Bárbara, su esposo Daniel y sus seis hijos viven en carpas porque les niegan asistencia para construir una vivienda debido a que “no son los dueños” del lote que el mismo Estado les había entregado años atrás. María Rosa perdió su casa y tres cabañas de alquiler que eran su única posesión y medio de vida pero solo le reconocen una y le conceden un subsidio que ni alcanza para media. Con 71 años, a Guillermo no le dan nada porque vivía en casas separadas dentro de un mismo terreno con su exesposa Alejandra, de 70 años, a la que sí le entregaron algunos materiales para una vivienda pero no trabajadores que la construyan.
Bárbara, María Rosa y Guillermo representan la situación por la que atraviesa la casi totalidad de los damnificados por el incendio de la localidad de Epuyén, Chubut, quienes a casi seis meses de la tragedia se encuentran sumergidos en condiciones de subsistencia, sometidos a trámites burocráticos interminables y, en muchos casos, a mendigar una asistencia que se les niega como si fueran enemigos de la sociedad.
“Nos humillan todo el tiempo, nos destratan, nos discriminan; lo que nos hacen es inhumano. Jamás se ponen ni por un minuto en el lugar de quienes lo hemos perdido todo y no nos queda nada”, denuncian.
Hasta ahora son pocos los que han podido avanzar significativamente en la reconstrucción de viviendas. La mayoría se encuentra en condiciones de suma precariedad para enfrentar el invierno que en esta zona se traduce en fuertes lluvias, nevadas intensas y temperaturas que descienden hasta los diez o 12 grados bajo cero por las noches de julio y agosto.
El avance en las construcciones se debe mayormente a la solidaridad de voluntarios que colaboran en la construcción. Se llaman “mingas”, y son una práctica ancestral de trabajo colaborativo en beneficio de la comunidad. En sus redes sociales los damnificados (@reconstruyendoepuyen) publican periódicamente los cronogramas de mingas para organizar la participación.
A la falta de recursos del Estado se sumó ausencia de contención psicológica y emocional para decenas de personas que estuvieron a centímetros de perder la vida mientras veían como todo lo construido se carbonizaba ante sus ojos. Sólo hubo un acompañamiento de las trabajadoras sociales del Hospital local que resultó insuficiente ante la magnitud de la tragedia.
El incendio estalló a mediodía del 15 de enero en inmediaciones del Lago Epuyén, se expandió veloz por una plantación abandonada de pinos y terminó por arrasar con 76 viviendas, unas cuatro mil hectáreas de bosques, y millares de ejemplares de fauna nativa.
Con las cenizas todavía humeantes, lo primero que hizo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue culpar a las comunidades mapuches y después prometer que los damnificados recuperarían absolutamente todo lo perdido. Pero nada de eso fue verdad, y tras meses de abandono el gobernador reapareció por sorpresa en Epuyén la noche del 14 de mayo, en compañía de su ministra de Desarrollo Humano, la experonista Florencia Papaiani, y del senador nacional peronista Carlos Linares. Los damnificados contaron a Tiempo que esa noche hubo un apagón generalizado en el pueblo, y no por sectores como suele suceder.
La delegación se fotografió en una vivienda en construcción y recibió a sólo tres víctimas del fuego, que dos días antes habían viajado a la capital provincial Rawson para reclamar ante la Casa de Gobierno por la falta de respuestas y la ayuda insuficiente.
En ese breve y tenso encuentro nocturno, Torres volvió a llenar la mesa con una docena de promesas que, un mes y medio después, nuevamente se convirtieron en mentiras incumplidas. Solo se verificó una, y en parte: juró prolongar la asistencia alimenticia hasta enero de 2026, pero el documento que le enviaron a las víctimas solo habla de tres meses.
Ayuda hubo poca pero dinero hubo mucho. El gobernador había recibido 7 mil millones de pesos del Gobierno nacional la primera semana de febrero para atender la “emergencia ígnea”, pero en menos de 48 horas desvió esos fondos hacia otros destinos a través del decreto 80/25 que ocultó el dinero en nueve partidas cuyo uso quedó a discreción de altos funcionarios, según surge de los pedidos de informes formulados por la legisladora provincial peronista Norma Arbilla, y su colega Santiago Vasconcelos, del FIT.
Tras analizar el decreto y sus anexos a pedido de este medio, la exministra de Economía de Chubut, Gabriela Dufour, concluyó que la modalidad adoptada por Torres buscaba impedir la trazabilidad de los fondos y ocultar su verdadero destino.
Así fue que solo dos mil de los 7 mil millones pesos tuvieron como destino declarado a Epuyén, y cinco meses después de su llegada solo se ha utilizado alrededor del 60 por ciento.
El gobierno provincial había asignado 20 millones de pesos para reconstruir su vivienda sólo a quienes comprueben ser propietarios de la tierra, y nada más que para una casa por terreno aunque se hayan quemado varias en un lote. Nada recibieron los inquilinos o quienes vivían en una ocupación precaria.
También había remitido una asistencia básica fija de apenas 350 mil pesos por familia por cuatro meses para la compra de alimentos sin diferenciar cantidad de miembros, y una cifra igual por el mismo lapso para alquilar una vivienda.
Seis meses después del incendio, hay víctimas que aún viven en carpas, la mayoría no pudo terminar una casa por la insuficiente ayuda estatal pese a que la provincia recibió fondos nacionales que desvió hacia otros destinos. «
Sobrevivir en una cabaña prestada
Ambos jubilados, Guillermo y su exesposa Alejandra sobreviven en una cabaña monoambiente que les prestó el Municipio de Epuyén por unos meses hasta poder reconstruir sus dos viviendas. Pero eso será imposible bajo las condiciones impuestas por el Gobierno provincial.
Desde la separación, vivían en dos casas diferentes dentro de un mismo terreno que fue arrasado por el incendio. Como la tierra estaba a nombre de Alejandra, sólo ella recibió un voucher por 20 millones de pesos para comprar materiales de construcción.
Uno de los tantos problemas es que el Gobierno provincial se niega a pagar la mano de obra para construir las casas precarias que se pueden hacer con ese monto. Y, además, a sus 70 años Alejandra no sabe levantar paredes o subir a un techo para clavar las chapas. Tampoco lo podría hacer con la ayuda de Guillermo, quien tiene un año más que ella.
Gracias a las donaciones y al trabajo de voluntarios, Guillermo logró montar un pequeño taller de 20 metros de madera y chapa que funciona como obrador para proteger herramientas y materiales, pero que en pocas semanas deberá ser su casa permanente cuando tenga que devolver la pequeña cabaña municipal. Y, tal vez, también la de Alejandra, condenados como están ambos por el abandono gubernamental.
«Nos han convertido en personas obligadas a pedir»
María Rosa no recuerda la última vez que durmió una noche entera. Ahora se despierta cada madrugada por la angustia de no saber qué comerá cuando dentro de tres meses le corten el subsidio alimenticio de 350 mil pesos del gobierno provincial.
A sus 56 años, el incendio de enero carbonizó su casa y las tres pequeñas cabañas de alquiler que eran toda su posesión y medio de vida, que edificó durante los 27 años que lleva en Epuyén. En ese lugar sólo hay escombros, árboles muertos y tierra quemada. “Es lo que construí toda mi vida y ahora estoy en cero”, lamenta.
Entre sus tantas mentiras, el gobernador chubutense Ignacio Torres había prometido que a los 76 damnificados les restituirían todo lo perdido, pero la realidad resultó ser otra y muy diferente.
María Rosa es sólo uno de los muchos casos de quienes perdieron más de una vivienda pero Torres sólo les reconoce un subsidio de 20 millones de pesos por título de propiedad de la tierra, aun cuando se tratara de familias extendidas que habitan un mismo terreno, viviendas de alquiler o condominios.
“Nadie se pone en el lugar de una persona que ya no tiene de qué vivir. Nos han convertido en personas obligadas a pedir”, reclama y recuerda que la provincia recibió 7 mil millones de pesos por el incendio, pero sólo asignó cerca del 15% a las víctimas de Epuyén.
Con el subsidio, pero gracias a donaciones y colaboración de voluntarios, está por terminar una pequeña cabaña rodeada de cenizas en su terreno de La Rinconada, la zona que fue epicentro del fuego.
Pero el dinero sólo alcanzó para techo, paredes, puertas y ventanas, y por un buen tiempo no tendrá ni cocina ni muebles ni desagües de aguas grises y negras.
Tampoco estufa tendrá María Rosa, cuando el invierno ya llegó con temperaturas bajo cero y se pronostica para esta semana que la nieve comenzará a caer abundante sobre los cerros de Epuyén.
Abandono y apriete policial
Bárbara, su marido Daniel y seis de sus siete hijos sobreviven en carpas, cocinan a leña, se visten con ropa donada y hasta se alimentan los ocho con un subsidio estatal de apenas 350 mil pesos mensuales que reciben por igual todas las familias, sin diferenciar la cantidad de miembros.
Ellos son los Rodríguez-Fernández y representan el extremo más claro y brutal de la degradación impuesta por la impericia y el abandono del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobre los 76 damnificados del incendio de Epuyén.
Cuando hace rato que las lluvias arrecian y las temperaturas bajaron de cero, la familia vive en dos carpas, una construcción de 25 metros con dos paredes de madera y dos de polietileno, y una pequeña casa aledaña, propiedad provincial, en la que se amuchan cuando el clima empeora drásticamente.
Cocinan a leña en una vieja “económica” de fundición de hierro y preparan los alimentos por ahora a la intemperie en una mesada improvisada sobre una pila de ladrillos.
El fuego les llevó la casa, el auto viejo, un pequeño taller y granero donde alojaban a un puñado de chivas y ovejas. Ambos, Bárbara y Daniel, son trabajadores cuentapropistas que perdieron las herramientas e insumos laborales por el incendio.
Pese a todo ello, Torres les niega el subsidio de 20 millones de pesos en materiales de construcción porque, aunque suene paradójico, les dice que no son los dueños de un terreno que años atrás la propia Municipalidad de Epuyén les había entregado en propiedad al cabo de un prolongado conflicto.
Por el contrario, el Estado sí se encargó de desplegar en su domicilio un desmesurado operativo policial para obligar a Bárbara a notificarse de una denuncia penal por “Agresión” radicada por el secretario de Acción Social del Municipio, Jorge Mardini, tras una airada discusión pública en la que ella exigía asistencia para sus seis hijos, entre los cuales hay dos adolescentes escolarizados de 14 y 17 años.
