Nahuel Levaggi fue presidente del Mercado Central, y actualmente es coordinador nacional de la UTT y vocero de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA). En diálogo con Tiempo Argentino analiza las consecuencias del ajuste sobre el INTA, el modelo agroalimentario, las retenciones y la necesidad de fortalecer las organizaciones comunitarias para enfrentar lo que define como una “ofensiva de crueldad”.
–¿Qué significa para la UTT lanzar la campaña “Frente a la crueldad, construimos comunidad”?
–La campaña surge como una respuesta positiva frente a la ofensiva neoliberal y cruel, al plan de negocios que está imponiendo el gobierno. Un plan que disfraza una concentración económica brutal con una batalla cultural que, en el fondo, busca distraernos: mientras discutimos los insultos de Milei, avanzan con un modelo que pone al Estado al servicio de los sectores especulativos. Frente a ese escenario, donde la crueldad y el autoritarismo se transforman en moneda corriente y buscan construir legitimidad en base al miedo y el sálvese quien pueda, nosotros proponemos comunidad. Lo hacemos con el cuerpo en las luchas y también compartiendo lo que producimos, el alimento, como forma concreta de demostrar que otra sociedad no solo es posible, sino urgente.
– En este contexto, ¿cómo se reconfigura la lucha del campesinado y qué rol cumplen las organizaciones populares en el campo?
– Estamos ante un avance neoliberal integral, donde todo, tanto los territorios, los bienes comunes y los alimentos, se vuelven mercancía. Ante eso, defender el territorio para la producción de alimentos se vuelve central. Y no se trata solo de producir, sino de hacerlo con y para el pueblo. Eso implica compartir el fruto de nuestro trabajo con quienes lo necesitan. También estamos inmersos en una infodemia, donde todo es discurso y fake news. Pero cuando hay que parar la olla, la materialidad se impone. Por eso, nuestra tarea es producir y garantizar el alimento como un acto político, como forma de construir una realidad alternativa concreta.
– ¿Qué lectura hacen del modelo agroalimentario que impulsa Milei y qué consecuencias ven en los territorios?
– En realidad, Milei no tiene un modelo agroalimentario. Tiene un plan de negocios donde el alimento no es un derecho, es una mercancía. Lo que está haciendo es liberar todas las reglas en favor del agronegocio y de quienes buscan maximizar ganancias sin ninguna regulación. Esto va de la mano con el retroceso del Estado en acompañamiento y control: destruyen el INTA, el INAFCI, y eliminan normas que garantizaban inocuidad y trazabilidad, muchas veces porque “a algún amigo le molestan”. Ese tipo de decisiones se repiten en todos los rubros.
– ¿Cuál es el balance que hacen de la baja temporaria de retenciones? ¿Cree que Milei cumplirá con la promesa de eliminarlas por completo, como reclama la Mesa de Enlace?
– Es imposible que Milei lleve las retenciones a cero. No solo sería injusto y regresivo en términos de redistribución, sino que es inviable fiscalmente. Las retenciones son una fuente clave de ingresos para el Estado. La Mesa de Enlace se reunió con el gobierno y ni siquiera defendieron al INTA, una institución donde tienen representación. Eso muestra que, ideológicamente, están más alineados con Milei que con los intereses del propio sector que dicen representar. La realidad es que, económicamente, les fue mejor con Cristina que con este gobierno.
– ¿Cuál es la propuesta de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) en materia de retenciones?
– La MAA propone una segmentación: los productores de hasta 300 toneladas deberían recibir el 100% de devolución; hasta 600, el 80%; hasta 900, el 60%; hasta 1200, el 40%; y hasta 1500, el 20%. Quien produce más que eso, no recibe devolución. No es que se devuelve por tramos: al que más tiene, hay que cobrarle más; al que menos, menos. Y no solo proporcionalmente, sino progresivamente. De hecho, presentamos un proyecto de ley con esa lógica.
Foto: Mariano Martino
– ¿Qué quiere hacer el gobierno con el INTA? ¿Achicarlo, vender sus tierras, cerrarlo?
– No buscan cerrarlo, sino reducirlo al mínimo y ponerlo al servicio del agronegocio. Su idea es que el conocimiento generado por el INTA se transfiera directamente a los sectores concentrados del agro y financieros. Es una disputa ideológica, no fiscal: no se trata de cuántos trabajadores tiene el INTA, sino de qué rol cumple el Estado. Quieren que el INTA deje de trabajar con pequeños productores y se convierta en una fábrica de conocimiento aplicado al negocio, sobre todo en áreas como genética, fitosanitarios y agrotóxicos. La venta de tierras entra en esa lógica: no mueve la aguja fiscal, pero es parte del saqueo general.
– ¿Qué desafíos ven hacia adelante y qué formas de organización creen necesarias para disputar otro modelo de país desde el campo que alimenta?
– Tenemos que construir la realidad que queremos. En un contexto de infodemia, donde los discursos vacíos circulan por todos lados, la materialidad va ganando peso: cuando el bolsillo no alcanza, la gente se da cuenta. Ante eso, las organizaciones debemos resistir, asistir y proponer. Nuestra propuesta es comunidad. La mostramos en hechos concretos, compartiendo el fruto de nuestro trabajo. No hay que moderar el discurso. No porque se crea que la sociedad se haya derechizado vamos a abandonar la consigna del bien común. Lo que hay es un desgaste del discurso progresista que no generó respuestas materiales. Entonces, hay que volver a hablar de solidaridad, pero con hechos, no solo palabras. Y en ese camino, también tenemos que defender las estructuras estatales que ayudan al campo popular, como el INTA. Hay que resistir, construir, estar codo a codo con los sectores más golpeados y seguir proponiendo otra forma de vivir. «
