La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) este martes dictó su fallo y confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández en la causa «Vialidad». El expediente se originó hace nueve años, por una denuncia realizada por Javier Iguacel, pero sin pruebas.
En este marco, Tiempo mantuvo un diálogo con Ciro Anniacchiarico, abogado querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad contra los genocidas. Se trata de un letrado con larga trayectoria y uno de los tantos despedidos por el gobierno de Javier Milei del Área Jurídica Nacional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN).
«Con este fallo, la Corte demostró que está arrodillada ante el poder económico. No hay ninguna prueba que incrimine a Cristina en los hechos investigados a los largo de todo el proceso judicial. Ni siquiera aparece una firma de ella en ningún acto que llevó a la ejecución de las licitaciones que se aprobaron y ejecutaron en Santa Cruz», es la primera conclusión del abogado.
A pocos días de que Cristina anunciara públicamente su candidatura en la tercera sección por la Provincia de Buenos Aires, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron que la exmandataria deberá cumplir seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
«No hay ninguna duda que es un fallo político», apuntó Anniacchiarico, a Tiempo. «Pero al mismo tiempo, haciendo un análisis desde una perspectiva jurídica, es un fallo que vulnera la Constitución Nacional porque viola en forma directa su artículo 1° que establece los principios republicanos de gobierno; es decir, la existencia de un poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial», argumentó el letrado.
«Uno de los elementos esenciales es la obligación de fundamentar los actos de gobierno dentro de los cuales también están los del Poder Judicial. Esto que señalo lo dijo la misma Corte Suprema en reiteradas oportunidades: que la mera afirmación no es válida si no hay pruebas concretas, por lo tanto, lo que no tiene sustento se cae».
Anniacchiarico siguió remarcando: «Si uno lee ese escueto fallo, se dará cuenta claramente que carece de fundamentación de las razones por las cuales imputan a Cristina. Y, además, tanto la condena como la reciente confirmación incurren en una gran mentira».
«La resolución dice que la objetividad e imparcialidad de los jueces que intervinieron no fueron objetadas en ningún momento. Pero en realidad sí que fueron objetadas por Cristina. Es evidente que se trata de un fallo absolutamente político e inconstitucional», denunció el letrado.
Forma republicana de gobierno
También explicó que los tres poderes establecidos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- son parte del Gobierno y que cada uno de ellos cumple funciones que son políticas a partir de una determinada competencia establecida en un Estado Nación.
En esta línea, Annichiarico señaló: «La competencia que tiene el Poder Judicial para ejercer el gobierno es desarrollar un ejercicio político mediante el dictado de fallos judiciales que resuelvan conflictos en la sociedad». Y agregó: «Por eso es importante remarcar que se trató de un fallo político partidario en sentido favorable a un determinado sector, que es el poder económico, dentro del cual también está el poder de los grandes medios de comunicación, que es parte del poder económico. Son quienes producen y reproducen los intereses de la oligarquía argentina como si fuera un Boletín Oficial», aseveró el abogado. Además dijo que no existe diferencia entre poder económico y poder mediático, sostuvo que son lo mismo. «Desde el punto de vista político se nota a simple vista que se trata de un fallo parcial que favorece a un grupo privilegiado de la sociedad», aseguró.
Y desde otra perspectiva más jurídica, consideró que la expresión más atinada la dio este martes el juez Carlos Beraldi, «cuando dijo que de un Tribunal vergonzoso no se puede esperar otra cosa que un fallo vergonzoso», citó el letrado.
Consideró que los dichos del magistrado Beraldi son una síntesis perfecta. «Distintos juristas argentinos, prestigiosos y serios, han señalado muchísimas veces que la causa ‘Vialidad’ tiene una serie de inconsecuencias y de irregularidades desde que empezó el proceso judicial», ahondó Anniacchiarico.
Precariedad institucional
«En nuestro país hay casos de gravísima responsabilidad institucional, que son las causas por crímenes de lesa humanidad -ejemplificó el abogado- que fueron cometidos por los genocidas. Sin embargo, la Corte Suprema tiene esos expedientes dormidos hace décadas».
También recordó que hay otros casos que no tienen que ver con violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar, como los que ocurrieron durante el gobierno del expresidente Maurico Macri.
«Por ejemplo la causa por el ‘Correo Argentino’, en la que se tomó una decisión por la falta de competencia escandalosa. Otra es la que se conoció como ‘Los Panamá Papers’, hay muchos casos más en los que interviene la Corte y mantiene dormidos hace años», denunció el abogado.
Sin embargo, en la causa «Vialidad», desde que se dio a conocer que Cristina sería candidata por la Provincia de Buenos Aires en la tercera sección electoral: «se desataron todos los demonios y de repente la Corte retomó agilidad y resolvió todo rápido», subrayó.
