Este miércoles pasado el mediodía, el Tribunal Oral Federal 5 realizó una audiencia para escuchar a sobrevivientes del centro clandestino de detención de la ESMA y familiares de víctimas sobre los pedidos de prisión domiciliaria de los represores Adolfo Donda y Alberto González y de libertad condicional de Jorge Rádice.
Los tres fueron encontrados culpables en varias causas por crímenes de lesa humanidad en la ESMA: Donda tiene dos condenas a perpetua y una a 15 años de prisión por haber entregado a su sobrina, Victoria Donda, para que fuera apropiada; González tiene también dos condenados a perpetua en ESMA II y ESMA Unificada y una a 21 años de prisión por delitos sexuales contra detenida-desaparecidas; y Rádice tiene 2 condenas a perpetua y una causa pendiente de juicio junto a su hermana por el robo de bienes de sus víctimas.
A partir de la ley de víctimas, tras el pedido de domiciliaria y de libertad condicional, el TOF 5 consultó la opinión de quienes fueron afectados por los crímenes de estos genocidas, por lo que en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py se reunieron una decena de sobrevivientes de la ESMA y de familiares de desaparecidos para rechazar el acceso a esos privilegios. La audiencia, que comenzó más de una hora después de lo convocado, estuvo a cargo del juez Daniel Obligado.
Cansados por la espera y por tener que contar una y otra vez lo que sufrieron sobre sus cuerpos o los de sus seres queridos, estuvieron en la sala las y los sobrevivientes Miguel Angel Lauletta, Carlos Loza y Carlos Lordkipanidse, y también Graciela Lois, Patricia Walsh, Cristina Muro y su hijo Carlos Miguel Chiappolini y Laura Villaflor. Mientras que otro grupo de víctimas y familiares siguió y dió su opinión por videoconferencia, como Silvia Labayrú, Ana Testa, Virginia Franco Sadi, Ana María Careaga, Ricardo Coquet, Cristina Aldini, Lidia Vieyra, Horacio Peralta, Ana Soffiantini, Daniel Tarnopolsky, Margarita Noia, Silvia Fontana y Rut Fukman.
Todos coincidieron en señalar la falta de control que tendrían si son enviados a domiciliaria o liberados y el riesgo y el miedo que implica que puedan circular por los mismos lugares que quienes los secuestraron, torturaron, violaron y desaparecieron a sus compañeros y familiares. Destacaron también la falta de arrepentimiento y que nunca aportaron información sobre el paradero de los cuerpos o de los nietos y que aún tienen causa pendientes de juicio, por lo que se podrían dar a la fuga.
“Fueron condenados a penas gravísimas por las declaraciones de los sobrevivientes en los juicios y van a vivir en las mismas ciudades. Estamos en un serio peligro porque no se han arrepentido de nada y nos odian. Están llenas de odio y se convierten en peligro para los sobrevivientes y para su propia familia”, señaló Labayrú y recordó que González, condenado por los abusos sobre ella y otras secuestradas, la llevó para ser violada a su domicilio donde estaba su hija, que tenía apenas un año.
“Creo que es inaplicable una prisión domiciliaria. Si eventualmente conceden estos beneficios, yo como sobreviviente exijo que me digan el domicilio de estos tres individuos porque nos tendríamos que proteger. Es imposible que me encuentre en la calle con el señor González, es una aberración”, aseguró.
Lois, dirigente de Familiares, recordó que su marido, Ricardo Lois, fue víctima en el período en el que Donda era el jefe de los operativos. “Entiendo que todavía está cometiendo un delito porque nunca habló del destino de los desaparecidos y de los niños apropiados. Nunca se arrepintió y como familiares seguimos sin saber absolutamente nada#, sostuvo y agregó que el ex marino pretender continuar realizando tareas de “seguridad” mientras esté con prisión domiciliaria: ”Quiere poner una agencia de seguridad desde su domicilio, o sea que volvería a hacer lo que sabe hacer, que es perseguir, vigilar, por esa misma razón me niego a que estén en su domicilio, donde nadie puede controlarlos”.
Walsh, por su parte, se refirió a Radice, condenado por el secuestro y desaparición de su padre, Rodolfo Walsh, así como por el robo de sus bienes y de su obra literaria, como su cuento inédito “Juan se iba por el río”. Patricia recordó que esa obra, tras pasar por la ESMA, “fue llevada a una casa ubicada en Zapiola y Jaramillo donde se instaló una sucursal de la ESMA”, y que la propiedad estaba a nombre del padre de Radice.
“Acá tenemos al genocida y también ladrón que pide la libertad sin que los probados crímenes y las condenas se puedan seguir cumpliendo donde debe ser, en la cárcel. Agrego además que el solicitante ha expresado la voluntad de vivir en la casa de su hermana menor, la contadora Radice. Se trata de la misma persona acusada y procesada de haber despojado de bienes a las víctimas de la ESMA”, añadió la ex diputada, quien expresó que “otorgarle un beneficio a genocidas como si fuera un perdón merecido que jamás pidieron, por favor no. Ojalá se escuche, ojalá se tenga memoria, ojalá decidan bien, con verdad y justicia”.
“Siento un terrible desamparo si es que el tribunal decide otorgar estos beneficios a estos genocidas. Siento no solo desamparo, sino miedo, inseguridad.Temo por mi seguridad y la de mis hijos, porque con lo que nos costó esta situación, detener a los genocidas que estaban sueltos en la calle, que pueda volver a pasar en este contexto, con el avance de la impunidad, visitas de diputados, realmente siento que estamos en peligro. Solicito que esto no suceda. No quiero que mis hijas y mi hijo se crucen en la calle. me parece inadmisible”, dijo Virginia Franco Sadi, hija de Marisa Sadi y Manuel Franco.
Laura Villaflor, hija de Raymundo Villaflor, fue la última en tomar la palabra en la sala de audiencias y resaltó que estos represores ya están en una condición de privilegio en el “Sheraton” de Campo de Mayo y que nunca cumplieron la pena en una cárcel común, siempre lo hicieron en pabellones diferenciados, con mejores condiciones.
La más joven de los familiares aseguró que no espera una disculpa de los represores. “Semejante salvajismo no se redime con disculpas, nada redime de delitos innombrables de las peores películas de terror”, explicó.
“Me niego a tratar de humanizar y esperar disculpas o redención de Donda, quien entre tantas imputaciones tiene prisión perpetua por el homicidio de mi viejo después de tenerlo tres días en una sala de torturas sin que pueda salir de ahí. Me pregunto si a mí o a cualquiera de nosotros nos serviría un arrepentimiento o decirme donde están los huesos de estos muertos, de los que no hemos conseguido ni un fémur”, sostuvo.
“Lo que queremos construir es una democracia y no puede construirse en la base de la impunidad y no se puede pensar la democracia sin justicia. Y acá está la base de la discusión. El único lugar para un genocida es la cárcel común”, cerró.
Tras escuchar a los presentes en la sala y a quienes hicieron su aporte a la distancia, el TOF 5 dio tiempo hasta el viernes para quienes quieran sumar por escrito argumentos en contra de los pedidos de morigeración de la pena de los represores. Luego, sus opiniones serán transmitidas a las partes, defensas, querellas y fiscalía, para continuar con el proceso. Además de la opinión de las víctimas, se tiene en cuenta los informes periciales sobre sus estados de salud, los informes socioambientales sobre la conducta de los condenados y los riesgos que implica que reciban estos beneficios, como una posible fuga.
