La diputada nacional Mónica Macha, del bloque Unión por la Patria y oriunda de Morón, presentó un proyecto de ley para declarar la nulidad de nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina, debido a que “resulta a todas luces violatorio de esenciales principios del Estado de Derecho”.
El texto fue presentado por el presidente, Javier Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, como parte del rediseño de la fuerza, que pasará a ser una suerte de FBI argentino. De acuerdo a los establecido en el artículo 6º del citado Estatuto, se le otorgan facultades a la Policía Federal Argentina para “efectuar tareas de inteligencia criminal” con una amplia gama de posibilidades.
“Esta disposición resulta a todas luces nula, de nulidad absoluta, ya que de ninguna manera el Presidente de la Nación tiene facultades para disponer tal aberración jurídica, lo que constituye además una amenaza grave a los derechos y garantías de los argentinos y argentinas”, expresó Macha en su iniciativa.
Mónica Macha: “una herramienta para persecuciones políticas y sociales”
En esa misma línea, la PFA tiene potestades para acceder a “información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal”. A su vez, “podrá solicitar el acceso a bases privadas, sin orden judicial, consagrándose otra grave violación al ordenamiento jurídico”, estimó la diputada.
Quizá el punto que mayor inquietud generó fue la atribución para poder realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito “en espacios públicos digitales”, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas.
Para completar, en el inciso 13 del artículo 6 se faculta a la PFA “a realizar requisas personales sin orden judicial con respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la presunción de que se ocultan cosas relacionadas con un delito, de que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar, o que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
Para la diputada Macha, estas disposiciones en su conjunto “constituyen una clara herramienta que busca un uso potencial de la fuerza en persecuciones políticas y sociales, implementando sesgos racistas y discriminatorios”.
“La utilización de conceptos vagos como ‘operativo de prevención’, busca justificar requisas personales y con ellas, la violación de elementales derechos y garantías. La intervención policial ‘espontánea’ a pedido del Ministerio de Seguridad Nacional podría operar como un aval para irrupciones arbitrarias en protestas o actividades políticas”, concluyó la legisladora.
