El 20 de febrero de 2026 la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que debería haber marcado un punto de inflexión en la historia comercial del país. Por seis votos contra tres, declaró la inconstitucionalidad de los aranceles generalizados que había impuesto Donald Trump, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Los jueces del máximo tribunal fueron categóricos. El presidente no tiene autoridad para imponer aranceles utilizando una ley concebida para emergencias nacionales, porque la facultad de imponer tributos corresponde exclusivamente al Congreso.
La doctrina de las cuestiones importantes invocada por el presidente de la Corte estableció un límite claro. Acciones de vasta trascendencia económica y política requieren una autorización explícita del Poder Legislativo. La sentencia anuló de un plumazo los aranceles recíprocos del llamado Día de la Liberación de abril de 2025, el gravamen del 25% a México y Canadá por la cuestión del fentanilo y las tasas adicionales a decenas de países. Pareció por un instante que el Estado de derecho lograba contener la arrogancia de un mandatario empeñado en gobernar por decreto, sin respetar las reglas de juego de la democracia que dice defender.
Pero bastaron unas pocas horas para disipar cualquier ilusión. Ese mismo viernes Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo un nuevo arancel global del 10%, esta vez invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio del año 1974. Al día siguiente, en un alarde de autoritarismo que rozó lo grotesco, anunció que elevaría esta última tasa al 15%. La Corte se había pronunciado y el presidente respondió como si nada hubiera ocurrido. Cambió el sello de la IEEPA por el de la Sección 122, pero mantuvo intacta la esencia de su polémica política comercial.
Esta respuesta no es una corrección de rumbo ni una adaptación respetuosa al marco constitucional. Es una burla. Es la constatación de que para la administración Trump las sentencias judiciales son meros obstáculos administrativos que pueden sortearse con un simple cambio de nomenclatura legal. La rapidez de la reacción, cuestión de horas, revela que la Casa Blanca no solo tenía preparado el plan B sino que nunca consideró seriamente acatar el espíritu de la sentencia.
Si la Corte hubiese querido realmente impedir que el Ejecutivo burlara su fallo, habría debido anticipar la maniobra y cerrar todas las vías alternativas en lugar de una sola. Pero no lo hizo. Prefirió una tibia declaración de principios, un gesto simbólico que sabía que Trump ignoraría. Y así convirtió su máxima autoridad en un engaño.
En efecto, lo que estamos presenciando es una farsa institucional. La Corte Suprema, el órgano llamado a interpretar la Constitución y delimitar las facultades de los poderes del Estado, emite un fallo supuestamente contundente y el Ejecutivo responde como un niño caprichoso que al ver cerrada una puerta forcejea la ventana. La Sección 122 permite aranceles temporales de hasta un 15% por un máximo de 150 días para abordar problemas de balanza de pagos. Es una herramienta limitada, concebida para circunstancias específicas, no para sostener una guerra comercial indefinida. Pero Trump la utiliza exactamente con el mismo propósito que la IEEPA. Castigar a socios comerciales, presionar a adversarios geopolíticos y alimentar su base electoral con la retórica del “Estados Unidos Primero”.
Los analistas internacionales lo expresaron con claridad. Las decisiones arancelarias de Estados Unidos se han vuelto sumamente arbitrarias, utilizadas como arma política más que como instrumento de política económica. La política comercial debería basarse en evaluaciones rigurosas, no en preferencias personales ni en cálculos electorales. Pero Trump ha demostrado una y otra vez que para él los aranceles no son una herramienta técnica sino un símbolo de poder. La capacidad de infligir daño, de amenazar, de exigir concesiones.
La paradoja es aún más profunda si consideramos el contexto político interno. Una encuesta reciente de Washington Post-ABC News-Ipsos reveló que casi dos tercios de los estadounidenses desaprueba la política arancelaria de Trump y una mayoría abrumadora rechaza su gestión general. La ciudadanía, los empresarios, los importadores, representados en coaliciones que claman que ellos pagan los aranceles, y ahora la propia Corte Suprema han manifestado su rechazo. Pero nada de eso importa. Trump no se detiene ante nada, convencido de que su voluntad está por encima de las instituciones.
La Sección 122 tiene al menos un límite temporal. Ciento cincuenta días. Después Trump necesitará al Congreso para extender los aranceles. Pero incluso ese límite es elástico en manos de un Ejecutivo que ha demostrado una creatividad jurídica sin límites cuando se trata de concentrar poder. Las investigaciones bajo la Sección 301 contra China, contra Brasil, contra quien sea necesario, ya están en marcha. Los aranceles sectoriales bajo la Sección 232, los gravámenes a productos específicos, todo sigue vigente. El fallo de la Corte no ha puesto fin a la guerra comercial. Simplemente ha cambiado el campo de batalla. De una rápida conmoción ejecutiva pasamos a una guerra de trincheras estatutaria, pero la guerra continúa.
Beijing se ha opuesto sistemáticamente a los aumentos arancelarios unilaterales y con razón. Estas medidas no solo violan las normas internacionales sino que también contravienen la legislación nacional estadounidense. La guerra comercial no tiene ganadores. El proteccionismo no conduce a nada. Pero mientras Trump persista en su locura, la incertidumbre seguirá sacudiendo las cadenas de suministro globales y erosionando la confianza en el orden comercial basado en reglas.
Utilizar los aranceles como herramienta de extorsión contradice su función esencial como instrumento de política industrial. Pero en la Casa Blanca de Trump la función esencial de los aranceles no es industrial ni económica. Es política, es simbólica, es personal. Y mientras esa lógica prevalezca, ni las sentencias de la Corte ni la opinión pública ni el sentido común podrán detenerlo.
Lo ocurrido en febrero de 2026 pasará a los libros de historia como un momento de verdad. Aquel en que quedó demostrado que en Estados Unidos un presidente puede ignorar a la Corte Suprema con solo cambiar la firma de un decreto. La farsa es completa. Una vez más, el mundo asiste perplejo al espectáculo de una superpotencia que juega con fuego mientras su sistema de pesos y contrapesos se desmorona.
