Desde las mismas oficinas políticas, judiciales y mediáticas desde donde jamás se dijo una palabra en contra de las condiciones de detención que tienen los represores, se discute ahora la llamada “detención domiciliaria” y sus condiciones. Han lanzado una verdadera cruzada reaccionaria.
Esto tiene una explicación: desde hace años, un sector de las clases dominantes intenta convencer a las mayorías populares que los delitos relacionados con la corrupción son infinitamente más graves que el genocidio, la persecución y los asesinatos de características políticas. Se les va la vida en ello, sus ganancias monstruosas dependen, en parte, de instalar esa idea.
Con años de lucha, con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, con los sobrevivientes a la cabeza, hemos logrado condenar a unos cientos de represores de la dictadura, pero no se ha avanzado prácticamente contra los civiles, contra los empresarios que promovieron el golpe genocida y se beneficiaron de él, contra los que fueron capaces de tener sus propios centros clandestinos de detención en sus empresas, contra los que lograron estatizar sus deudas privadas.
Todos pasan sus vidas disfrutando lo que lograron a fuerza un plan sistemático de torturas, apropiaciones de bebés, violaciones y fusilamientos, tirando personas al mar.
La mayoría de los genocidas (más del 80%) que fueron condenados por los peores crímenes de lesa humanidad gozan de la comodidad de sus casas, sin que eso merezca un renglón entre los que ahora se rasgan las vestiduras.
Por ejemplo, recordemos a Antonio Olivera, alias “el Carnicero”, un militar condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y padre del cura Javier Olivera Ravasi, sacerdote del ala más conservadora y reaccionaria de la Iglesia Católica, conocido por sus fuertes vínculos con la vicepresidenta Villarruel y que tuvo el beneficio de poder organizar una importante comitiva de diputados y diputadas de La Libertad Avanza al penal federal de Ezeiza. Los legisladores ingresaron sin controles y la brava Patricia Bullrich se olvidó de su bravura. El hecho continúa impune en la justicia y en el Congreso.
Olivera padre fue condenado por numerosos crímenes cometidos en la provincia de San Juan. Se lo conocía como el “Carnicero de San Juan” por su afición a poner «carne a la parrilla», es decir, personas sobre las mesas de tortura. Fue encontrado culpable, entre otros hechos, del secuestro y desaparición de la modelo y militante de Montoneros Marie Anne Erize, en 1976. Sobrevivientes de la dictadura relataron que también se jactaba de haberla violado.
Este personaje, desde hace varios años está en arresto domiciliario por “cuestiones humanitarias”. Sin embargo, goza de muy buena salud a la hora de festejar sus 50 años de matrimonio: organizó una mega fiesta con banda de música y Palito Ortega como animador. La militante negacionista Cecilia Pando estuvo entre el centenar de invitados.
Aclaro que se le concedió la detención domiciliaria a pesar que se fugó varias veces, la última del Hospital Militar, y ahora vive de joda en su casa.
Próximamente iremos a juicio oral en la causa que tiene como víctimas a Vicki Walsh, José Carlos Coronel y a otros militantes por la “Masacre de la calle Corro”. Uno de los imputados es Guillermo Viola, excoronel que actuó en el GADA 101 hasta enero de 1979. Bajo los gobiernos constitucionales siguió haciendo carrera. Desde el domicilio en que está detenido, tiene profusa actividad política, organiza solicitadas reivindicando “el Camarón”, se contacta con jueces de Casación, etc. Los sobrevivientes, los familiares de las víctimas que brindarán testimonio, los querellantes, iremos a juicio oral con este personaje en su casa y con total libertad de acción.
Jaime Lamont Smart fue uno de los civiles más influyentes de la última dictadura, participó como ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires y dicen que su poder residía en su prédica sobre Poder Judicial, una influencia que no perdió bajo los gobiernos constitucionales. Si bien desde 2012 empezó a cosechar condenas a prisión perpetua por secuestros, homicidios y desapariciones, ninguna de esas sentencias está firme porque la Corte Suprema no ha tenido tiempo de resolverlos. No siempre actúa con celeridad.
Smart, aún conserva su jubilación de privilegio y para la domiciliaria le permitieron mudarse a El Calafate. Porque es más lindo, ¿vio?
¿Dónde están los horrorizados?
