El gobierno de Javier Milei quedó nuevamente salpicado por un escándalo cuyos efectos, a esta altura, parecen incalculables. La presunta entrada liberada de la azafata y co-organizadora de la versión local de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Laura Belén Arrieta, fue revelada semanas atrás en TV y ahora tomó impulso judicial con las imágenes en las que se ve cómo pasa 10 valijas sin ningún tipo de control por el Aeroparque Metropolitano.
Ya declararon los principales testigos y el juez busca poner luz sobre una serie de inconsistencias y baches temporales de los registros fílmicos, para intentar comprobar si efectivamente hubo una orden de liberar la zona y permitir el ingreso de las valijas y, de ser así, de dónde provino esa orden.
Las valijas de Arrieta
El aterrizaje del avión, de las valijas y de la tripulación bajo sospecha tuvo lugar el 26 de febrero pasado en el Aeroparque Metropolitano. A las 8:12 de la mañana aterrizó en la pista un avión Bombardier Global 5000 propiedad de la empresa Royal Class, vinculada al empresario Leonardo Scatturice, cercano al gobierno y con terminales en Estados Unidos que llegan hasta Donald Trump.
La aeronave había partido desde Florida, pero todavía no se pudo establecer si partió desde Fort Lauderdale u Opa-Locka: la Justicia encontró una contradicción entre la Declaración General de Vuelo y mensajes de WhatsApp incorporados al expediente, que le mandó el piloto del vuelo a personal de Royal Class.
De la aeronave bajaron tres personas: los dos tripulantes, José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto; y Arrieta como única pasajera. Son quienes fueron trasladados hasta la zona de arribos internacionales, pasaron por Migraciones y después retiraron su equipaje por cinta. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pudo reconstruir que fueron 10 los bultos -mayoritariamente valijas- que llevaban consigo estas tres personas.
Una vez recolectado el equipaje fueron hasta la zona de Aduana, donde se hacen los controles aleatorios por escáner y ahí, siempre según el dictamen de la PIA, tuvieron lugar tres situaciones por demás llamativas: el señalamiento de una agente aduanera para que tomen un carril diferenciado, un intercambio entre Arrieta y una mujer que le devolvió un gesto de confirmación cuando esta le mostró su celular y la elusión de todo tipo de control sobre las valijas.
Lo que pasó antes y después de esa situación es una trama que está llena de incógnitas y que los fiscales Sergio Rodríguez y Claudio Navas Rial buscan dilucidar junto con el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola en dos expedientes.
Rodríguez, al frente de la PIA, abrió una investigación preliminar para determinar la posible responsabilidad disciplinaria o penal que podría caberles a los funcionarios públicos que intervinieron en el episodio.
Por otro lado, el juez tiene un expediente avanzado, en el cual ya tomó declaración testimonial a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que intervinieron en pista tras el aterrizaje, al piloto de la aeronave y al presidente de Royal Class, Sebastián González Cazón, entre otras personas. Además, incorporó y tiene bajo análisis imágenes de cámaras de seguridad e informes relacionados con el aterrizaje, permanencia y partida del vuelo.
Una por una, las dudas que buscan dilucidar
-El siga-siga. Como se marcó antes, el gran interrogante está en torno a quién habilitó la circulación por el aeropuerto sin controles. Lo que surge del dictamen de la PIA es que una agente aduanera quedó filmada cuando le señaló a Arrieta y a los dos tripulantes el carril por el cual debían pasar. Hay otra mujer vestida de civil que facilita esa circulación, al abrirles una cinta del separador de filas.
“Entre las 8:56 y las 9:20 comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner. Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una situación operativa, (…) sino que el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero”, plantearon Rodríguez y Navas Rial.
«¿Todos ellos (NdR: el resto de los pasajeros que circularon por escáner) representaban un riesgo, mientras que los tres ocupantes del vuelo privado no?«, se preguntaron.
-Los baches sin imágenes. De las imágenes recolectadas, que dio a conocer el canal TN, se pudo reconstruir gran parte de la trayectoria de los tripulantes, de la pasajera y de los agentes de la PSA y Aduanas que los recibieron en Aeroparque. Sin embargo, hay dos momentos con baches temporales en los que no hay registros.
En primer lugar, cuando el avión aterrizó se logró registrar cómo se acercaron móviles de Royal Class, uno presuntamente de Aduanas, el de la PSA y otro móvil de carga. Se ve prácticamente toda la secuencia, pero hay 12 minutos en los que no se sabe qué pasó, de 8:17 a 8:29 de esa mañana. En ese rato, la cámara se desplazó de lugar y dejó de apuntar al avión. Al retomar y durante 11 minutos más, se observó movimiento de personas y vehículos.
Una vez que el avión quedó vacío y cerrado, fue llevado al hangar de Royal Class. González Cazón, presidente de la empresa, aportó imágenes grabadas por las cámaras de seguridad que constan en el expediente del juez Yadarola. Pero el propio testigo marcó que los registros arrancaban desde el 27 de febrero, por una cuestión de almacenamiento en disco, con lo cual no había imágenes del día anterior, el 26, cuando la aeronave se guardó.
Además de eso, el juez le pidió a especialistas de la Policía Federal que analicen ese material. De ese análisis, se desprende que hay «filmaciones parciales» con «huecos temporales», en los que no se puede monitorear de manera continua «el estado ni la posición de la aeronave durante el lapso comprendido entre su ‘sellado’ (NdR: cierre total), su posterior movimiento al hangar y su permanencia allí dentro».
Esas interrupciones no tenían ninguna causa técnica documentada al momento del informe y les impidió a los fiscales «verificar objetivamente que la aeronave haya permanecido cerrada, inmovilizada y sin intervención externa».
-Cantidad de valijas. Otro de los puntos gira en torno a la declaración de la cantidad de valijas. Lista, el jefe de División de Aduanas que declaró como testigo, aportó la Declaración de Vuelo de llegada donde se consignó de forma manuscrita el transporte de cinco bultos de equipaje. Sin embargo, ese dato no figura en los formularios idénticos presentados por la PSA.
Otras inconsistencias del escándalo de las valijas
Hay otro factor que se podría calificar como desorden normativo, que resulta llamativo. Tiene que ver con la permanencia de la aeronave en el aeropuerto. Los fiscales marcaron contradicciones entre lo que declaró el jefe de la División Aeroparque Metropolitano de Aduanas, la información proporcionada por ese organismo y un cambio normativo introducido en 2024 por el gobierno de Javier Milei en su afán desregulatorio.
El testigo en cuestión, llamado Marcelo Fabián Lista, declaró que los plazos de permanencia de aeronaves extranjeras son regulados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y eso mismo consignó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un informe y la misma ANAC.
Pero al analizar la información Rodríguez y Navas Rial encontraron que la información estaba desactualizada porque el 30 de mayo del 2024 se había derogado la normativa, por medio de una resolución que fijó que ANAC «carece de competencia para establecer plazos de permanencia de aeronaves extranjeras distintos de los fijados por la AFIP-DGA (Aduanas), trasladando a este último organismo la competencia exclusiva en la materia».
Los investigadores también encontraron inconsistencias en los registros migratorios, puesto que se registró que Arrieta junto a otro pasajero y a los dos tripulantes colocaron Estados Unidos como destino final del vuelo tras la salida de Argentina. Pero se sabe que el avión dejó suelo argentino el 5 de marzo, hizo escala en Tenerife y aterrizó en París, para recién volar a ese país el 12 de marzo.
De Pagni a Yadarola
A modo de síntesis, los fiscales plantearon que no se observaron instancias de fiscalización exhaustiva ni registros documentales de inspecciones en áreas críticas, durante las etapas de arribo, permanencia y partida del avión.
“Estas deficiencias revelan una serie de vulnerabilidades operativas que, en ausencia de mecanismos de control más robustos, facilitan el encubrimiento de conductas irregulares o la elusión de controles por parte de los sujetos involucrados”, señalaron.
Todos estos elementos hoy están bajo la lupa judicial. Además de las actuaciones administrativas, donde el foco está puesto en los agentes públicos, el juez Yadarola tiene en sus manos el eventual llamado a indagatoria no solo de las personas involucradas, sino también de Arrieta, que luego de que el periodista Carlos Pagni diera a conocer la información inicial, borró sus registros en redes sociales y solo mantiene abierto un LinkedIn. No se sabe si perdió también las valijas o su contenido. Lo que no se perdió fue su foto con Milei.
