Una de las primeras medidas de Javier Milei, apenas asumió la Presidencia, fue derogar la ley de tierra y eliminar por decreto el límite para que los extranjeros compren miles de hectáreas de suelo argentino en cualquier lugar del país. El DNU que emitió el Poder Ejecutivo el 21 de diciembre de 2023, incluyó la derogación de la llamada Ley de Tierras, que bajo el argumento de la soberanía nacional establecía un límite a la compra y posesión de grandes extensiones de tierra por extranjeros.
La Ley 26737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales fue promulgada en diciembre de 2011 a instancias de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Establecía que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio.
La normativa no afectó a quienes ya poseían las tierras con anterioridad a la sanción de la ley, por lo que en muchos puntos del país ese límite había sido sobrepasado y sigue hasta la actualidad, aunque en algunos casos hubo retrocesos, por eso a nivel país se pasó de 50 departamentos de provincias por encima del límite, y según el registro actualizado en abril de 2023 ahora hay 30 en esa condición.
El caso del Departamento Bariloche, en Río Negro, que incluye la ciudad homónima, la zona de El Manso, El Foyel y El Bolsón, es uno de los ejemplos de retroceso de la tierra en manos de propietarios de nacionalidad extranjera. En 2017 el 21,3% de la superficie estaba en esa condición y actualmente asciende al 13,6%, es decir que 23.050 hectáreas hoy tienen dueños foráneos.
Algunos de ellos son conocidos como el magnate inglés Joe Lewis, dueño del club Tottenham de la Premier League británica, que tiene la extensa propiedad alrededor del lago Escondido, y el qatarí Abdulhadi Mana Al-Hajri, propietario del exclusivo complejo de esquí Baguales, cercano al lago Guillelmo.
La apetecible Patagonia
El neuquino Departamento Lácar, en la zona que rodea a San Martín de los Andes es uno de los lugares paradigmáticos de concentración de la tierra rural en manos de extranjeros y actualmente llega al 54%, es decir que son 256.914 hectáreas cuyos dueños no son argentinos. La proporción en 2017 era de 56,3% de tierra extranjerizada, por lo que hubo un mínimo desprendimiento.
En las dos provincias no hay otro departamento que supere el límite definido por la ley, aunque con la actual derogación podría cambiar esa ecuación. Sin embargo, se mantiene un nivel alto de tierras en manos de extranjeros, con un 10,4% (95.250 hectáreas) el Departamento Pilcaniyeu, donde la Corona de Holanda compró una estancia años atrás o también hay grandes fracciones de capitales suizos.
El Departamento Los Lagos, también dentro de Neuquén, que incluye la zona de Villa La Angostura, tiene un 6,67% de las tierras rurales en manos de extranjeros, con 23.732 hectáreas, y Catan Lil, ubicado entre San Martín de los Andes y Zapala, cuenta con el 11,1% de su extensión extranjerizada, con 60.131 hectáreas.
Pero como la Argentina es un país agroexportador, y con la soja como principal cultivo y exportación de las últimas décadas, la derogada ley les prohibía poseer más de 1.000 hectáreas de las tierras más productivas y fértiles, las de la llamada zona núcleo (norte de la provincia de Buenos Aires, y el sur de las provincias de Santa Fe y Córdoba), o sus equivalencias en el resto de las provincias.
Un punto clave de esa ley está en el artículo 10, que prohíbe a los extranjeros la titularidad o posesión de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes o ubicados en zonas de seguridad de frontera. Ahora, con su derogación, ciertos recursos naturales, como nacientes de ríos o lagos, o zonas consideradas sensibles, pueden ser vendidas a personas o capitales extranjeros sin mayores restricciones.
Sin embargo, en los hechos, estas situaciones se han dado, incluso cuando la ley estaba vigente. El caso más sonado, aunque no el único, es el del empresario Lewis. Según un informe de la Universidad de Río Negro y la Legislatura provincial tiene más de 11.000 hectáreas en esa provincia de la Patagonia, cerca de las ciudades de Bariloche y El Bolsón.
El empresario, además, tiene un largo litigio judicial, acusado de limitar el acceso público al lago Escondido, lindante con sus tierras. En medio de la resonancia pública que adquirió el caso, el entonces presidente Mauricio Macri, rechazó la acusación y salió en defensa de quien calificó como su amigo, a quien agradeció que ese espacio tenga mejor acceso que el que tenía antes de que el inglés compre esa según el ex presidente, comentario por el que recibió varias críticas.
Según el registro nacional de tierras, la posesión por parte de extranjeros es hoy considerablemente alta, abarcando 5,57% del territorio rural argentino, con 12,5 millones de hectáreas en manos foráneas, el equivalente a 626 veces la superficie de CABA.
La derogada ley también había creado el Registro Nacional de Tierras Rurales, que según la última actualización de abril de 2022 establecía que ninguna provincia debería superar el límite del 15% de tenencia de tierras en manos de extranjeros. Salta, según el informe, es la que estaba más cerca de ese máximo, con 11,56%. Le siguieron Misiones (11,07%), San Juan (10,48%), Corrientes (9,87%), Mendoza (9,11%), Catamarca (8,64%) y Santa Cruz (8,11%).
También señala que los estadounidenses son los extranjeros que más tierras tienen en el país, con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por los italianos con poco más de 2 millones, los españoles con un poco más de 1,8 millones, los suizos (851.534 ha), chilenos (769.393 ha), uruguayos (577.985 ha), canadienses (492.618 ha), franceses (373.408 ha) y holandeses (321.541 ha).
Sin embargo, estos datos podrían no estar completos, gracias a la modificación de la ley que hizo el propio Macri por decreto en 2016, que entre otras cosas eliminó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional y permitió que empresas extranjeras puedan ser consideradas nacionales, de acuerdo con la composición accionaria que presenten.
Hacer Patria es cosa del pasado
“Abrir irrestrictamente la compra de tierras a extranjeros es atentar contra la posibilidad de seguir subsistiendo de muchos argentinos que estuvieron haciendo patria y, en el camino, se fueron fundiendo tras las restricciones y la presión impositiva. En un momento tan difícil como tiene hoy Argentina, abrir irrestrictamente me parece un tanto peligroso”, manifestó en ese entonces Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina.
En marzo de este año, un artículo en este diario denunció la creciente apropiación de tierras en la Patagonia argentina por parte de grupos extranjeros, especialmente de capitales qataríes, británicos y emiratíes.
Estas operaciones no solo implican una violación de la soberanía nacional, sino también un proceso sistemático de subyugación del poder político local y nacional, que facilita el despojo de territorios clave para el país.
En total, cuatro grupos internacionales han tomado el control de 110.000 hectáreas, un área equivalente a seis veces la superficie de CABA. El tramo de la Ruta Nacional 40 que conecta Bariloche y El Bolsón se ha convertido en un símbolo de esta extranjerización, donde grandes extensiones de tierras han sido convertidas en exclusivos paraísos turísticos para millonarios.
Los extranjeros, principalmente árabes y británicos, se han instalado en zonas con bosques nativos, ríos, glaciares y montañas, violando varias leyes nacionales, como la derogada Ley de Tierras, que limita la adquisición de tierras por parte de extranjeros, y la Ley de Bosques Nativos, que protege áreas clave para la biodiversidad.
La complicidad política es un factor fundamental en esta problemática. Diversos funcionarios, como el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, han autorizado proyectos que benefician a estos grupos, como la construcción de hidroeléctricas en tierras compradas por el emir de Qatar, o la permisividad frente a la expansión de urbanizaciones de lujo que desplazan a comunidades originarias.
La financiación y respaldo de estos emprendimientos por parte de grupos como la Fundación Funafu, vinculada a Patricia Bullrich, y la creación de organizaciones que fingen ser ambientalistas o legalistas, son claros ejemplos de la manipulación política que favorece la venta de tierras nacionales.
El origen de estas adquisiciones está marcado por maniobras fraudulentas, incluyendo la triangulación de fideicomisos y testaferros, que permiten a los inversores extranjeros ocultar su identidad y burlar las leyes nacionales.
En muchos casos, estas tierras, como las compradas por el grupo qatarí o el empresario emiratí Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri, están localizadas en territorios que pertenecen a comunidades mapuches, quienes enfrentan procesos de despojo y criminalización.
Para la administración Milei, no importa la distribución de las tierras. El que pueda pagarlas se hace dueño y si hay nacionales ocupándolas, incluso como medio de subsistencia con la producción agropecuaria, las fuerzas del orden y del cielo pueden desplazarlos, por los buenas o, mejor, por las malas, porque la represión estatal alecciona a los rebeldes preexistentes.
Las fuerzas represoras contratadas por los nuevos propietarios, y la creciente militarización de la región, son una clara evidencia de la violación de derechos humanos en pos de preservar intereses privados de dudosa legalidad.
