Ante la exposición pública del caso, el máximo tribunal argentino deberá resolver si autoriza el traslado de Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado, tras la confirmación de la justicia estadounidense sobre la vigencia de los cargos en su contra. De ser positiva la acción de la Corte, el caso pasará al Poder Ejecutivo que autorizará o denegara la extradición según lo establece la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal.
En el caso de Machado, el expediente promovido por Estados Unidos, regresó a la Corte Suprema luego de que el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, cumpliera con el requerimiento del alto tribunal de consultar a la justicia de Texas sobre la vigencia de las acusaciones contra Machado. La Corte ahora debe decidir si confirma la acción, tal como lo sostuvieron tanto la justicia federal de Neuquén como el procurador general Eduardo Casal.
Si la Corte decide avanzar, será el mismo Javier Milei quien pondrá la última firma al pedido de la justicia norteamericana. Pero curiosamente, Milei es representado legalmente en varios casos por Francisco Oneto, el mismo que encabeza la defensa de Machado y había presentado un escrito en 2024 para frenar la extradición del presunto narco. Oneto había argumentado ante la Corte que una sentencia favorable a la hija de Debra Mercer-Erwin (socia de Machado, ya condenada en Estados Unidos) podría invalidar las acusaciones de “conspiración” contra el empresario. Ante este planteo, la Corte instruyó al juez Villanueva para que, a través de la Cancillería, solicitara información a la justicia estadounidense sobre el fallo mencionado por Oneto. Pero EEUU ya ratificó que las acusaciones sobre Machado se sostienen.
Estamos ante una gran paradoja. El presidente decidirá la extradición de una persona con la que comparte represente legal y es, justamente, quien intenta frenar el proceso de entrega del acusado a la justicia norteamericana. Nunca se ha dado un caso de estas características en lo que respecta a extradiciones. Las leyes dan especificaciones sobre qué hacer en un caso de estas características, pero puede haber algunas normas que se apliquen en el caso.
La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece algunas pautas para prevenir y sancionar los conflictos de intereses. En primer lugar, los funcionarios deben abstenerse de intervenir en toda actuación que les pueda generar un conflicto de intereses. La ley aplica a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, incluido el presidente. Un posible conflicto de intereses puede dar lugar a un expediente administrativo en la Oficina Anticorrupción (OA). Este expediente puede ser iniciado por una denuncia de un particular, por una noticia periodística o tras la revisión de declaraciones juradas. En el caso que implican a Milei, Otero y Machado, el Presidente podría tener la obligación de abstenerse de intervenir en el asunto y delegar la decisión en un subordinado, como el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, o de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, siempre y cuando estos funcionarios no se encuentren también en situación de conflicto.
A la fecha, el abogado Francisco Oneto representa a Javier Milei en causas de índole personal y mediática. Lo representa en sus demandas contra periodistas y opositores como Fabián Doman, Julia Mengolini y Elisa Carrió. También lo defendió en las denuncias por calumnias e intimidación pública que afrontó en campaña, intervino como apoderado en la querella por espionaje ilegal contra el ex policía Ariel Zanchetta y se puso al frente de la estrategia legal en el expediente por la criptomoneda $Libra. En ese caso, Oneto sostuvo en sus redes sociales que, “si un presidente quisiera delinquir, no dejaría todos los dedos pegados”.
Oneto es conocido en el ecosistema libertario por su estilo frontal y provocador, por esos lo llaman “abogado nivel Dios”. Se convirtió en la principal figura legal Milei tras la salida de Diego Spagnuolo, el ex funcionario de Discapacidad eyectado luego de que se conocieran sus audios apuntando al entorno presidencial por corrupción. Oneto no goza de buena reputación en los tribunales por su enfoque más mediático que técnico. Ha defendido casos resonantes y polémicos, como el del médico Leopoldo Luque y el rugbier Máximo Thomsen. Además de su trabajo en tribunales, Oneto genera polémica con declaraciones controvertidas que han generado rechazo social, como comentarios homofóbicos, misóginos y propuestas autoritarias. Conduciendo su programa en el canal de straming Carajo, Oneto se refirió a la baja tasa de natalidad en Argentina y planteó su polémica solución: “Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje”. También apuntó contra el colectivo LGBT+: “¿Cuánta incidencia tienen en esto los homosexuales?”, dando a entender que la baja natalidad es porque hay parejas del mismo sexo.