Con el anuncio de la nueva ley de amnistía, que puede alcanzar a miles de detenidos, y el cierre del emblemático Helicoide, el gobierno interino de Delcy Rodríguez avanza en una serie de transformaciones impensadas hace apenas unos meses, que parecen apuntar a ganar solidez política e institucional en un escenario condicionado por la tutela militar y económica de los Estados Unidos, tras la captura el pasado 3 de enero del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ordenada por Donald Trump. Algunas de estas acciones fueron valoradas por organizaciones políticas y humanitarias. Otras, como la ley de Hidrocarburos, presentan dudas en algunos sectores, que lo ven como una pérdida de soberanía. No obstante, en su discurso, Rodríguez plantea la independencia de sus decisiones y el rechazo a la injerencia trumpista. “Ya basta de órdenes de Washington», reclamó en un acto reciente. También se encargó de destacar que todas las gestiones de su gobierno encargado están en sintonía e incluso consensuadas con el presidente Maduro, en unas conversaciones aparentemente previas a su captura o producidas a través de interlocutores. Entre esas acciones se destaca la liberación masiva de presos políticos, un reclamo que se había instalado internacionalmente.
Esta semana, la ONG venezolana Foro Penal celebró que más de 700 detenidos fueron excarcelados desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero. Si bien denuncia que aún hay más de 11.000 personas con restricciones «arbitrarias» de su libertad, la organización confirmó la liberación de 711 personas, «incluido un grupo de nuevos registros verificados por Foro Penal que no habían sido reportados por sus familiares por distintos motivos como el temor a represalias».
El grupo incluye 617 hombres y 94 mujeres, todos adultos a excepción de un «adolescente», indicó la ONG, que también registra 65 extranjeros entre ellos. Solo 183 de los presos tenían una condena en su contra, agregó Foro Penal.
El jueves último, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma a la ley de hidrocarburos que abre al sector privado la explotación petrolera, una producción que según Rodríguez en 2025 alcanzó “1.200.000 barriles diarios”. La reforma de 35 artículos permite las inversiones extranjeras en la industria energética de Venezuela, algo aprovechado por Estados Unidos, cuyo Tesoro emitió ese mismo día una licencia que permite a las entidades estadounidenses participar en «todas las transacciones prohibidas por el reglamento de sanciones a Venezuela, incluidas aquellas en las que participen el Gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) o cualquier entidad en la que PdVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o superior”. La presidenta sostuvo que las remesas petroleras se destinarán a beneficios sociales, laborales y de salud. En ese marco se acaba de dar la designación de la médica y científica, Isabel Iturria, quien fuera ministra de Hugo Chávez, como Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud.
La reforma sin embargo fue criticada por algunos sectores de la izquierda venezolana. El exministro de Comunicación e Información durante el gobierno de Hugo Chávez, Andrés Izarra, señaló que con la ley el país conserva “la propiedad nominal del subsuelo. Pero perdimos el control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda como República”, publicó el sitio aporrea.org. “Perdimos, sobre todo, la capacidad de decidir. Que es otra forma de decir: perdimos la soberanía”, escribió Izarra.
En este contexto, EEUU repuso de forma unilateral la reapertura del espacio aéreo comercial con Venezuela, algo que fue bien visto por el gobierno bolivariano.
El anuncio de mayor impacto tuvo lugar este sábado, cuando Rodríguez anunció que elevará al Congreso en carácter de urgente una ley de amnistía general que cubra todo el período “de violencia política de 1999 al presente”. En el mismo acto anunció también el cierre de las instalaciones de El Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para su reconversión un espacio cultural y deportivo. Según se pudo conocer, el proyecto puede alcanzar a cerca de 20.000 encausados, en cálculos de organizaciones, pero plantea excepciones claras en sintonía con la Constitución, para aquellos acusados de delitos de lesa humanidad, homicidio calificado, corrupción y tráfico de drogas. Estos no podrán ser amnistiados, sea cual fuere el contexto político.
