La Justicia Federal de San Isidro analiza la denuncia presentada por Juan Grabois contra José Luis Espert por presunto financiamiento ilegal, y evalúa si el caso quedará allí o pasará a Comodoro Py, donde hay una presentación similar que data del 2021.
En la nueva denuncia pidieron que se investigue una transferencia de 200 mil dólares que habría recibido en febrero del 2020 el actual candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Ese dinero habría provenido de parte de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino que vivió en Estados Unidos, un país que pide su extradición en el marco de una causa por narcotráfico.
La denuncia de Grabois fue presentada en los Juzgados con sede en San Isidro, debido a que Espert tiene registrado su domicilio en Béccar. Y si bien quedó sorteado para entender en la denuncia el juez federal Lino Mirabelli, nadie asegura que se investigue ahí.
Es que, según dijeron a Tiempo fuentes judiciales, lo primero que hará el magistrado es certificar la existencia de una causa similar en Comodoro Py, para analizar si se trata o no de los mismos hechos. Si hay coincidencia, es posible que mande la denuncia al Juzgado Federal 8 a cargo de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene desde 2021 una causa contra el economista y candidato libertario iniciada a partir de la denuncia del abogado Adrián Bastianes.
El vínculo entre Espert y Machado ya había sido denunciado el 19 de abril del 2021, unos días después de la detención del hombre apuntado por el presunto aporte monetario al candidato libertario tras la campaña presidencial del 2019. De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, la fiscal Alejandra Mangano redactó un requerimiento de investigación y Martínez de Giorgi avanzó con una serie de medidas de prueba para verificar el contenido de la presentación. En la actualidad la causa sigue abierta sin delegación fiscal.
Una de las líneas que se planteó en esa denuncia fue que Espert y su equipo de campaña del 2019 no declararon ningún aporte privado, a pesar de que el actual diputado le agradeció a Machado “por el excelente vuelo que hemos tenido”. Fue durante la presentación de su libro en Viedma, Río Negro, ocurrida en abril de ese año.
Machado se dice “perseguido”
El otro apuntado es Machado, quien le habría aportado 200 mil dólares a Espert según un documento de contabilidad clandestino incorporado como prueba por fiscales de Texas, Estados Unidos. Este empresario fue investigado por un esquema de comercialización de aviones ejecutado en torno a un fideicomiso que les otorgaba patente estadounidense a las aeronaves para flexibilizar controles.
Por esa investigación, Machado enfrenta un pedido de extradición de los Estados Unidos que está a la espera de una resolución de la Corte Suprema, con un pronunciamiento del procurador interino Eduardo Casal a favor del pedido. Mientras tanto, permanece detenido en Neuquén y ensaya alternativas para evitar ser extraditado.
Una de esas alternativas es la posibilidad de acogerse al estatus de refugiado en la Argentina, su país de origen. Ese trámite lo inició en diciembre del 2021, unos meses después de haber sido detenido, pero la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) le denegó la petición.
Frente a eso accionó judicialmente: con el patrocinio del abogado Agustín Molinari pidió a la Justicia una medida cautelar para que le concedan esa calidad.
Los escritos que presentó resultan llamativos, ya que sus expresiones públicas respecto a los cargos que le achacan en Estados Unidos son casi nulas. Apenas se le conoce la cara por una entrevista en el canal WFAA 8 News de Texas y por las fotos que difundió Interpol en la circular roja que posibilitó su detención.
Pero en los escritos a los que accedió Tiempo, Machado contó cómo construyó su fortuna en el mundo de la aviación y no solo aseguró haber sido víctima de una “emboscada” por parte de los investigadores norteamericanos sino que apuntó contra el “avasallamiento” de los derechos humanos que las autoridades del país en el que vivió durante años ejercen sobre personas imputadas por narcotráfico.
“Vengo a presentar ante Uds. e implorar que se me conceda la condición de refugiado (…) por haber sido perseguido en los Estados Unidos de América (EE.UU.), toda vez que dicha Nación viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos en toda investigación de delitos relacionados con el narcotráfico, como asimismo persecución por motivos de raza y nacionalidad, no existiendo garantía alguna para los justa o injustamente imputados en esos procesos”. Eso planteó en el escrito inicial que presentó ante la Conare con el patrocinio del abogado Francisco Oneto, también representante del presidente Javier Milei.
