La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) expresó hoy su “rechazo” y “repudio” al pedido de persecución de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, contra los comunicadores Mauro Federico y Jorge Rial.
“Nuestra entidad observa con estupor la decisión de pedir allanar a los periodistas Federico y Rial tras la difusión de un audio de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el viernes pasado al parecer en la Casa Rosada”, indicó la entidad profesional.
“Resulta incomprensible y sumamente peligroso que funcionarios carguen contra la prensa, cuando por su labor deberían ser los que más cultiven la defensa de la libertad de expresión, protegida por la Constitución Nacional”, agregaron desde APeRA.
“APeRA pide a toda la dirigencia argentina se bajen los decibeles y no se apunten los cañones contra los periodistas sino que, por el contrario, respeten el derecho a la libertad de expresión y de publicar las ideas, y también la Constitución”, completaron desde la entidad.
Fallo judicial y el temerario planteo del Gobierno
El Gobierno nacional salió con todo hoy a reclamar medidas y obtuvo un fallo en tiempo récord. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta mañana la presentación judicial y, después del mediodía, posteó en sus redes sociales que el juez Civil y Comercial Alejandro Marianello ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los “audios grabados ilegalmente” a la hermana del Presidente presuntamente en Casa Rosada.
La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada.
Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.
Fin. pic.twitter.com/v1H1doG7jb
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
En sus fundamentos, el magistrado consideró que la decisión no implica una censura previa, debido a que se busca proteger “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos” por los audios restantes que, supuestamente, iban a ser revelados esta semana.
En paralelo, el abogado Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich, pidió el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, donde se difundió la gran mayoría del material de las últimas dos semanas, así como a su dueño y a los periodistas que encabezaron la revelación de estos audios.
Esta solicitud también llega al esposo de la diputada nacional Marcela Pagano, el abogado Franco Bindi, que es el principal apuntado por el Gobierno de realizar la supuesta operatoria de inteligencia que llevó a las grabaciones de Diego Spagnuolo y Karina Milei.
