Los abogados defensores de Cristina Kirchner aguardan por estas horas una respuesta del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, al pedido que hicieron para que la expresidenta cumpla su condena con prisión domiciliaria.
Si bien esperan que el planteo se resuelva antes del quinto día hábil de notificada la sentencia de la Corte; es decir, del próximo martes, en Comodoro Py se limitaron a confirmar que el pedido de la defensa entró al sistema a última hora de ayer. Consultadas las fuentes respecto de si es esperable una respuesta antes del final de ese plazo, evitaron dar precisiones. «Hay que sustanciarlo», dijeron.
Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, abogados defensores de la expresidenta, pidieron ayer al presidente del Tribunal, Jorge Gorini, que conceda la prisión domiciliaria. Propusieron que se lleve a cabo en la casa de la calle San José, en el barrio de Constitución y que sea sin tobillera electrónica.
«Nuestra asistida, en su condición de expresidenta de la Nación, cuenta con una custodia permanente a cargo de la Policía Federal Argentina, que sigue durante las veinticuatro horas cualquier tipo de desplazamiento que la nombrada pueda hacer fuera de su domicilio. Ello ratifica la absoluta inexistencia de cualquier peligro elusivo. Así las cosas, el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario», sentenciaron.
Los tres motivos para domiciliaria
Al hacerlo, esgrimieron tres motivos centrales por los que a su criterio corresponde que se otorgue la medida.
En primer lugar, mencionaron que la edad de Cristina habilita el acceso al arresto domiciliario, al tiempo que señalaron que por ser expresidenta cuenta con un servicio de custodia que cumple un rol institucional y una «misión de Estado». Y, como tercer punto, marcaron el intento de asesinato que sufrió Cristina el 1° de septiembre del 2022 en la puerta de la casa done vivía, en el barrio de Recoleta.
Esto último había sido uno de los puntos señalados en la tarde de ayer por el juez Gorini en el oficio que le envió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Allí le pidió que en el término de 24 horas entregue un listado de las dependencias de las fuerzas federales en las que se podrían alojar las nueve personas condenadas en la causa Vialidad, incluso Cristina.
Pero sobre ella mencionó la particularidad de que la propuesta debe hacerse «atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre del 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso».
Al cierre de esta nota, fuentes judiciales confirmaban que todavía no había ingresado al expediente la respuesta del Ministerio de Seguridad.
En este punto hay una particularidad. Quien debe asignar el lugar al que Cristina podría ir detenida es la propia Bullrich, señalada en el escrito de la defensa como quien tiene «relación directa» con una de las personas sospechadas. No lo nombran, pero allí hicieron referencia al diputado nacional Gerardo Milman.
