El presidente Milei, un muppet cruel al servicio de los piratas de siempre, y sus versiones locales —copias baratas del macrismo como el primo Jorge— aplican una lógica conocida: perseguir y quitar herramientas de trabajo a quienes viven de la vía pública para garantizar los negocios de unos pocos. Cuando esta verdad se denuncia desde el campo popular, suele recibir apoyo y difusión. Pero vale preguntarse algo incómodo: ¿Qué pasa cuando quienes hacen lo mismo se dicen oposición?
En Quilmes se está por aprobar una ordenanza que entrega el control total del estacionamiento medido a un único privado. Uno solo. El procedimiento no es casual: una sesión extraordinaria convocada para el 22 de diciembre, dos dias antes de Nochebuena, con la ciudad distraída y el debate público apagado. Menemismo en estado puro. Antes privatizaban el petróleo, ahora privatizan el estacionamiento.
El argumento es la recaudación. Siempre lo es. Y nadie niega que el municipio necesite recaudar. Pero recaudar no puede ser sinónimo de concentrar negocios ni de expulsar a trabajadores. Si se va a recaudar, que sea para mejorar la vida de todos los vecinos y vecinas, no para beneficiar a un empresario solitario con nombre y apellido.
Existen otras formas de organizar el estacionamiento medido. Formas más amplias, más justas, que generen orden y trabajo formal, incorporando a quienes hoy ya realizan esa tarea: los cuidacoches. Integrarlos a un sistema con reglas claras, derechos y obligaciones no solo dignifica el trabajo, también reduce conflictos, mejora la convivencia y facilita los reclamos dentro de un marco legal. Es infinitamente mejor discutir con normas que resolver todo a los gritos, la prepotencia o la grúa.
¿Y qué ofrece el privado como “innovación”? Una aplicación de celular. Nada más. Un software que cobra. Los cuidacoches, en cambio, además de aportar a la recaudación municipal, cuidan efectivamente los vehículos, muchos los limpian y brindan una contraprestación real a quienes usan las calles céntricas. Hay presencia humana, hay vínculo, hay servicio.
El proyecto que incorpora a los cuidacoches propone una política pública que reparte beneficios: orden urbano, trabajo, recaudación y derechos. El otro es un curro clásico: comprar una app, montar un negocio cautivo y llevarse la renta. Una basura informática que no hace más que cobrar.
No sabemos si es Mayra Mendoza u otra persona quien empuja esta ordenanza. Pero está mal. Está mal política y éticamente. Y está peor todavía en un contexto donde el ajuste nacional ya golpea fuerte y donde los de arriba no la están haciendo precisamente fácil.
Privatizar la calle no es modernizar. Es repetir, en escala municipal, el mismo modelo que ya fracasó. Y esta vez, ni siquiera pueden decir que no sabían.
