La escena en el Consejo de Seguridad de la ONU fue de máxima tensión. Convocado urgentemente a solicitud de Colombia y con el firme respaldo de Moscú y Beijing, el organismo debate si la incursión armada de Estados Unidos en territorio venezolano, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, violó flagrantemente la soberanía nacional y los principios fundamentales de la Carta de la ONU. La acción ha puesto al sistema multilateral al borde del colapso.
Desde Nueva York, el representante venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció con vehemencia lo que calificó como un acto de guerra colonial y un secuestro ilegal, argumentando que el objetivo real detrás de la operación es el control de las vastas reservas energéticas del país sudamericano. Sus palabras resonaron en un hemiciclo profundamente dividido.
Frente a estas acusaciones, el gobierno de Washington se alista para justificar su ofensiva. Según pudo conocerse, la administración estadounidense planea ampararse en el artículo 51 de la Carta de la ONU, invocando la legítima defensa ante una presunta amenaza narcoterrorista inminente por parte del régimen de Maduro. Este argumento jurídico es visto con escepticismo por gran parte de la comunidad internacional.
Un juicio viciado más allá de la ONU
Mientras la diplomacia se enfanga en disputas, el proceso judicial avanza en Manhattan. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, están programados para comparecer ante un tribunal federal, donde enfrentarán una lectura formal de cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo. Su futuro legal se define en una corte bajo un operativo de seguridad extremo, lejos de su país y en medio de un proceso que muchos consideran viciado de origen.
La fractura provocada por la acción unilateral de Estados Unidos es palpable en el continente americano. La Organización de Estados Americanos, convocada a una sesión extraordinaria, intenta infructuosamente trazar una hoja de ruta común, mientras países como Argentina y El Salvador aplauden la caída de Maduro, y otros como México y Brasil condenan enérgicamente el uso de la fuerza y la violación de la soberanía. La CELAC, por su parte, evidenció su irrelevancia al fracasar en lograr un consenso mínimo.
En Caracas, la inestabilidad reina. Las calles son escenario de protestas de simpatizantes chavistas que exigen la libertad de su líder, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al frente de un gobierno debilitado, intenta una desesperada maniobra de distensión ofreciendo una agenda de cooperación a Washington. El temor a una escalada militar y a nuevas capturas planea sobre una nación bajo conmoción, cuyo destino inmediato se decide ahora entre tribunales extranjeros y salones diplomáticos.
