En un movimiento que evoca los métodos de censura más directos, el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, ha decidido cruzar un límite peligroso en la relación con la prensa independiente. Mediante el envío de cartas documento, la cartera oficial busca forzar la retractación de periodistas y medios, alegando una supuesta «desinformación» que, curiosamente, solo parece manifestarse cuando las investigaciones no favorecen el relato oficial.
El comunicado del ministerio intenta disfrazar este acto de amedrentamiento como un ejercicio de «transparencia». Sin embargo, el uso del aparato estatal para perseguir legalmente a quienes cuestionan la gestión de Pettovello revela una vocación de disciplinamiento ajena a los estándares democráticos. La pretensión de que el Estado sea el único árbitro de lo que es «verificable» es, en esencia, un intento por imponer una verdad oficial incuestionable y asfixiar el debate público.
Esta ofensiva no es un hecho aislado. Se inscribe en un patrón de hostigamiento sistemático liderado por el propio Javier Milei, quien en lo que va del año ya ha judicializado su relación con la prensa mediante denuncias contra figuras como Carlos Pagni, Viviana Canosa y Jorge Rial, entre otros. La estrategia es clara: si la crítica molesta, se utiliza el lawfare para desgastar al emisor. Mientras el Gobierno pregona una libertad que parece terminar donde empieza la disidencia, el periodismo argentino enfrenta un escenario de hostilidad institucional que pone en jaque el derecho de la sociedad a estar informada sin condicionamientos oficiales.
NA
