La Asamblea General de Naciones Unidas dirigió una crítica a Estados Unidos al condenar toda «amenaza, ataque o injerencia» en el Tribunal Penal Internacional (TPI) y sus asuntos en el marco de un debate sobre el informe anual de la corte en el que la presidenta de la Asamblea, Annalena Baerbock, calificó como «ataques contra los principios mismos del Derecho Internacional» a las medidas y sanciones impuestas contra la misma por parte de países como Estados Unidos.
«(La Asamblea) subraya que el Tribunal Penal Internacional y sus funcionarios y su personal deben poder desempeñar su mandato y sus obligaciones profesionales como institución judicial internacional y funcionarios públicos internacionales, respectivamente, sin intimidación, y condena cualquier amenaza, ataque o injerencia en lo que respecta a la Corte, su personal o quienes cooperen con ella», reza la resolución aprobada por la organización multilateral.
Asimismo, los delegados de la Asamblea exhortaron a los Estados parte del Estatuto de Roma «a que promulguen leyes nacionales para cumplir las obligaciones dimanantes de ese Estatuto y cooperen con el TPI«, según el documento de la resolución.
Por su parte, Baerbock ha destacó que «durante más de dos décadas, el Tribunal ha combatido la impunidad y ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la rendición de cuentas sigue siendo posible», antes de agregar que, «al presenciar atrocidades que siguen conmocionando la conciencia de la humanidad, resulta evidente que la misión del Tribunal dista mucho de estar concluida», según difundió el servicio de noticias de la ONU.
La presidenta de la cámara multilateral lamentó que múltiples funcionarios de la entidad judicial «han sido sancionados por defender el Estado de derecho y exigir responsabilidades; y sus sistemas han sufrido ciberataques con la intención de socavar su credibilidad».
«No se trata de incidentes aislados; son ataques deliberados contra la Corte que buscan debilitar el Estado de derecho y erosionar la confianza en las instituciones internacionales», ha denunciado.
Sus declaraciones llegaron en el debate de la Asamblea sobre el informe anual del TPI, que recoge las sanciones impuestas por Estados Unidos a jueces y fiscales de la institución el pasado febrero en respuesta a las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra. El TPI extendió además esas órdenes entonces a varios líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
La presidenta del TPI, la jueza Tomoko Akane, destacó en el pleno que las sentencias del organismo recuerdan a la comunidad internacional que la justicia «trasciende fronteras e intereses», pero que cuando «los jueces son presionados, amenazados o menoscabados, la credibilidad del derecho internacional se ve mermada». «Los ataques, las amenazas y las medidas coercitivas contra la Corte y sus funcionarios han persistido y siguen representando una grave amenaza para la administración de justicia», lamentó.
In my meeting with the ICC President Judge Tomoko Akane, I expressed my support for the crucial role of the ICC in promoting accountability for the most serious crimes. We underscored the need to defend the Court from any form of intimidation and to promote its universality. pic.twitter.com/RyBr1VexZN
— Annalena Baerbock (@UN_PGA) November 11, 2025
Asimismo, Akane destacó que las órdenes de arresto solo pueden ejecutarse con la cooperación de los Estados, mientras que «el tribunal les da voz a las víctimas, un espacio para contar sus historias y la esperanza de que se reconozca la verdad y se establezcan responsabilidades».
Estados Unidos, que ya había sancionado al fiscal jefe del TPI, Karim Khan, extendió la medida en agosto a cuatro miembros de la corte involucrados en casos contra Israel y Washington por la continuación de las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant decretadas inicialmente por Khan y tachadas de «ilegítimas» por el secretario de Estado, Marco Rubio. La decisión fue aplaudida por Israel y rechazada por el propio tribunal, así como por la Unión Europea.
BB con Europa Press
