El Senado de Brasil aprobado a última hora de este miércoles el proyecto de ley que reduce las penas de los condenados por su participación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que ya comenzó a cumplir su pena de más de 27 años de cárcel. El principal objetivo era quien asumía entonces el poder y continúa hoy en el Palacio del Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, que podría vetar esta propuesta.
Con 48 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la Cámara Alta brasileña aprobó el conocido como proyecto de ley de dosimetría, en alusión al principio de proporcionalidad penal. La norma facilitaría que los condenados cumplieran, por norma general, con poco más del 16 por ciento de la condena, según recogió la propia agencia del Senado.
Asimismo, en determinadas circunstancias, los reos completarían entre el 20 y el 70 por ciento de sus penas en función de su encaje en alguno de los diez casos esbozados, que incluyen la pertenencia a organización criminal, la reincidencia o la comisión por primera vez de delitos como el feminicidio.
La llegada del texto al Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados levantó dudas a ambos lados del espectro político por la posibilidad de que la ley beneficiase a los condenados por delitos violentos no enmarcados en el intento de golpe de Estado, un temor reconocido por el relator del proyecto en la Cámara, Esperidiao Amin -de la formación derechista Progresistas-, quien señaló que era necesario introducir un cambio.
ABSURDO! O Senado ataca a democracia e vira as costas para o povo, aprovando a anistia para os golpistas, que o povo já mostrou nas ruas que rejeita. Senadores fazem um convite para que criminosos tentem dar um novo golpe de estado no país. Vergonha!
SENADO INIMIGO DO POVO pic.twitter.com/JgdKPN1vWs
— Mari Lacerda (@MariLacerdaPT) December 18, 2025
En este contexto, Amin aceptó una modificación para limitar el impacto de las reducciones a los implicados en la citada trama, pero lo trató como una enmienda de redacción y no de fondo, lo que habría devuelto el texto a la Cámara de Diputados.
De este modo, el responsable de la propuesta en el Senado defendió la norma argumentando que busca «corregir distorsiones» por una mano judicial «demasiado severa».
Amin afirmó que el proyecto es el primer paso hacia una futura amnistía, pero ha defendido que «la narrativa de que se trata de un ‘amplio blindaje’ o cualquier otra expresión similar no es cierta».
Tras su aprobación en ambas cámaras, la propuesta pende de la sanción por parte del presidente Lula, de quien se espera que vete la ley, según medios como el grupo Globo o el diario ‘Folha’.
BB con Europa Press
