La tarde gélida de miércoles, empapada por la lluvia, se convirtió en el escenario de una muestra desproporcionada de las fuerza represivas de Patricia Bullrich en los alrededores del Congreso. Una vez más, la marcha de los jubilados fue recibida no con comprensión, sino con un imponente operativo de seguridad federal, decidido a imponer el protocolo antipiquetes.
En un gesto que rozó la humillación, efectivos de la Gendarmería obligaron a los ancianos, cobijados apenas por sus paraguas y abrigos, a arrinconarse sobre la vereda de la Plaza Congreso y la avenida Rivadavia.
Este despliegue se ha vuelto un amargo ritual de cada miércoles: los jubilados marchan por lo que es suyo, y la ministra Bullrich responde con una demostración de autoridad que, lejos de prevenir incidentes, ha derivado en represión indiscriminada.
La movilización de este miércoles tuvo un dramatismo especial. Es la primera desde que el Senado, en un acto de justicia, confirmó un aumento de unos 20 mil pesos para las magras jubilaciones. Pero la esperanza duró poco. El gobierno, con una frialdad cínica, anunció su inminente veto, justificándolo en el «riesgo al equilibrio fiscal».
Los jubilados no bajan los brazos y prometen regresar el próximo miércoles a las calles. A luchar por una vida digna.
