El problema del narcotráfico pateó la puerta de la sociedad politizada nacional. En las
últimas semanas asistimos al show del horror: Tres mujeres jóvenes asesinadas de forma
brutal en una intersección de violencia de género, violencia narco y falta de oportunidades.
El principal candidato del oficialismo nacional financiado por un narcotraficante. Ese mismo
candidato mintiendo una y otra vez para esconder lo evidente, lo financia un narco. ¿Qué
debe el gobierno a cambio de ese financiamiento?
Estos hechos muestran cómo la violencia y la impunidad económica del narcotráfico
avanzan de la mano, con la complicidad abierta de estructuras políticas y económicas.
Con su programa de ‘libertinaje de negocios’ -el mismo que llegó a justificar el mercado de
órganos en campaña-, el gobierno favorece el blanqueo de dinero del narcotráfico en dos
niveles: por arriba y por abajo.
“Por arriba”, este modelo habilita la libre circulación del capital sin ningún control. El que
tiene plata puede ponerla donde quiera sin justificar su origen. Al mismo tiempo, se enaltece
a quienes evaden impuestos, llamándolos “héroes”.
Así, los pocos que han hecho millones de dólares con el narcotráfico pueden mover su
dinero, “blanqueando” esos recursos. En esta práctica, el presidente Milei va -de hecho-
en la dirección opuesta al consenso internacional. Incluso las potencias liberales, que
ostentan el discurso de la propiedad privada como religión, entienden que es más efectivo
perseguir la plata que genera el negocio, y no solo la sustancia.
Pero también el gobierno favorece al narcotráfico “por abajo”. El modelo de Milei que de
forma consciente va retirando al Estado de más y más facetas de la vida tiene su contracara
en el avance narco.
Los comedores populares financiados por el transa, la venta de estupefacientes como salida
laboral para jóvenes expulsados del mercado -que ven más tentadora la ganancia del
narco que la propuesta de precarización y pluriempleo-, y la violencia cotidiana en los
barrios, son expresiones concretas de ese avance. Se ve todos los días, ante nuestros ojos.
Y, sin embargo, solo se vuelve noticia cuando el horror y el morbo sirven para garronear
rating.
Esta semana la clase política nacional tuvo una respuesta ejemplar -aunque demorada- ante la primera problemática: la guita narco es un límite. Quien reciba o sea displicente con
la posibilidad de recibir plata proveniente de la narcocriminalidad no puede ser parte del
sistema democrático nacional. Corta.
Pero la misma condena se debe extender al avance que tiene el narco en la vida cotidiana
de la gente, en los de abajo.
El narcotráfico en Argentina avanza en igual medida en que crece el presupuesto para
combatirlo. Este argumento lejos está de negar la necesidad de invertir en seguridad y tener
una política firme en la persecución del delito. Pero de poco sirve un aumento
presupuestario aislado o sólo acompañado de un discurso “vende humo” para la tribuna: sin
un enfoque integral, el impacto es mínimo. En tal caso, sería conveniente pensar con qué
otros elementos hay que rodear la política de persecución y represión de la
narcocriminalidad para hacerla más efectiva.
En ese sentido, resulta urgente aumentar el presupuesto para el acompañamiento
comunitario a la gente con adicciones. Esta es una política social, sí, pero también es el
primer paso de una política de seguridad. Hay que acompañar la vida de esos pibes y pibas
rotos por las adicciones para construir una vida distinta. No sólo porque son personas con
todos los derechos que eso implica, sino porque no hay sociedad que pueda realizarse con
pibes consumidos por la adicción caminando por la calle.
A pocos kilómetros de donde fueron vistas con vida por última vez Lara, Morena y Brenda, se encontraba una Casa Pueblo, un espacio que lleva adelante acompañamiento comunitario y de prevención de adicciones. Este año, el Estado nacional decidió cerrar ese espacio. La violencia crece allí donde el Estado se retira. Pero también resulta urgente comprender la realidad del trabajo en Argentina: el narcotráfico es, mal que nos pese, una salida laboral para miles de pibes que ni sueñan con los derechos laborales que aparecen en el artículo 14 bis de la constitución nacional. Mientras tanto este gobierno no ha hecho más que perseguir y demonizar el trabajo de miles de cooperativas, unidades productivas y trabajadores de la economía popular que salen todos los días a ganarse el mango.
“¿Qué querés, que venda merca?”, se le escucha decir a un vendedor ambulante a quien la policía le está robando las paltas que tenía preparadas para vender en la Plaza Constitución. Esa es la tensión que vivimos. Los argentinos y argentinas todos los días se “inventan” el trabajo, se las rebuscan para construir una vida digna. Se organizan, crean cooperativas, organizaciones. Y el Estado los ataca, les roba la mercadería, les allana el comedor, les cierra la casa de atención comunitaria. Los criminaliza por la tele, los señala como culpables, les impide movilizarse, protestar.
La clase política nacional debe una respuesta a estos dos problemas. Aprobó raspando el examen con el primero ¿Qué va a hacer con el segundo? ¿Va a seguir mirando para el costado mientras ajustan el presupuesto de la Sedronar? ¿Va a seguir avalando la criminalización de los dirigentes sociales? ¿Va a seguir mirando para otro lado frente a la desocupación y los salarios de miseria? ¿Va a seguir haciéndose la distraída con la economía popular? Todavía está a tiempo de dar una respuesta a la altura de lo que nuestro Pueblo merece.
