Tras la presión de la Cámara de Casación Penal, el juicio por la denominada Causa Cuadernos tendrá dos audiencias por semana. Así lo especificó el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), por lo que a las audiencias de los jueves, se le sumarán una los días martes.
El aumento de audiencias semanales se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal convocara para el martes 18 a los jueces del TOF 7, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, para definir la organización del juicio por la causa Cuadernos, ante la gran cantidad de imputados y la complejidad del expediente.
La convocatoria fue definida en el Acuerdo de Superintendencia por los jueces de Cámara Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Angela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky. Ya en junio, los camaristas de la Sala I Diego Barroetaveña, Petrone y Hornos, habían ejercido presión sobre el Tribunal y recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones.
La presión ejercida por Casación va en línea con las necesidades de la agenda mediática de lawfare que tiene en el centro a Cristina Fernández de Kirchner. Y tuvo resultado. Sin embargo, en la audiencia del juicio de este jueves, a pesar de haber cedido a incrementar dos días de audiencias por semana, el TOF 7 informó que se encontraba “colapsado”.
Según comunicaron, en los últimos 90 días ingresaron “29 nuevos expedientes”, lo que colaboró con el colapso operativo del Tribunal y, debido a ello, solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que se lo dejara afuera del sorteo para encarar las declaraciones en nuevas causas. Sin embargo, ese pedido que fue rechazado y deberá continuar con sus tareas habituales.
Las indagatorias se llevarán a cabo en la sala de planta baja del Palacio de Justicia (Talcahuano 550) en la que estarán presentes el acusado, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella, el resto de las partes y el público. Como el sistema es bimodal, los otros actores estarán conectados por videollamada, a través de la plataforma digital Zoom.
En esta causa hay 86 imputados, la mayoría de ellos empresarios acusados de pagar las coimas (situación caratulada como “cohecho activo”) y alrededor de cien de abogados representantes.
