El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su política de desmantelamiento de la estructura pública con la oficialización de las resoluciones 498, 499 y 500. A través del Boletín Oficial, se anunció la subasta pública de tres predios estratégicos que pertenecían al disuelto programa PROCREAR, marcando el inicio de una liquidación sistemática de activos estatales destinados originalmente al desarrollo social.
La medida afecta a terrenos de alto valor: la Estación Buenos Aires en CABA (con una base de US$ 2.977.941), el predio Parque Federal en Santa Fe (US$ 3.649.310) y una vasta superficie de casi 50.000 m² en Paraná (US$ 966.187). Bajo la modalidad electrónica de COMPR.AR, estos activos dejan de ser herramientas de política pública para convertirse en mercancía al mejor postor.
Desde la Casa Rosada justifican este remate basándose en un informe de la SIGEN que señala deficiencias administrativas y demoras. Sin embargo, detrás de la retórica de la «eficiencia» y la «transparencia», se esconde la renuncia del Estado a garantizar el derecho a la vivienda. Al transferir estas tierras al sector privado, el Gobierno desliga su responsabilidad de los desarrollos interrumpidos, delegando en la rentabilidad empresarial lo que antes era un proyecto de integración urbana para miles de familias.
Esta entrega de tierras no es un hecho aislado, sino el preludio de nuevas subastas anunciadas para las próximas semanas. En un contexto de profunda crisis habitacional, la estrategia oficial prioriza el «orden» de activos y el negocio inmobiliario sobre la urgencia social, transformando antiguos sueños de casa propia en simples partidas de un balance contable.
