.
Mientras, por contratación directa y a sola firma paga cientos de millones a una empresa que opera maquinaría vial para distribuir la basura sobre el manto del vertedero, dijeron fuentes locales que ligaron esa compañía con el gobernador Alberto Weretilneck.
Entre 2016 y 2018 Cortés estuvo preso condenado a cuatro años por un fraude de dos millones de dólares contra el Estado. Cumplió solo la mitad de la pena al ser liberado por la Corte Suprema debido a un tecnicismo del proceso, pero no fue declarado inocente.
En agosto de 2024 lo condenaron por ejercer violencia de género contra empleadas municipales a quienes gritaba, insultaba y amenazaba. Debió pagar una multa millonaria, hacer un curso de igualdad de género y ahora está obligado a filmar las reuniones de las que participen mujeres del municipio.
Exdirigente del sindicato de Comercio local por 30 años, Cortés es un pragmático a-ideológico que integra la alianza del filolibertario gobernador Weretilneck, es un compinche amigo personal del intendente bolsonés Bruno Pogliano y, además, propietario de dos canales de TV abierta y radios ilegales sin licencia en Bariloche y El Bolsón.
De relación difícil con la Ley, Cortés acumula dictámenes acusatorios de organismos de control por el presunto pago de sobreprecios en las compras, como en la adquisición de una hormigonera y dos máquinas viales usadas al doble del precio de mercado, entre otras operaciones con desapego por las normas que rigen al Estado y que el Concejo Deliberante escudriña con lupa de mayoría opositora.