El gobernador neoliberal de Chubut, Ignacio Torres, declaró una cesación de pagos selectiva que afectará principalmente a todas las deudas con proveedores estatales y a la ejecución de sentencias judiciales contra el Estado, pero que excluye taxativamente al endeudamiento con el sistema financiero. Impactará sobre todas las deudas contraídas antes del próximo lunes 30.
Torres lo hizo a través de una Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa que impuso su mayoría propia en la legislatura provincial, con la oposición del peronismo y el FIT, y le concede enormes facultades extraordinarias que concentran en el Poder Ejecutivo discrecionalidad para saltar las leyes de administración financiera del Estado.
Votada el pasado jueves 19 y promulgada este miércoles, esta virtual declaración de insolvencia autoriza además al gobernador a modificar sin aprobación legislativa las partidas del Presupuesto provincial que su propia administración propuso para 2025.
La cesación de pagos se aplica contra todos los proveedores del Estado con acreencias superiores a los 2,5 millones de pesos, y provengan de bienes, obras o servicios, y afectará a grandes empresas, pero también a una infinidad de comercios y de pequeñas firmas con centenares de puestos de trabajo en juego.
La norma determina además la suspensión de ejecución de sentencias judiciales, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales, cualquiera sea la naturaleza del crédito y que obliguen al Estado a pagar en dinero.
Y amenaza a los jueces que enfrenten la decisión: “El incumplimiento por parte del juez será tomado como causa de mal desempeño y se girará la actuación al Consejo de la Magistratura para que aplique responsabilidades disciplinarias”.
También considera a la Ley en sí misma como una causa de fuerza mayor que faculta a los tres poderes del Estado a promover la extinción de contratos de obra pública y de servicios de obra.
Faculta al Poder Ejecutivo a establecer “regímenes especiales para alcanzar acuerdos con acreedores”, le concede autoridad para “realizar verificación de dudas” y “control de legalidad de las acreencias” y a llevar adelante “acuerdos transaccionales y conciliatorios para cancelar las ejecuciones suspendidas”, según dice literalmente la Ley VII N°103.
Estos últimos puntos en particular construyen una zona oscura y propicia para negociaciones a puertas cerradas que quedarán fuera del alcance de la Legislatura y de los organismos de control del Estado.
El argumento oficial para declarar la cesación de pagos selectiva reside en que existen condiciones financieras internacionales desfavorables, y que la provincia carga con endeudamiento originado en administraciones anteriores.
Chubut no sale de la emergencia no solo por el contexto internacional sino por toda la deuda que recibió el Gobierno al iniciar su gestión”, declaró la legisladora Jacqueline Caminoa del bloque oficialista “Despierta Chubut”, la versión local de Cambiemos
Dirigente de la UCR y habitualmente alineada con los argumentos de la Casa Rosada, Caminoa sostuvo que debido a que la provincia “afronta el pago de 20 mil millones de pesos al mes de deudas, la Emergencia se mantendrá hasta que la situación de la deuda y el contexto internacional mejoren”.
La realidad se muestra algo diferente, debido que en abril pasado la legislatura autorizó al gobernador Torres a tomar nuevo endeudamiento público por 650 millones de dólares. A la vez, Chubut fue la tercera provincia que más fondos recibió del Gobierno nacional durante 2024 y el primer cuatrimestre de 2025, detrás de Misiones y Neuquén, con 11.500 millones de pesos. En ese lapso, obtuvo un 50% más de todo lo que había recibido entre 2020 y 2023, según datos de la subsecretaría de Presupuesto de la Nación.
La cifra no contempla los 7 mil millones de pesos recibidos en febrero para enfrentar las consecuencias del incendio en Epuyén, de los cuales solo destinó 2 mil millones a las víctimas y el restó los desvió hacia otros fines.
“Una ley de Emergencia como esta implica debilidad institucional, y evidencia de que existe una crisis agravada que se pretende ocultar y no manejar en el marco de las normas habituales; con la Emergencia pretenden saltar las leyes de administración financiera”, explicó a Tiempo Argentino la ex ministra peronista de Economía y Producción de Chubut, Gabriela Dufour.
Economista y docente universitaria, Dufour adjudicó la crisis al gobernador Torres: “Cuando llegó al Gobierno hizo una planificación que hoy no puede cumplir; es una responsabilidad absoluta de este gobierno. No hay un Gabinete que trabaje en una planificación que permita sortear los problemas sin ley de emergencia”.
“Las leyes de Emergencia sin crisis reconocida solo buscan la discrecionalidad con los actores económicos con que tiene vínculos el Estado. Eso es muy grave”, alertó.
En los hechos, si no hay nuevo cambios Torres gobernará al menos 36 de sus 48 meses de gestión con poderes discrecionales. La ley de Emergencia que promulgó este miércoles es una copia literal, un copy paste de la Ley VII N°94 sancionada el 29 de diciembre de 2023 a poco de asumir su mandato.
El proyecto de Ley que Torres envió a la legislatura no es exactamente el mismo que se aprobó, debido a una rebelión interna en el bloque por parte de legisladores que se negaban a aprobar los artículos 13 y 14. En ellos el gobierno se apropiaba y concedía a sí mismo amplia discrecionalidad de uso del llamado “Bono Petrolero”, que es un porcentaje de las regalías petrolíferas que se distribuye entre los municipios y que, en algunos casos representa hasta el 40% del presupuesto comunal.
