Con la esperanza de lograr ensanchar el caudal de dólares, el gobierno insistirá con sumar a las provincias a su plan de remonetización para incentivar a las personas físicas a blanquear en el sistema sus ahorros no declarados. En este marco, esta tarde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá en Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) quienes firmarán por separado sus adhesiones.
Las cumbres tendrán lugar esta tarde en la sede de gobierno y tienen como objetivo “fortalecer el ámbito de colaboración en intercambio de información adecuado en el marco del Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con residencia fiscal en Argentina”, dicen desde el oficialismo. Como les dio a conocer el propio ministro de Economía, Luis Caputo, en la reunión virtual que encabezó la semana pasada con gran parte de los mandatarios, el Ejecutivo buscará encaminar este nuevo régimen a través de un proyecto de ley que garantice un marco jurídico tanto a las provincias como a quienes tengan intención de hacer circular sus ahorros en el circuito económico chico.
En este sentido, la letra chica de estos acuerdos compromete a las diferentes gestiones nacionales a no establecer nuevos regímenes de información que impliquen una mayor carga burocrática y administrativa para los habitantes de sus provincias. También se impulsa a las gobernaciones a revisar los métodos de control vigentes en sus territorios para “contribuir a la celeridad, sencillez, eficacia y eficiencia de los trámites”, reza parte del acuerdo.
Las visitas de Frigerio y Torres se enmarcan en la segunda ronda de firmas que el gobierno inició la semana pasada. Días atrás, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), estamparon su firma junto a los ministros, siguiendo su línea de total adhesión al gobierno de Javier Milei que los peronistas devenidos en libertarios adoptaron desde la llegada del primer mandatario al Sillón de Rivadavia.
Con estas adhesiones, en el oficialismo dan por descartado que los gobernadores apoyarán en el Congreso el proyecto de ley que se enviará en las próximas semanas. El mismo pretende modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para aumentar de $1,5 millones a $100 millones el índice de dinero por el cual se considera a la evasión como un delito. El texto también busca reducir de cinco a tres años el plazo de prescripción penal para estas infracciones.
En tanto, se espera que este martes más mandatarios se acerquen a la Casa Rosada a firmar sus adhesiones. Según pudo corroborar este medio, Alberto Weretilneck (Río Negro); Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy) serán recibidos por Francos luego de la reunión de gabinete que la plana mayor del gobierno mantiene semanalmente. Antes, los gobernadores participarán de una cumbre organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Bajo el nombre «Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal», los caciques provinciales se reunirán para discutir sobre el presente de la obra pública nacional, intencionalmente frenada por la gestión mileista.
Pese a que gran parte de los gobernadores decidieron plegarse a este esquema, varias provincias advirtieron que no habilitarán la discusión. Este es el caso de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, quien advirtió que este plan podría traer beneficios implícitos para el negocio del narcotráfico que busca erradicar de su provincia. La negativa también se extendió en los gobernadores de las provincias peronistas que tienen una marcada oposición al gobierno nacional, como es el caso de Buenos Aires, La Pampa, Formosa y Tierra del Fuego.
En este sentido, desde el entorno del gobernador Axel Kicillof advirtieron que no tienen previsto plegarse a este esquema. La decisión llega tras la reunión que desde la gobernación bonaerense mantuvieron con los directivos de ARCA (ex AFIP), en la que se les informó en detalle el plan del gobierno libertario. “Si bien no nos oponemos al programa de simplificación, entendemos que tal como está planteado, no brinda seguridad jurídica en tanto y en cuanto no haya una ley que modifique el régimen penal tributario, el régimen penal cambiario y la ley de procedimiento tributario. Desde la Provincia no vamos a perseguir a nadie que tenga ahorros bajo su colchón, solo pedimos garantizar la seguridad jurídica de los y las contribuyentes”, dijeron desde el Ejecutivo provincial.
Una línea similar adoptaron desde la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a que advierten que no están en desacuerdo con la medida, desde Uspallata afirman que buscarán que la misma sea apoyada a través de un proyecto en la Legislatura donde Jorge Macri quedó expuesto a una voraz avanzada opositora tras los comicios del pasado 18 de mayo.
