El Consejo de la Magistratura le dio ayer inicio formal a la denuncia por supuesto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones que se presentó contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Según pudo averiguar Tiempo, la presentación se tramitará, en principio, en la Comisión de Acusación.
La denuncia contra Arroyo Salgado lleva la firma de dos legisladores nacionales de Unión por la Patria que, a su vez, son integrantes del Consejo. Se trata del senador nacional Mariano Recalde y de la diputada nacional Vanesa Siley, quienes cuestionaron el accionar de la magistrada en el marco de la detención de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar.
«La causal de mal desempeño se sustenta en la conducta de la jueza, quien desconoció el derecho de manera inexcusable, incumplió la Constitución Nacional, como así también las normas legales y reglamentarias, y realizó actos de manifiesta arbitrariedad», plantearon en la presentación ante el organismo encargado de la administración del Poder Judicial y el control de sus integrantes.
Pero ayer, según pudo confirmar este medio de fuentes judiciales, la denuncia comenzó su trámite formal en el Comité de Asignación del Consejo. Allí hubo acuerdo entre el consejero senador Luis Juez (PRO) y el consejero por la Abogacía, César Grau, para que sea la Comisión de Acusación la que tramite la denuncia contra la jueza de San Isidro.
La particularidad de esa comisión es que puede proponer al Plenario la acusación con el objetivo de remover de su cargo a los funcionarios en caso de que las denuncias efectivamente avancen y se configuren los elementos para la acusación. En la actualidad está presidida por Juez, quien es secundado por el consejero diputado por UP, Rodolfo Tailhade. También la integran el diputado del PRO Álvaro González, Grau, el abogado Alberto Maques, la diputada radical Roxana Reyes y Siley.
En la denuncia, Siley y Recalde señalaron que Arroyo Salgado «dispuso la realización de medidas que exceden notoriamente el hecho que se investiga». También la cuestionaron por la «sobreactividad y espectacularidad de las medidas y la difusión en tiempo real de esos ‘logros’ por funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo y militantes o simpatizantes de la Libertad Avanza».
Ello, a criterio de los denunciantes, «evidencia la naturaleza desviada de la función judicial de la que son víctimas las detenidas (la concejal Eva Mieri y Abaigar)».
Fuentes judiciales señalaron que si bien se definió que la presentación contra Arroyo Salgado trámite en esa comisión, no hay que descartar que en medio del tratamiento del caso pueda pedirse el cambio a la de Disciplina.
La diferencia con Acusación es que allí no puede proponerse la remoción. En Disciplina, por ejemplo, ayer también quedó radicada una presentación contra la jueza nacional del Trabajo, Moira Fullana. Se trata de la magistrada que hizo lugar a una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el DNU 340, con el que el gobierno buscó restringir a niveles mínimos la práctica del derecho a huelga, y también declaró su inconstitucionalidad.
El caso Abaigar
Más allá de lo que ocurra, lo que resta por ver es si el Consejo continúa con el impulso de la causa. Pero según supo este medio, eso se verificará recién después de las dos semanas de feria judicial que se vienen por delante. Los denunciantes pidieron que como medida de prueba se requieran copias certificadas de la causa 27672/2025, que actualmente está en secreto de sumario y donde están imputadas las dos militantes señaladas por el escrache en la casa del diputado Espert.
La causa se inició luego de que un grupo de personas colgara un pasacalles para señalar la casa del dirigente libertario, donde también tiraron bosta. Tras tomar intervención, puesto que el hecho ocurrió en su jurisdicción, la jueza de San Isidro libró una serie de órdenes de detención. Las primeras lograron la captura de Abaigar y su madre, Eva Pietravallo. En una segunda tanda de allanamientos y capturas, las fuerzas federales detuvieron a la concejal Mieri y a otras tres personas.
El caso de Abaigar llegó a la Cámara Federal de San Martín, que con un criterio distinto al de la jueza de Primera Instancia ordenó la liberación inmediata de Abaigar. La jueza acató, pero le impuso una fianza de 30 millones de pesos, que fue apelada por la defensa a cargo del abogado Daniel Llermanos. Finalmente, los camaristas volvieron a tomar intervención y la redujo a los 2 millones de pesos.
