Alexandre de Moraes, juez relator del caso en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, votó este martes a favor de la condena del expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por la tentativa de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes invadieron e hicieron destrozos en las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.
De acuerdo con Moraes, Bolsonaro lideró un plan que comenzó a gestarse con un discurso el 7 de septiembre de 2021 (Día de la Independencia de Brasil), al afirmar que solo dejaría el poder «muerto o arrestado».
El juicio, que comenzó el pasado 2 de septiembre y que está previsto para concluir el próximo viernes, analiza la participación de Bolsonaro y de siete funcionarios de su gobierno, considerados el «núcleo crucial» de la trama golpista.
El juez consideró que «no hay dudas de que hubo un intento de golpe, un intento de abolir el Estado democrático de derecho, la formación de una organización criminal».
«El líder de la organización, Jair Bolsonaro, ejerciendo simultáneamente las funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República Federativa de Brasil, reunió a individuos de extrema confianza para llevar a cabo acciones de golpe de Estado y ruptura de las instituciones democráticas», afirmó.
Los acusados son, además del expresidente, los exministros Anderson Torres (Justicia), Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional), Braga Netto (jefe de Gabinete de la Presidencia) y Paulo Sérgio Nogueira (Defensa); el excomandante de la Marina, Almir Garnier; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem; y el exayudante de órdenes de Bolsonaro, Mauro Cid.
El juez aceptó íntegramente la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) de que Bolsonaro lideró una organización criminal armada que, con la participación de miembros del gobierno, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia, estructuró un plan para atacar las instituciones democráticas brasileñas.
En su opinión, el expresidente actuó para perjudicar la alternancia de poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los poderes establecidos, especialmente el Poder Judicial, al utilizar recursos y competencias del Estado para propagar narrativas engañosas, provocar inestabilidad social y defender medidas autoritarias.
El juez precisó en su voto que el grupo liderado por Bolsonaro «utilizó organismos públicos para monitorear a opositores políticos y ejecutar la estrategia de atentar contra el Poder Judicial, desacreditando a la Justicia Electoral, el resultado de las elecciones de 2022 y la propia democracia».
Resaltó además que la PGR presentó un «exceso de pruebas» sobre el plan «Puñal Verde y Amarillo» que, según él, trataba de su propio arresto y asesinato, así como del entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y de Geraldo Alckmin. Al iniciar su voto, el jurista negó las solicitudes de anulación del acuerdo de delación premiada del exayudante de órdenes de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, al considerar que no hubo «omisiones» en las declaraciones.
