El gobierno de Javier Milei vive una de sus semanas más complicadas en términos políticos y también judiciales. Mientras el plan económico flaquea y los gobernadores mandan señales de malestar con la Casa Rosada, el presidente y su tropa digital se muestran desesperados por instalar que el testimonio del piloto del avión en el que viajó la ex azafata Laura Belén Arrieta desactivó la causa de las 10 valijas. Sin embargo, la Justicia busca corroborar si efectivamente existió una zona liberada y quién o quienes estuvieron atrás de esa decisión.
El dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que firmaron los fiscales Sergio Rodríguez y Claudio Navas Rial puso al caso en primera plana. La revelación de las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ve cómo la ex azafata Arrieta elude los controles de Aduanas tras aterrizar en Aeroparque fue contundente. Frente a eso, el gobierno respondió con un argumento flojo, que Milei repitió el miércoles en su entrevista con Luis Majul: “Ese equipaje venía de Estados Unidos, y en Estados Unidos te controlan todo”.
Si bien es cierto que la declaración del piloto del avión de Royal Class, Juan Pablo Pinto, filtrada en la tarde del miércoles a medios oficialistas, le dio respiro al relato oficial, las dudas persisten.
El comandante sostuvo ante el Juzgado en lo Penal Económico N°2, donde tramita la causa, que Arrieta solo tenía dos valijas, el copiloto otras dos y que el resto de los bultos le pertenecían: desde valijas con ropa hasta una impresora, una mochila para su hijo y una guitarra.
La desesperación oficial
Tras darse a conocer el contenido de esa declaración, la usina de redes oficialistas entró en alerta e intentó instalar el testimonio como un elemento determinante para poner fin a las sospechas.
Milei no tardó en retuitear posteos de sus trolls, todos con una misma línea: que el piloto “destruyó” la “opereta” de las valijas. Incluso, el segundo del vocero Manuel Adorni, el subsecretario de Prensa Javier Lanari, también salió a ratificar la postura con un tuit publicado unas horas después de que se conoció la declaración. “El ‘escándalo de las valijas’ terminó en una guitarra, un inflable, una impresora, regalos para un nene de 9 años y artículos personales del piloto del avión. No importa. Vende más insinuar que estaban repletas de dólares y falopa”.
Pero detrás de eso, lo cierto es que el relato oficialista hasta ahora no pudo dar una explicación clara del “siga-siga” con el que la pasajera y la tripulación del avión de Royal Class fueron beneficiados al aterrizar en Aeroparque. De ningún modo se desactivaron las sospechas sobre por qué Arrieta y los tripulantes Pinto y José Luis Bresciano pudieron pasar por un camino alternativo y sin someterse al control de equipaje, como si debieron hacerlo quienes bajaron de los otros vuelos.
Este trato diferencial que recibieron los integrantes del avión propiedad del empresario y ex espía Leonardo Scatturice, sindicado como uno de los nexos con Donald Trump, es uno de los ejes centrales a los que apuntan los fiscales Rodríguez y Navas Rial, y que el juez Pablo Yadarola busca clarificar.
“Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control. Tampoco se trató de un procedimiento aleatorio accionado por el semáforo u otro dispositivo automatizado, sino que, tal como se aprecia en las imágenes, el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero”, señalaron los representantes del Ministerio Público.
Para profundizar aún más, le dijeron al juez que “evidenció una discrecionalidad no reglada, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos que permitan reconstruir o verificar los motivos de la decisión adoptada”.
Pedidos en marcha
El postulado no quedó ahí: los fiscales le pidieron al juez que tome medidas para aclarar quién fue la agente aduanera que habría recibido un celular de parte de Arrieta y le habría respondido con un gesto de “okey” al bajar del avión, como declaró el testigo José Flores Herbas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hubo también un pedido para que se aclare la discrepancia en la cantidad de bultos declarados en el Formulario de Declaración General, donde consignaron que eran 5, y las imágenes donde se ven 10.
Varios de esos puntos fueron tomados por el juez Yadarola, que por estos días se encuentra a la espera de las respuestas a pedidos que motorizó, entre otros organismos, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Lo que queda claro es que más allá del discurso oficialista, las dudas persisten y la causa sigue en desarrollo.
