El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad llevó adelante una multitudinaria movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en donde sus referentes entregaron una nota dirigida al titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, en la que expusieron la “urgencia” de sus reclamos.
De la marcha fueron parte familias, trabajadores del sector, transportistas, profesionales e instituciones. Con pancartas y altavoces expresaron su “profundo malestar” frente al trato que reciben del Estado y la “preocupación” que atraviesan “por la crítica situación del sistema de atención a personas con discapacidad”.
El reclamo apunta a Lugones en su carácter de autoridad política de la que depende la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Al funcionario le peticionaron que “intervenga y convoque de manera inmediata al Directorio del Sistema Único de Prestaciones a fin de actualizar los aranceles”. Cabe aclarar que las autoridades del organismo no se reúnen desde octubre de 2024.
“Los aranceles que paga el Estado a los prestadores de servicios para personas con discapacidad están congelados desde diciembre de 2024 y acumulan un desfasaje del 73% respecto de la inflación. Esta situación pone en riesgo de corte de servicios a más de 250.000 personas con discapacidad”, indicaron desde el foro en la nota que le dejaron al ministro.
Prestaciones en peligro
Entre quienes peticionaron una respuesta hubo instituciones como Escuelas de Educación Especial, Centros de Día, Hogares, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Apoyo a la Inclusión Educativa y otras, además de transportistas que están cerrando o reduciendo sus servicios porque no les resulta rentable brindarlos.
En tanto, profesionales como psicólogos, terapistas, acompañantes terapéuticos, entre otros, “ya no pueden sostener su labor debido a los bajos honorarios”, expresaron desde el foro. “Las familias quedan sin apoyos, contención ni respuestas. La crisis ya es insostenible”, agregaron.
El planteo, asimismo, es por el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad “como respuesta estructural” a un escenario penetrado por la motosierra. Mientras, el foro mantiene su estado de alerta y movilización.
