En la clasificación que mide la transparencia y la corrupción en el sector público, la Argentina descendió del puesto 99 al 104, según el último relevamiento de Transparency International correspondiente a 2025. Con una puntuación de 36 sobre 100, el país quedó por debajo de naciones como Lesoto, Gambia y República Dominicana, y comparte posición con Ucrania y Belice en un universo de 182 países evaluados.
El índice, considerado un termómetro global en la materia, se elabora a partir de la opinión de especialistas y referentes del mundo de los negocios. En el caso argentino, la caída de un punto respecto del año anterior representa un cambio de tendencia en el contexto de las promesas de transparencia radical impulsadas desde la Casa Rosada. La administración libertaria ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes discursivos centrales.
Más corrupción en la Argentina de Milei
El informe menciona específicamente a Argentina, señalando un problema específico acontecido durante el segundo año de gestión de Javier Milei. Se trata de las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad, hecho que evidencia los riesgos que enfrentan los grupos más vulnerables desde el comienzo del gobierno libertario. Se trata de la causa ANDIS, en la que se vio involucrada de forma directa la hermana del Presidente, Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria General de la Presidencia.
El dato fue difundido el mismo día en que se reveló que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsó una contratación por parte del estado argentino por más de $144 millones en favor de una empresa dirigida por su esposa, Josefina Rouillet.
El informe advierte que la mayoría de las naciones evaluadas, más de dos tercios del total, no alcanzan el nivel de aprobación. El promedio mundial se ubicó en 42 puntos, una nueva marca mínima para la serie histórica. La organización advierte que detrás de estos números se esconden consecuencias concretas, como el desfinanciamiento de servicios esenciales o la postergación de obras críticas.
Elaborado con datos del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, entre otras fuentes, el sondeo incluye tanto delitos explícitos como prácticas de límite difuso. Sobornos, malversaciones, nepotismo y clientelismo son algunas de las variables consideradas para establecer el nivel de integridad de cada Estado.
Pese a que la gestión actual basa gran parte de su capital político en el combate a las viejas estructuras, el registro estadístico muestra un retroceso en la percepción externa sobre el manejo de lo público. La brecha entre el relato oficial y los indicadores objetivos se profundiza, mientras el país queda rezagado incluso frente a economías de menor desarrollo relativo.
