El colectivo Mapa de la Policía logró individualizar al agente de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que le disparó a la cara a Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita que el 12 de marzo pasado se acercó al Congreso a apoyar la marcha de jubilados. Si bien hay una foto del prefecto y se sabe qué arma utilizó, la Justicia está muy cerca de identificarlo con nombre y apellido, pero la fuerza dilata la remisión de un informe que sería central para hacerlo.
Navarro estaba sobre la Avenida Rivadavia aquel miércoles en el cual la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ordenó una represión a mansalva. Tres minutos antes, del otro lado de la Plaza, sobre la avenida Yrigoyen, el fotógrafo Pablo Grillo caía al pavimento luego de recibir el impacto en su cara de un cartucho de gas que lo dejó al borde de la muerte.
Ambos episodios son investigados por la jueza federal María Servini, aunque en expedientes distintos. En el caso de Navarro, la investigación arrancó formalmente dos meses después del hecho, ya que la denuncia deambuló por varios despachos judiciales que se declararon incompetentes y eso hizo que se pierda tiempo valioso para la pesquisa. No obstante, hasta ahora se ha logrado obtener información de mucha importancia pese a que no se sabe el nombre y el apellido del prefecto que emitió el disparo.

De manera progresiva se recabó información que logró achicar el núcleo de prefectos que podrían haber estado vinculados con el episodio. Una de las primeras cosas que se supo y se incorporó al expediente fue que el disparo provino de una pistola llamada Byrna TCR, un rifle con miras plegables y capacidad de disparar a 20 metros.
El manual de uso de este dispositivo recomienda no efectuar disparos hacia partes sensibles del cuerpo como la cara, el cuello o la columna, ya que puede causar heridas graves e incluso la muerte. «Sin embargo, el agente le disparó a Jonathan a una distancia algo mayor a tres metros y le apuntó a los ojos», concluyó Mapa de la Policía tras el análisis de las imágenes de un domo del Congreso que registró el momento del hecho.
Un primer filtrado de la información permitió saber que ese día hubo 13 agentes de la PNA que portaron Byrna, de los cuales se sabe que solo dos tuvieron el modelo TCR en cuestión. En la primera respuesta de oficio de la fuerza omitieron detallar qué modelo utilizaron los seis efectivos de la Agrupación Albatros. De ese modo, quedó reducido a ocho agentes el listado de personas bajo investigación.
Sobre esa base, la querella a cargo de los abogados Pablo Zapulla y Juan Facundo Ceballos pidió a fines de junio que se produzca nueva prueba tendiente a la identificación con nombre y apellido del efectivo en cuestión. Entre los puntos a los que la jueza Servini hizo lugar hay un exhorto para que se remitan los legajos completos de los ocho agentes con sus datos personales, ficha técnica, historial profesional, capacitación en el uso de armas no letales y fotografía actualizada o retrato personal de cada uno de ellos.
En virtud de la revelación del Mapa de la Policía, que publicó una foto del agente individualizado como autor del disparo, con la información solicitada a la PNA se debería lograr la obtención del nombre del agente para definir la imputación. Si bien el pedido del Juzgado fue con carácter urgente, lo cierto es que al cierre de este artículo la PNA no había remitido la información.

De hecho, el 1° de julio pasado, unos días después de la firma del despacho en el que la jueza encargó la información, un jefe de Departamento de la PNA le avisó a la magistrada que «el requerimiento solicitado demandará un plazo superior al otorgado, en virtud de que deben intervenir varios organismos de esta Institución». Si bien dejaron constancia de que «una vez obtenida la información será elevada de inmediato a ese Juzgado», la querella ya piensa en presentar un pedido de pronto despacho apenas termine la feria judicial para que se agilice el trámite de esa información que podría ser central.
Pérdida de visión
Además de la información mencionada antes, el expediente cuenta con otros elementos de prueba centrales para la reconstrucción del episodio y de la imputación.
Una de ellas es una pericia ocular de la Corte que confirmó el estallido del globo ocular de Navarro y señaló que a causa de ello no puede hacer ninguna actividad deportiva. Eso es porque hay un riesgo fuerte de desprendimiento de retina. A su vez, ese informe médico señaló que, por lo pronto, no hay signos de recuperación de la vista.
Nueva reconstrucción del Mapa de la Policía
Identificamos que quien hirió a Jonathan Navarro fue un agente de Prefectura Naval. Su identidad aún se desconoce. Pudimos hacerlo meses después debido al acceso a las cámaras de monitoreo urbanas y al aporte solidario de imágenes
— Mapa de la Policía (@mapadelapolicia) July 28, 2025
«Perdí la visión, tengo el ojo inútil», dijo Navarro en el video difundido ayer por el Mapa de la Policía. Por la noche, en una entrevista en C5N, dijo que se le complica hasta agarrar un vaso y que si se tapa el otro ojo, que no fue lastimado, apenas puede ver sombras. Ese es el costo que paga por acercarse a apoyar una movilización de jubilados motivado por la situación de su padre que cobra «una miseria» y tuvo que pagar 80 mil pesos por un medicamento.
Cómo sigue la causa
Una vez que se logre la identificación con nombre y apellido del agente de la PNA que efectuó el disparo, la querella pedirá que se lo cite a indagatoria.
En paralelo, es probable que intenten profundizar en las responsabilidades de la cadena de mando. La búsqueda en ese punto será para intentar corroborar si efectivamente hubo una orden de reprimir a mansalva para desalojar la plaza, tal como sospechan los abogados de Navarro.
En ese caso, es posible que pidan ampliar la imputación hacia el jefe del operativo de la PNA y no se descarta que hasta la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable política del operativo.