Lo que comenzó como un ataque sistemático contra Gaza se ha transformado en una política regional de agresión, destrucción y desestabilización.
El gobierno de Netanyahu ya no se limita a la ocupación y el exterminio del pueblo palestino. Ahora bombardea iglesias, viola fronteras, ataca Estados vecinos, desobedece fallos internacionales y desafía el derecho internacional en su conjunto. La impunidad no sólo alimenta el genocidio, sino que extiende el conflicto más allá de Palestina, arrastrando al mundo hacia un abismo. Frenarlo ya no es solo una exigencia humanitaria: es una obligación global.
Lo que Israel ejecuta sobre el pueblo palestino no es una guerra, como insisten en llamarlo quienes buscan justificar lo injustificable. No hay dos bandos enfrentados ni condiciones de simetría. Lo que hay es un Estado con poder nuclear, respaldo de potencias y tecnología militar de precisión, desplegando todo su poder sobre un pueblo sitiado, empobrecido, desplazado y aislado del mundo. Lo que Israel perpetra desde hace años en Gaza es un genocidio sistemático, una política de exterminio progresivo, y lo que hoy ocurre es su profundización más brutal y peligrosa.
La política de Netanyahu
La cifra de muertos supera las 58.000 personas. La mayoría son civiles. Gaza ha sido convertida en un campo de ruinas, sin hospitales, sin escuelas, sin agua ni electricidad, sin corredores humanitarios, sin posibilidad de huida. No quedan zonas seguras. No hay infancia sin trauma. La destrucción de la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, donde murieron tres personas y fue herido el sacerdote Gabriel Romanelli, es apenas el símbolo más reciente de un régimen que ya no distingue entre combatientes, fieles, enfermos o bebés.
Pero la gravedad de la situación no se agota en Gaza. En las últimas semanas, el gobierno de Netanyahu ha intensificado una ofensiva militar transfronteriza, bombardeando zonas en Líbano, Siria, Irak, Yemen e incluso Irán. Sin autorización del Consejo de Seguridad, sin mandato multilateral, sin ninguna instancia diplomática previa. Es una estrategia de expansión por la vía de la violencia, que pone en peligro la estabilidad de toda la región y desafía abiertamente el derecho internacional. Esta política no es nueva, pero ha adquirido una escala descontrolada, alimentada por la impunidad y el respaldo de los actores que aún le garantizan cobertura política y militar.
Mientras tanto, las instituciones de justicia internacional intentan avanzar, pero sus decisiones son burladas con arrogancia. La Corte Penal Internacional mantiene las órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esta semana, rechazó el intento israelí de anularlas. La Corte Internacional de Justicia ya dictó medidas cautelares para frenar el genocidio y garantizar ayuda humanitaria, especialmente en Rafah, pero Israel las ignora sin consecuencias.
En paralelo, una parte fundamental de esta cadena de responsabilidades está en el suministro internacional de armas. Según reveló The Guardian, la empresa europea MBDA —principal fabricante de misiles— sigue proveyendo piezas clave de bombas utilizadas en Gaza, incluyendo las GBU-39, responsables de matanzas masivas de civiles, incluso niños. Algunos países como España, Bélgica, Italia o Canadá han suspendido ventas, pero se requiere un embargo total, inmediato y vinculante. La continuidad de estos envíos convierte en cómplices a gobiernos y corporaciones que saben perfectamente qué destino tienen esas armas.
Desde Bogotá, la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, reunió a representantes de más de 30 países para exigir una reacción internacional a la altura de este momento histórico: suspensión de acuerdos bilaterales, embargo de armas, sanciones individuales, ruptura de relaciones diplomáticas, y apoyo efectivo a los organismos internacionales de justicia. La hoja de ruta está trazada. Lo que falta es voluntad política y valentía moral.
Porque esto ya no es solo una crisis humanitaria. Es un punto de quiebre. Un régimen colonial, supremacista y criminal está desbordando las estructuras internacionales que debieran contenerlo. Netanyahu no actúa solo. Cuenta con cobertura, con financiamiento, con exportadores de armas, con gobiernos que lo legitiman, con empresas que lucran y con silencios diplomáticos que lo blindan. Y cada día que el mundo posterga una respuesta efectiva, el genocidio avanza.
Por eso, la comunidad internacional debe actuar ya, con urgencia, con contundencia y con coherencia. No alcanza con la condena simbólica. No alcanza con pedir moderación. Lo que se necesita es:
– Embargo total e inmediato de armas a Israel, sin excepciones.
– Suspensión de todo acuerdo de cooperación militar, tecnológica, económica o científica.
– Sanciones políticas y financieras a los responsables del genocidio, incluyendo congelamiento de bienes y prohibición de ingreso a territorios extranjeros.
– Retiro de embajadores y degradación de relaciones diplomáticas, hasta que Israel cumpla con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional.
– Sanciones a las empresas vinculadas al aparato bélico, en tanto actores que violan el derecho internacional humanitario.
– Garantía efectiva de asistencia humanitaria a Gaza, supervisada internacionalmente y libre de bloqueo.
Esto no es un conflicto regional. Es una amenaza global. Es el desmoronamiento de todos los consensos que alguna vez sostuvieron un orden jurídico internacional, imperfecto pero necesario. El principio de la libre determinación de los pueblos, la defensa de la soberanía de los Estados, el respeto a la protección de civiles en contextos de ocupación o asedio, todo eso está siendo demolido bajo los misiles, la propaganda y la impunidad.
El mundo tiene que ponerle un límite a Netanyahu.
La historia ya lo está juzgando.
Ahora le toca a la humanidad actuar.
