Como si los 10 años de demora del trámite judicial de la causa por la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad de los dueños de La Fronterita no alcanzaran, a horas de que comenzara el juicio oral, el Tribunal Oral Federal de Tucumán anunció su suspensión sin nueva fecha.
El debate, que tiene como imputados a dos directivos de la firma azucarera, Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Buttori por complicidad en secuestros, tormentos, violaciones y homicidios, iba a comenzar este miércoles por la mañana.
Sin embargo, la estrategia dilatoria de los acusados, ambos de 86 años, nuevamente logró su cometido y por ahora no habrá debate oral y público.
“Encontrándose en trámite la recusación interpuesta contra las doctoras Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano, y asimismo la determinación de si los imputados, en función de sus condiciones físicas y mentales, pueden estar en juicio, suspéndase el inicio de la audiencia de debate prevista para el día de mañana”, dice la resolución del Tribunal que, además de Farías y Giordano, está integrado por Enrique Lilljedahl.
Los dos imputados son Alberto Figueroa Minetti, heredero y administrador del ingenio fundado por los Minetti en los años 20, y Eduardo Buroti, exdirectivo de la empresa, ambos de 86 años, quienes están acusados por complicidad en los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas represivas.
La responsabilidad de militares y policías ya fue juzgada en otros debates realizados en Tucumán sobre el Operativo Independencia, sin embargo, esta es la primera vez que la responsabilidad empresaria llega a juicio.
Foto: Gentileza Diego Aráoz
La causa comenzó hace casi 10 años atrás, a partir de los testimonios y pruebas que surgieron durante el primer juicio por el Operativo Independencia, en 2017, y desde ese momento tuvo varías idas y vueltas que beneficiaron las demoras buscadas por los empresarios octogenarios.
En 2019, el juez federal Daniel Bejas dictó falta de mérito para los empresarios y luego la Cámara Federal de Tucumán lo confirmó. La fiscalía y las querellas recurrieron a Casación, que en diciembre de 2020 lo revirtió y en agosto de 2021 la Cámara de Tucumán decidió procesarlos por crímenes de lesa humanidad.
Producto de esas demoras judiciales, sólo llegaron a juicio Figueroa Minetti y Buttori. Otros dos exdirectivos procesados quedaron afuera del debate, Alfredo José Martínez Minetti, quien falleció, y Fernando Cornú De Olmos, apartado por problemas de salud. E incluso los únicos dos acusados podrían quedar fuera del juicio si se determina que no están en condiciones de afrontarlo y así quedaría garantizada la impunidad sobre los crímenes de La Fronterita.
Los hechos que iban a comenzar a juzgarse ocurrieron a partir del inicio del Operativo Independencia, cuando se instaló en La Fronterita la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército en el marco del Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. El ingenio funcionaba en las afueras de la localidad de Famaillá, a apenas unos kilómetros de La Escuelita, principal centro clandestino de la zona.
En febrero de 1975, las colonias obreras que rodeaban el ingenio fueron invadidas por las fuerzas represivas: comenzaron los secuestros y desapariciones masivas pero también los controles vehiculares y poblacionales, los patrullajes, allanamientos y requisas a quienes vivían en la zona, trabajadores del surco y sus familias. Dentro del ingenio, funcionaron al menos tres espacios que fueron reconocidos por sobrevivientes como lugares donde estuvieron cautivos y fueron torturados: “Comando de la Laguna”, “Tambo” y los “conventillos”.
Durante la investigación se acreditó que la empresa cedió sus instalaciones para que funcionen los centros clandestinos de detención, aportó la logística para esa base militar, aportó vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante los secuestros y homicidios. “Sin los aportes que realizaron, los delitos investigados y demostrados en autos, no habrían podido cometerse en la forma en que fueron perpetrados”, sostuvo la Cámara Federal de Tucumán al procesar a los imputados.
