Con polémica y en medio de un clima de tensión, arrancó este jueves la primera jornada de la audiencia pública que convocó la Cámara de Diputados para tratar la modificación de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con sanción del Senado. La actividad que se desarrolla desde las 10 de la mañana en la sala de reuniones del Anexo C de manera presencial contará con 196 expositores de diferentes puntos del país.
En el inicio, hubo problemas en el ingreso al edificio de algunos expositores, que fueron citados por mail tras inscribirse, pero no figuraban en la lista del personal de seguridad de la Cámara Baja. Además, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales definieron bajar el tiempo de exposición de 5 a 4 minutos. Todo esto generó malestar entre los diputados de la oposición que vienen denunciando restricciones en la participación.
Se estima que la actividad finalizará a la medianoche. Entre los principales expositores estuvo Marta Maffei, autora de la ley vigente. “Esta es una ley que protege los glaciares y periglaciares, que concitó el consenso científico y de las comunidades. Estuvimos un año trabajando la ley”, recordó la ex diputada entre 2003 y 2007.
“El Senado ha votado un proyecto que deroga las claves de la ley. Su pretexto de modernización omite todos los recaudos legales y constitucionales de la normativa vigente. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando a esta farsa de audiencia pública, cuando solo el 0,4% de los inscriptos puede hablar, lo que quiere decir que el 99,4% se quedó afuera, sin ninguna posibilidad de hablar”, advirtió lla también ex secretaria general de CTERA.
Asimismo, remarcó: “Tiene una fachada de federalismo, pero hacen que cada provincia haga lo que quiera con nuestros glaciares, su pretexto del RIGI decide que nuestra agua sea utilizada como se les da la gana”.
Hasta el momento se expresaron unas veinte personas. Sólo una lo hizo a favor de la propuesta del gobierno libertario y un grupo de gobernadores del norte de la cordillera. Se trató de Gustavo Emilio Fernández, ministro de Producción de San Juan, quien expresó el apoyo a esta reforma por parte del gobernador Marcelo Orrego.
El funcionario, que fue abucheado por los ambientalistas presentes en la sala, apuntó a «la falsa dicotomía que existe entre actividades nobles y lícitas, como la minería, en relación con el eficiente y sostenible uso del agua o el desarrollo de una matriz productiva diversa».
«San Juan es una provincia montañosa y desértica, solo el 3% de su territorio pertenece a oasis donde conviven la población y agricultura. Nadie mejor que nosotros, estamos comprometidos con la defensa del agua y los glaciares, pero la geografía nos define y la minería resulta ineludible para nuestras posibilidades», señaló.
El ministro aseguró que “el 81% del agua que se consume es en actividades agrícolas, el 16% en consumo humano y solo el 3% corresponden a las concesiones para el uso del agua a la minería». Asimismo, afirmó que “en mi provincia mayoritariamente los empleos mineros son locales y tiene capacidad de desarrollar al resto de las actividades».
Sin embargo, una postura muy distinta marcó Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa. “En mi provincia existe una memoria hídrica dolorosa. El agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia. Nosotros somos una provincia aguas abajo, eso quiere decir que nuestro presente y, sobre todo, futuro, depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio. Y por eso este debate no es ajeno, es central», manifestó.
En tanto, el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli, quien criticó la modalidad de convocatoria establecida por la Cámara de Diputados. “La participación tiene que ser abierta e inclusiva, no discriminatoria. Esta es una audiencia un poco fraudulenta”.
Asimismo, resaltó que “lo que dio origen (en referencia a la ley de glaciares vigente) fue el cambio climático y el desastre que hacía la megaminería. Lo que se está planteando es un proyecto inconstitucional. Es un proyecto regresivo. Es un proyecto engañoso porque se basa sobre la idea de ser proyecto engañoso”.
“Este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores no por la población. Va a haber cientos de demanda. La ley de glaciares no necesita ni modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”, finalizó.
Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz, defendió la modalidad de la audiencia. En ese punto, dijo que el tratado de Escazú “a diferencia de otros mecanismos de participación ciudadana, no se exige un interés relevante en la participación. Esto es: Dice la ciudadanía, con lo cual, cualquier ciudadano puede participar. Eso llevó a que nosotros no estableciéramos una restricción en la participación, y de hecho se anotaron ciudadanos comunes, que no representan a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones ambientales, ni algunos que pudieran acreditar un interés directo o específico sobre el tema”.
