El nuevo presidente de Perú, José Jerí, nombró a última hora del martes al abogado y miembro del Partido Popular Cristiano (PPC) Ernesto Álvarez Miranda como primer ministro del país en una ceremonia en la que tomaron asimismo posesión del cargo los distintos miembros del nuevo Ejecutivo tras la destitución, la semana pasada, de Dina Boluarte.
Álvarez, quien solicitó cancelar su afiliación al partido horas antes de asumir el cargo, fue designado y prestó juramento al cargo junto al resto de ministros, reemplazando así a Eduardo Arana al frente del Ejecutivo peruano apenas cuatro días después del nombramiento de Jerí, quien se espera que gobierne Perú poco más de nueve meses hasta las elecciones de abril de 2026.
El nombramiento de Álvarez llega en el intenso clima de protestas que rodeó también la destitución de Boluarte y que continuarán este miércoles con la convocatoria de organizaciones estudiantiles, transportistas y sindicatos.
El nuevo primer ministro calificó las protestas como un «intento subversivo para acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente ‘bolivariana’«, un mensaje difundido en su cuenta de X y recogido por el diario ‘La República’ pese a que el nuevo primer ministro la borró de su cuenta en esta red social.
El Primer Ministro que desprecia y
Terruqueador Ernesto Álvarez ha Eliminado su Cuenta de X.PTM. Este Sujeto es una Vergüenza @pcmperu @presidenciaperu pic.twitter.com/nqcfKXCoZL
— Roy Alta_peru (@RoyAlta_Peru) October 14, 2025
Abogado y doctor en Derecho de 64 años, Álvarez ejerce desde 2014 como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, un centro privado situado en la capital peruana, Lima, si bien destaca por haberse desempeñado como magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014, siendo su presidente durante el año 2012.
Durante sus años como juez de este órgano, votó en favor de anular la calificación como crímenes de lesa humanidad para la matanza militar durante el motín en la cárcel del Frontón en 1986, en la que murieron al menos 118 reclusos, algunos de ellos ejecutados, y tres marines. Una sentencia del Constitucional de 2017 revirtió parcialmente la resolución de 2013 considerando que los delitos sí debían investigarse como de lesa humanidad.
BB con Europa Press
